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Las denuncias por Odebrecht en Perú implican a dos expresidentes

Los exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala se han visto implicados en la trama de sobornos de la constructora brasileña

Ollanta Humala, en junio pasado en Santiago de Chile.
Ollanta Humala, en junio pasado en Santiago de Chile. AFP

La situación judicial del expresidente peruano Ollanta Humala se ha enmarañado tras la revelación del diario Folha de Sao Paulo de que Odebrecht, la firma brasileña que ha confesado el pago de sobornos en todo el continente para adjudicarse contratos, entregó tres millones de dólares a la campaña presidencial de Humala. El exmandatario Alejandro Toledo también se ha visto implicado por un depósito en la cuenta de un empresario cercano, descubierto por la Fiscalía.

Según el periódico brasileño, el desembolso a Humala habría sido autorizado por Lula da Silva y provendría de la caja que la empresa constructora compartía con el Partido de los Trabajadores y que administraba el exministro Antonio Palocci, conocido como El italiano.

La justicia peruana investiga desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas. Conocidas las últimas revelaciones y ante el riesgo de fuga, el juez aceptó el recurso del fiscal Germán Juárez Atoche y estarán obligados a solicitar autorización judicial y fiscal antes de abandonar el país.

El fiscal Juárez apoyó este pedido presentando dos poderes notariales, con los que la ex primera dama autorizó a su esposo y a su prima Rosa Heredia a viajar con sus hijos fuera de Perú. Según su parecer, estos documentos demostrarían que el matrimonio “viene allanando el camino para una posible salida al exterior”.

Las sospechas de fuga del país acompañan al matrimonio desde fines de su mandato presidencial, en julio de 2016. Estas se acrecentaron en noviembre pasado, cuando Heredia -investigada por el mismo delito que Humala- viajó fuera de Perú para asumir el cargo de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ginebra, Suiza. Finalmente, la exprimera dama volvió a Perú, en medio de una gran expectativa mediática. Hace una semana, el Poder Judicial la autorizó a viajar fuera del país, obligándola a volver cada 30 días para pasar controles biométricos.

La conexión de Toledo

Más implicado que Ollanta Humala aparece el expresidente Alejandro Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006. La Fiscalía ha mantenido en reserva los detalles de la mayoría de sus pesquisas sobre el caso Odebrecht, pero a comienzos de año reveló que la empresa Camargo Corrêa depositó más de 90.000 dólares en una cuenta bancaria del empresario Josef Maiman, amigo cercano del exmandatario. El dinero dispuesto por la constructora brasileña para sobornos en la concesión del tramo cuatro de la carretera Interoceánica sería de seis millones de dólares. Una de las sospechas de la Fiscalía es que fue recibido íntegramente por Maiman.

Maiman ha sido procesado por lavado de activos desde abril de 2016. Entonces se le acusó de transferir 9,4 millones a la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, a través de la empresa Ecoteva. Este dinero fue empleado por el expresidente para la adquisición de su casa en Casuarinas y dos oficinas en el barrio residencial de Monterrico. Las explicaciones de Toledo sobre el tema cambiaron varias veces, y llegó a decir que su suegra había recibido este pago en su calidad de sobreviviente del holocausto nazi.

Toledo llegó a Lima a pasar las fiestas de fin de año. Los primeros días de enero se marchó, despertando toda clase de suspicacias. Tuvo que responder con un comunicado de prensa, donde negó que se hubiera fugado del país, por las denuncias en contra de su amigo Maiman. Aseguró que había vuelto a EE UU, a su trabajo en la Universidad de Stanford, y que no dejará de colaborar con las investigaciones vinculadas a Odebrecht. No deberá esperar mucho para cumplir con su palabra, porque la comisión del Congreso encargada del caso anunció que él será el primer expresidente citado a declarar, en febrero.

Nuevo sistema nacional contra la corrupción

La Contraloría peruana auditó 28 concesiones repartidas entre las constructoras OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão, por un total de 4.609 millones de dólares. Estos informes se encuentran en manos del Ministerio Público, que evalúa la posibilidad de denunciar a las empresas. Por otra parte, se supo que en los próximos días se constituirá el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que verá casos a nivel nacional e internacional. Dentro de este, la jueza superior titular de Lima, Susana Castañeda Otsu, coordinará el caso Odebrecht. Finalmente, esta semana se anunció que la firma brasileña se reunirá con representantes de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para negociar el monto y las condiciones de la reparación civil que deberá pagar al Estado por sus reconocidos manejos corruptos.