_
_
_
_
_

Fallece Gregorio Álvarez, el último dictador uruguayo

El general, presidente de facto entre 1981 y 1985, muere a los 91 años en el Hospital Militar de Montevideo

Gregorio Álvarez en 2007, citado a declarar ante la Justicia por delitos de lesa humanidad.
Gregorio Álvarez en 2007, citado a declarar ante la Justicia por delitos de lesa humanidad.AFP

El 12 de febrero de 1985, el entonces presidente de facto de Uruguay, el general Gregorio Álvarez, presentó por escrito su renuncia, que supuso el certificado de defunción del agonizante régimen militar (1973-1985). El último dictador pensaba que un paraguas legal lo protegería de ser juzgado por las atrocidades perpetradas durante los 12 años de dictadura, pero no fue así. En 2009 la Justicia lo condenó a 25 años de prisión por el homicidio de 37 desaparecidos y solo un infarto lo privó de morir entre rejas. Falleció este miércoles en el Hospital Militar de Montevideo donde permanecía ingresado desde el 14 de diciembre. Tenía 91 años.

Nacido el 26 de noviembre de 1925 en una familia castrense, Álvarez ingresó en la escuela militar en 1945 y ascendió con rapidez. En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, formó parte el grupo de militares que irrumpió el Congreso Nacional para tomar el control e instaurar la dictadura. Fue nombrado presidente de facto en 1981, cuando todos los países de la región -Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil- estaban en manos de los militares y se mantenía vigente el pacto de colaboración entre países para perseguir, torturar y asesinar a disidentes, conocido como Plan Cóndor. Pero en los años sucesivos, Bolivia recuperó su democracia (1982), después Argentina (1983) y aumentó la presión interna y externa sobre los demás regímenes.

Álvarez fue acusado de hacer todo lo posible durante su gestión para obstaculizar la normalización democrática de Uruguay. Aún así, al perder gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas negoció un cronograma electoral que finalizó con la victoria de Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, en las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre de 1984. El general pactó su renuncia para evitar entregar la banda presidencial a Julio María Sanguinetti el día de su asunción, el 1 de marzo.

Amparado por la ley de caducidad aprobada por el Parlamento en 1986, que impedía el juicio de los militares por los delitos perpetrados durante la dictadura, el dictador mantuvo su residencia en Montevideo y paseaba por la calle sin temor a ser detenido. Sin embargo, la polémica ley fue reinterpretada tras la llegada del Frente Amplio al poder y Álvarez fue detenido en 2007, acusado de torturas y asesinatos durante el régimen militar.

Desde su condena, en 2009, cumplía prisión en una cárcel especial para militares. Además, se enfrentaba a un nuevo pedido de cárcel desde Italia, donde la Fiscalía solicitó el pasado octubre la condena de una treintena de exjefes de Estado y miembros de las juntas militares suramericanas por la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano dentro del Plan Cóndor.

Sus problemas de salud se agravaron a mediados del año pasado, cuando padeció un accidente cerebrovascular. Hace dos semanas, sufrió un infarto de miocardio y fue internado en el Hospital Militar, de donde no llegó a salir.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_