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Un nieto robado por la dictadura argentina gana el derecho a mantener el apellido de sus apropiadores

Abuelas de Plaza de Mayo considera que el fallo judicial legaliza la falsificación del acta de nacimiento y es una "afrenta a la memoria"

Hilario Bacca.
Hilario Bacca.

El 27 de febrero de 1978, Liliana Carmen Pereyra dio a luz a un varón en el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Madre e hijo estuvieron juntos alrededor de diez días. A Lali, de 21 años, se la llevaron los marinos de Mar del Plata y estuvo desaparecida hasta 1985, cuando sus restos fueron identificados en el cementerio de esa ciudad costera argentina. El bebé fue entregado, con un acta de nacimiento falsa, al matrimonio formado por José Ernesto Bacca y Cristina Mariñelarena. El hijo de Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola fue buscado infatigablemente por sus familiares, al igual que los cerca de otros 500 niños que fueron víctimas del plan sistemático de secuestro y apropación de la última dictadura (1976-1983). La búsqueda concluyó en 2008, cuando un análisis de ADN reveló que Hilario Bacca era en realidad Federico Cagnola Pereyra, el nieto 95. Sus abuelas Jorgelina y Nilda lloraron, rieron y se abrazaron ese día, que definieron como el más feliz de sus vidas. Después, Bacca y Mariñelarena fueron juzgados y condenados a seis años de prisión por los delitos de "retención, ocultamiento y supresión de identidad". Pero el hijo biológico de Cagnola y Pereyra quiere mantener el nombre y el apellido con los que creció y por primera vez un tribunal acaba de conceder este derecho a un nieto recuperado. El fallo judicial, que puede ser apelado, ha abierto un debate inédito en Argentina sobre la identidad.

"Soy Hilario Bacca", responde sin dudar ni un instante. A punto de cumplir 39 años, considera que la sentencia judicial es "un granito de arena" en su firme propósito de mantener el nombre y el apellido con los que se siente identificado. En diálogo con EL PAÍS, Bacca recuerda que en casa le dijeron que era adoptado cuando tenía cuatro o cinco años. Asumió la noticia con naturalidad, bromeaba con un amigo adoptado sobre el tema y su hermana se mostraba celosa y decía que a él le querían más porque era "hijo del corazón". Asegura que Bacca y Mariñelarena lo animaron a buscar a su familia biológica, pero él nunca les hizo caso porque no le interesaba. Tampoco quiso someterse a un análisis de ADN cuando se mudó desde la localidad bonaerense de Arrecife hasta la capital argentina para estudiar y fue localizado por la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). "En el caso de que me diera positivo iba a encontrarme con una historia de muerte, de terror, de desapariciones, de torturas. ¿Para qué ir a buscar tanto dolor?", se pregunta en voz alta. Ante su negativa, un juez ordenó allanar su domicilio y hacerle el análisis a la fuerza, que confirmó que era hijo de desaparecidos.

"El fin que persigue Abuelas de Plaza de Mayo como asociación ya terminó. Yo aparecí y sé la verdad, mis padres han sido condenados. Ya lo demás es un exceso, porque se trata de un derecho personalísimo. Si quiero cambiarme de género está habilitado, pero ¿mantener el nombre y el apellido no? Lo siento como un acto discriminatorio contra mi persona", sostiene Bacca. "Internamente me da mucha felicidad que la justicia haya entendido que el pedido tiene que ver conmigo. Estoy en contra de los que pasó en Argentina, pero quiero mirar al futuro", continúa.

Para Abuelas de Plaza de Mayo, el fallo judicial "vulnera los derechos de los familiares de los desaparecidos Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola y constituye una afrenta a su memoria". Además, desde el organismo destacan que hubo una falsificación de la partida de nacimiento y eso constituye un delito que no se puede legalizar. "Alrededor del 30% de los bebés no tuvieron partidas de nacimiento falsas sino que fueron entregados en adopción. Esos nietos, en algunos casos han anulado las adopciones y en otros no. Pero en este caso no hubo adopción y los padres han sido condenados por el delito de retención y ocultamiento de un menor", señalan. Abuelas considera que el nieto puede "mantener la relación con los apropiadores", pero no conservar un nombre que fue falsificado.

"Ya estamos grandes y tenemos derecho a decidir. Esto no lo hago solo por mí, sino también por los 400 nietos que faltan. Hasta que no les brindemos más derechos, una vida común y corriente, nadie va a ir a buscarse. Los que la pasaron bien, los que no tenemos trauma seríamos muy desagradecidos de la vida si lo hiciéramos", opina Bacca. Abuelas, por el contrario, estudia apelar el fallo al entender que podría sentar un antecedente negativo para el futuro. "Abre un sendero que deja a la libre voluntad de cada nieto recuperar su apellido biológico. Si el Estado no empuja y acompaña, se les hace muy difícil a muchos nietos tomar esa decisión porque supone una ruptura con la familia", afirman desde el organismo. Con el fallo "se pretende legalizar el despojo que sus padres sufrieron a manos del terrorismo de Estado y de los apropiadores Bacca y Mariñelarena", agregan. El debate seguirá en los tribunales.

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