Al menos 31 presos muertos durante un nuevo motín en una cárcel brasileña
El suceso ocurre tan solo cuatro días después de que 56 reos fueran asesinados en otra prisión del país
La crisis del caótico sistema carcelario de Brasil se ha visto agravada este viernes con una nueva matanza de presos, esta vez en el Estado de Roraima, en el norte del país. Según las autoridades locales, al menos 31 reclusos han muerto en la penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, la más grande del Estado _antes, la cifra de muertos informada fue 33. Autoridades locales afirman que hay varios cuerpos decapitados o desmembrados, y unos vídeos, al parecer hechos dentro de la penitenciaría, indican lo mismo. Esta matanza vuelve a dejar a Brasil en alerta cinco días después de la masacre de 56 presos en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), en Manaos (Estado de Amazonas), en lo que puede ser un nuevo capítulo de la guerra entre las principales bandas criminales brasileñas desencadenada al final del año pasado.
Testimonios iniciales indican que la mayoría de los fallecidos estarían vinculados a la organización criminal Comando Vermelho, con origen en Río de Janeiro, y a sus aliados de la Família do Norte, y que habrían sido asesinados por reclusos del Primeiro Comando da Capital (PCC), de origen paulista, en un acto de represalia por la matanza de Amazonas. Sin embargo, el ministro de Justicia brasileño, Alexandre de Moraes, descartó la hipótesis y dijo que, según sus informaciones preliminares, se trata de un ajuste de cuentas "interno" del PCC.
La masacre de Roraima ya se posiciona como una de las mayores matanza de la historia del sistema penitenciario brasileño, superada por las masacres de Carandiru de 1992, en São Paulo, cuando la policía asesinó a 111 presos, y por la de Manaos, ocurrida el día de año nuevo. "La situación no está fuera de control. Roraima tiene otra situación difícil", dijo el ministro Moraes, en Brasilia.
La penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, que cuenta con casi 1.200 presos (algo más del doble de su capacidad), fue escenario de otro episodio similar en octubre del año pasado. Aquel mes, presos vinculados al PCC rompieron los candados de las celdas y mataron a diez reclusos del Comando Vermelho. "Declararon la guerra entre las bandas (...) estamos observando en todo el país la ruptura del acuerdo que tenían", dijo entonces Uziel de Castro, secretario de Justicia y Ciudadanía de Roraima. La matanza fue concebida como el primer paso efectivo de la ruptura entre el Comando Vermelho y el PCC, organización que es considerada la más grande del país. Hacía décadas que los dos conglomerados criminales vivían bajo un pacto de coexistencia y, en algunas regiones, incluso de asociación empresarial.Desde el fin de la tregua entre los grupos, varios expertos y observadores temen que la violencia y el baño de sangre dentro de las cárceles aumenten, principalmente en las regiones del norte y noreste. Los Estados de esas zonas son considerados estratégicos para el tráfico internacional de drogas, puesto que hacen frontera con países productores de cocaína, como Colombia y Perú, y tienen algunas de las rutas de transporte de droga más disputadas.
El Gobierno de Temer intenta reaccionar.
Este jueves, debido a la presión provocada por el caos en las cárceles que agrava aún más las turbulencias político-económicas de la dilatada crisis brasileña, el Gobierno de Temer se apresuró para lanzar un Plan Nacional de Seguridad. El presidente se comprometió a construir cinco nuevas prisiones federales de máxima seguridad, que albergarían a poco más de 1.000 presos, una cifra tímida en virtud del panorama criticado por organismos internacionales de derechos humanos. Según el último balance del Gobierno, divulgado en 2014, Brasil tiene 622.220 reclusos para 371.900 plazas. Todos los Estados del país tienen un déficit de plazas, y Rondônia, Amazonas y Tocantins son los más problemáticos.
Alexandre de Moraes tiene previsto viajar a Roraima este viernes. Durante esta mañana anunció otras medidas para reprimir la crisis en los presidios, como la autorización de fondos para que los Estados construyan nuevas cárceles y recursos para la modernización de las unidades. Expertos consultados por EL PAÍS señalan que construir cárceles es una medida inocua mientras Brasil mantenga su política de guerra a las drogas y encarcelamiento en masa.
El Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil, un ente respetado en el país, divulgó un comunicado afirmando que llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “estas dos tragedias acaecidas en Roraima y en Amazonas, motivadas por la falta de adopción de acciones concretas por parte del Estado para resolver el problema, que siempre se repite”.
