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“Las víctimas no se reparan teniendo a las FARC en la cárcel”

El ministro de justicia de Colombia, Jorge Londoño, explica los alcances de la ley de amnistía para la guerrilla

Sally Palomino
Jorge Londoño, ministro de justicia de Colombia, en su despacho en Bogotá.
Jorge Londoño, ministro de justicia de Colombia, en su despacho en Bogotá.MInisterio de Justicia

El ministro de justicia de Colombia, Jorge Eduardo Londoño (Puerto Boyacá, 1960), terminó su primer año en ese despacho con la aprobación en el Congreso de la Ley de amnistía, en el marco del acuerdo de paz con las FARC. El proyecto se convirtió en el primer paso para dar inicio a la implementación del pacto, resultado de cuatro años de negociaciones con la guerrilla. “Fue un procedimiento bastante pluralista, un debate en el que a todos se les dio voz. Fue democrático y muy rápido. Se pudo discutir dentro de un proceso de tolerancia y argumentos”, dice Londoño, al recordar el debate de una ley que puede sacar de la cárcel a 4.000 guerrilleros.

Pregunta. ¿Qué significa para Colombia la Ley de amnistía?

Respuesta. Este es un proceso de paz, quizá único en el mundo, en el que las partes se ponen de acuerdo en cómo se van a juzgar a quienes cometieron graves delitos. Esto ya hace a esta ley un icono en toda la historia.

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P. ¿Cómo funcionará la amnistía?

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R. Se concederá una amnistía para quienes cometieron delitos políticos o conexos y que no sean responsables de delitos graves como el secuestro, el acceso carnal violento, delitos de guerra y de lesa humanidad. A los beneficiados se les deberá cobijar de manera inmediata. La otra amnistía es para los casos en que exista duda de si se puede amnistiar o no. Ellos irán a una sala especial donde se analizarán individualmente [el narcotráfico es uno de los delitos cuya conexión política se determinará en cada caso].

P. ¿Cuántas personas podrían salir de la cárcel beneficiadas por la ley?

R. De los guerrilleros de las FARC hay alrededor de unos 4.000 en la cárcel, pero se estima que sean cerca de 14.000 los beneficiarios de todo este proceso, incluyendo a los que no están dentro de las cárceles. Estamos esperando los listados para saber con exactitud cuántos son.

P. ¿Quién se encarga de hacer esa lista y cómo aplica la normativa para los agentes del Estado?

R. Los listados los hacen las FARC, pero tienen la revisión del Alto Comisionado de Paz. En el caso de los miembros de las fuerzas armadas que se beneficiarán, se habla de que sean cerca de 5.000. En ellos no aplicará la amnistía sino que habrá una renuncia a su persecución penal [siempre y cuando los casos sean derivados del ejercicio de la función militar].

P. ¿Cuándo empezarán a salir los primeros guerrilleros de las cárceles?

R. Una vez se sancione la ley, el Gobierno tiene 10 días para entregar la amnistía, se debe comunicar a los jueces y empezarán a salir. Otros deberán esperar que sean juzgados por el tribunal especial de paz, que impondrá penas restaurativas.

P. El temor a la impunidad fue uno de los impulsos para que el no ganara en el plebiscito. ¿Cómo se va a garantizar que este proceso sea justo?

R. Nuestro país necesita construir un nuevo imaginario colectivo y eso no lo vamos a lograr si no sabemos la verdad de lo que pasó. Este sistema lo que busca es reparar a las víctimas y eso no se logra con mandar gente [a las FARC] a la cárcel sino con la verdad y la reparación. Los delitos que no son amnistiables, no lo serán. El proceso será exitoso en la medida en que implementemos rápidamente.

P. ¿Qué significado tiene para el sistema carcelario la salida de miles de guerrilleros?

R. Aunque eso no es lo principal en la ley, esta tiene efectos en términos económicos. A nosotros cada recluso nos cuesta alrededor de 7.000 dólares por año. Si en el proceso se benefician al menos 8.000 personas, habría un dinero que se podría destinar a otra causa.

P. ¿Cómo va a ser la revisión para no haya quienes se quieran aprovechar de la ley?

R. Este es un proceso que tienen muchos filtros. La Fiscalía, el alto Gobierno, el ministerio de Justicia... Es difícil que eso pueda suceder.

P. Después de lograr que las FARC llegaran a un acuerdo con el Gobierno, ¿qué es lo más difícil que queda?

R. Lo más difícil es ahora y de ahí la importancia de que se implemente rápidamente. Sobre todo el tema legal. El reto también está en poder lograr que la ciudadanía entienda que este acuerdo es beneficioso y que a partir de él se puede construir un mejor futuro.

P. ¿Qué papel juegan las víctimas en el capítulo de la justicia?

R. Son cruciales en todo el proceso. En este sistema integral habrá una comisión de la verdad y las víctimas estarán presentes. Además, cuentan con la ley de víctimas y de tierras, que también es un icono porque nunca se había dado algo así antes de la terminación del conflicto. La ley, que entró en vigencia en el 2011, ya ha reparado muchas víctimas.

P. ¿Cuál es el reto en materia de justicia en el acuerdo de paz?

R. En los pasados procesos de paz hubo perdón y olvido, en este hay además verdad. En el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo de derecha desmovilizado en el 2006) se dejó mucha gente en la cárcel, pero el país nunca supo la verdad.

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Sobre la firma

Sally Palomino
Redactora de EL PAÍS América desde Bogotá. Ha sido reportera de la revista 'Semana' en su formato digital y editora web del diario 'El Tiempo'. Su trabajo periodístico se ha concentrado en temas sobre violencia de género, conflicto armado y derechos humanos.

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