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“Aquí las bandas se matan en la calle, no en la cárcel”

El Secretario se dice preocupado de que una masacre como la de la prisión de Manaos pueda ocurrir en su Estado

El secretario de seguridad de Río de Janeiro, Roberto Sá.
El secretario de seguridad de Río de Janeiro, Roberto Sá.

El nuevo secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Roberto Sá (Barra do Piraí, 1964), deja escapar, a veces, que no es “hijo de nadie”. Con esa frase no solo busca aclarar que no le hizo falta ningún padrino político para llegar donde está, sino retratar literalmente su historia de vida. Fue hijo de madre soltera, que se suicidó cuando Sá tenía tan solo seis años. Separado de sus dos hermanos más pequeños, se crió de una forma muy modesta en casas de familiares hasta que entró en la Policía Militar a los 18 años. Nunca tuvo a nadie que le diera una palmadita en la espalda. “Mi primera tarta de cumpleaños la compró mi suegra”, dice, aguantando las lágrimas. “Creo que ni ella sabía de la importancia de aquello”.

Sá, que estudió en un colegio público, fue teniente coronel de la Policía Militar, capitán del temido Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y, después, comisario de la Policía Federal. Sustituyó en octubre a su amigo y jefe José Mariano Beltrame, que ocupó el cargo durante una década. Heredó un Estado en crisis con unos índices de delincuencia en aumento, con recortes económicos, retrasos en los pagos de los sueldos de policías y una guerra entre bandas que se agrava. “Sin indicios” de que las masacres acaecidas las dos primeras semanas del año en las cárceles de Manaos, Roraima y Natal, que se han saldado con más de 120 muertos, puedan repetirse en Río, Sá reconoce que, aun así, está preocupado.

Pregunta. ¿Cuáles son los posibles efectos colaterales de la masacre en las cárceles de Manaos y Roraima en el Estado de Río? ¿Es motivo de preocupación?

Respuesta. Sí, lo es. Todo el sistema carcelario, independientemente de cualquier problema que se produzca en cualquier lugar del país, requiere una preocupación permanente. Es un ambiente complejo, que desgraciadamente no ofrece unas condiciones dignas a los presos. Por otra parte, mi equipo de Inteligencia me informa de que no hay indicios, hasta este exacto momento, de que haya esa posibilidad [de que se repitan las masacres] en las cárceles de Río de Janeiro. El propio sistema de Río, al haber tres bandas, separa a los presos para protegerlos. Lo que nos diferencia de los demás Estados es que aquí se matan en la calle, por su lógica expansionista, no en las cárceles. Eso es lo que me preocupa.

P. ¿Entonces no existe la posibilidad de que en las cárceles de Río se repita lo que se ha visto en otras cárceles del país?

R. Mire, no digo que no pueda producirse. Pero hasta la fecha no tenemos noticias de inestabilidad hasta el punto de que una banda quiera atacar a otra.

P. El Ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, dijo que las masacres de las cárceles no pueden explicarse por la disputa entre facciones. Vimos también a las autoridades locales restándole importancia a los grupos criminales. ¿Por qué las autoridades brasileñas insisten en minimizar el papel de las bandas?

R. No sé qué decirle. Es más, yo estoy reconociendo que aquí hay tres grupos que se disputan posiciones para vender drogas en una lucha armada, una guerra. No es que no queramos decir que no existe. No queremos glamurizar ni ir dando nombres, porque tienen que ser tratados como delincuentes, pero aquí nosotros lo entendemos y lo decimos.

P. El Gobierno lanzó a toda prisa un Plan de Seguridad Nacional. ¿Río fue consultado?

R. [El secretario ríe]. Yo conocí el plan después de haberlo recibido.

P. ¿Cree que esa propuesta responde a los pedidos de tantos expertos en seguridad pública que siempre se quejaron de la falta de un plan nacional de seguridad?

R. Tiene avances importantes, como acercar a las instituciones, centrarse en las áreas más violentas, ayuda del Gobierno Federal en el sistema carcelario... Pero también considero que puede ser más atrevido y avanzar más. Desde mi punto de vista, Seguridad Pública no es sinónimo de policía. Un plan atrevido no puede restringirse al ámbito de la policía. Ella actúa en las consecuencias y no puede responsabilizarse de todas las miserias sociales, que es lo que sucede en Brasil.

P. ¿Qué riesgos hay en la seguridad si la situación financiera del Estado sigue como hasta hoy?

R. Si dejan de cobrar, que es algo que nunca ha pasado hasta ahora [a pesar de los retrasos y de la falta de paga extra], es algo que no consigo prever. El Gobierno de Río ha priorizado el área de seguridad, precisamente porque es la última línea de la barbarie. Que la gente no pruebe lo que es vivir sin policía. Somos un pueblo violento y, sin policía, vamos a vivir momentos muy malos. Espero no tener que ver eso.

P. En estos tiempos de ajustes y ante el repunte de la violencia, ¿es optimista sobre el futuro de Río? ¿Es posible que algún día Río sea un Estado que no esté dominado por el crimen?

R. Existe ese sueño futuro, pero no se va a concretar a corto plazo. El Estado puede ser más fuerte que el crimen organizado. Pero mientras no ataquemos algunas cuestiones legislativas para definir muy bien lo que queremos en nuestra sociedad, ese sueño va estar cada vez más lejos. Tenemos que entender qué hacer con quien consume drogas, tenemos que ser duros con respecto a las armas de fuego, tenemos que ser duros con respecto al delincuente violento, tenemos que pensar qué sistema penitenciario queremos tener... No estamos trabajando en el futuro de las generaciones venideras. Tampoco en quien ya está metido en la delincuencia, que vuelve rápido a la sociedad, mientras abarrotamos las cárceles de delincuentes patrimoniales. Y el debate de la despenalización de las drogas merece profundizarse, es urgentísimo.

P. ¿Está a favor de la despenalización?

R. Tendría que escuchar a las dos partes, argumentos a favor y en contra. Pero, tal y como está ahora, no funciona. En el caso de Río de Janeiro, lo que más me impide posicionarme es la violencia en la que el narcotráfico actúa. Porque despenalizar, sin que eso sea trabajado, no va a funcionar. Si regularizamos la venta de droga y el Estado ocupa ese espacio, tendríamos que analizar lo que ese traficante va a hacer después. ¿Va a trabajar para el Estado, vendiéndola, o va a pasar a cometer otros delitos? Es un problema de difícil solución. Brasil tiene que seguir de cerca las experiencias de otros países.

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