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Hungría lanza otro desafío a la UE y anuncia detenciones de migrantes sistemáticas

El primer ministro Orbán recalca que la medida contra los solicitantes de asilo es para "proteger la soberanía húngara"

Migrantes junto a un fuego en un campamento cerca de Horgos (Serbia), en la frontera serbo-húngara, este lunes. Ampliar foto
Migrantes junto a un fuego en un campamento cerca de Horgos (Serbia), en la frontera serbo-húngara, este lunes. Reuters

Hungría no ha perdido fuelle en su postura desafiante a la política migratoria de la Unión Europea. El primer ministro Víktor Orbán, que ha hecho de combatir las recetas comunitarias para los refugiados una de sus principales señas, ha lanzado un nuevo órdago a Bruselas al anunciar que su país detendrá sistemáticamente a todos los inmigrantes. Y esto incluye también a los solicitantes de asilo, una medida que vulnera las disposiciones europeas, que solo la permiten en casos excepcionales. Circunstancia que al nacionalista y conservador Orbán no solo no le importa, sino que defiende como la fórmula para "proteger la soberanía" húngara.

"El Gobierno ha decidido restablecer la detención de extranjeros, aunque su solicitud de entrada al país no se haya discutido aún", ha afirmado Orban en una intervención en la radio nacional húngara, en la que no ha dado más detalles sobre la medida. El primer ministro, que nunca emplea la palabra refugiado o solicitante de asilo sino que siempre se refiere a todos los que llegan al país sin un permiso como "inmigrantes", ha reconocido que esa medida iría "abiertamente contra la UE". "Pese a esto, nosotros debemos proteger nuestra soberanía", ha dicho el político del Fidesz. En 2016, unos 29.400 migrantes iniciaron una solicitud de asilo en Hungría (algo más de 10 millones de habitantes), la mayoría para seguir su ruta hacia otros países de la UE.

La normativa comunitaria permite la detención de demandantes de asilo en dos circunstancias: cuando sea absolutamente necesario para completar el proceso de registro, y, hasta 18 meses para personas con orden de expulsión que se queden irregularmente en suelo europeo. Pero no sistemáticamente, como planea Orbán.

No es la primera vez que el primer ministro húngaro plantea la detención de todos aquellos que entren en Hungría sin permiso, sean solicitantes de asilo o no; una posibilidad que derogó en 2013 ante la presión de la UE y la ONU. En 2015 ya mencionó esta idea, aunque nunca legisló para avalar su postura. Sin embargo, organizaciones como el Comité Helsinki húngaro, una de las principales organizaciones de ese país para la protección de los derechos humanos, alerta de que las autoridades húngaras llevan un tiempo poniendo en práctica esta medida ilegal. "Ahora mismo hay más solicitantes de asilo en centros de detención que en centros de asistencia abiertos", asegura Gábor Gyulai, director del programa de asilo del Comité de Helsinki, la única entidad del país que presta asistencia jurídica gratuita a quienes buscan refugio. "Hacer una ley para detener a todos los solicitantes de asilo sin excepción es una violación tan grave que Hungría firmaría su salida del sistema europeo de derechos humanos", afirma.

El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ya ha fallado en cinco ocasiones contra Hungría por casos de detención irregular de solicitantes de asilo. Los cinco, casos planteados por el Comité Helsiki.

La postura de Orbán atiza aún más el conflicto que mantiene con Bruselas por las políticas migratorias. Hungría no sólo ha interpuesto un recurso judicial contra la medida para la reubicación de refugiados desde Italia y Grecia —que por otra parte no ha cumplido, al no acoger a ninguno de los 1.200 que le correspondían en el reparto; el 0,02% de sus más de 10 millones de ciudadanos—, sino que ha tratado de blindar su postura con un —por otra parte fallido— referéndum sobre esta cuota de asilados.

Además, al Gobierno de Orbán, que ha hecho de su dura postura contra los refugiados una de sus principales bazas electorales y uno de sus temas recurrentes favoritos, no le gustan las críticas. En los últimos días, el Ejecutivo del Fidesz ha anunciado también una norma para restringir la actividad de las ONG que reciban financiación extranjera y que se ocupan fundamentalmente de temas migratorios y de lucha contra la corrupción. En el punto de mira están, básicamente, las organizaciones que, como el Comité Helsinki, Transparencia Internacional o la Unión Húngara para las Libertades Civiles, están financiadas por el multimillonario y filántropo de origen húngaro George Soros, a quien Orbán ve como un gran enemigo.

"Utilizaremos todos los instrumentos a nuestra disposición para barrer las ONG financiadas por Soros y que sirven a los capitalistas globales y respaldan la corrección política en los gobiernos nacionales", ha declarado esta semana el vicepresidente del partido gobernante Fidesz, Szilard Nemeth. “Las condiciones internacionales son adecuadas para esto, con la elección del nuevo presidente Donald Trump”, ha agregado.

Soros es donante del partido demócrata en EE UU y fue un duro crítico de Trump durante la campaña presidencial. Este jueves, el Wall Street Journal ha publicado que perdió 1.000 millones de dólares con la victoria del republicano, tras apostar por la caída de los mercados, algo que no sucedió.

Así, el Parlamento húngaro debatirá en abril un proyecto de ley que permita fiscalizar a los representantes de las ONG financiadas desde el exterior. Algo que diversos grupos de activistas ven como una medida de intimidación.

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