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Qué dicen los decretos de inmigración de Trump

Las órdenes ejecutivas cuentan con algunas de las restricciones más amplias aprobadas hasta ahora

El presidente Trump comparece desde el Departamento de Seguridad Nacional. AP

Los dos decretos presidenciales que ha firmado Donald Trump en materia de inmigración contienen algunas de las restricciones más amplias aprobadas hasta ahora y ordena la expulsión de indocumentados sospechosos de haber cometido un delito antes de ser juzgados por ellos. Repasamos los decretos y los argumentos esbozados por Trump y que van más allá de la construcción del muro en la frontera con México:

  • "Muchos inmigrantes que entran ilegalmente o que se quedan en el país una vez caducados sus visados suponen una amenaza significativa para la seguridad nacional".
  • "Las ciudades santuario han causado un daño inconmensurable al pueblo estadounidense y la fundación de nuestra República".
  • "El aumento reciente de la inmigración ilegal en la frontera sur con México ha puesto una carga innecesaria en el presupuesto federal".
  • "Entre quienes entran ilegalmente se encuentran los que buscan dañar a los estadounidenses mediante actos de terrorismo o criminales".
  • "La inmigración ilegal presenta una amenaza constante a los intereses de EE UU".

Prioridad en las deportaciones

La orden indica que se deberá priorizar la expulsión de EE UU a aquellas personas que han sido condenadas o acusadas por una ofensa criminal, aunque la acusación no haya sido resuelta; han cometido actos que constituyen "una ofensa criminal punible", han cometido un fraude o empleado una identidad falsa ante una agencia gubernamental, han abusado de los programas de ayudas públicas, han recibido una orden de deportación o que "a juicio de un agente de inmigración" supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional.

Esto supone ampliar las categorías legales de aquellas personas que pueden ser deportadas de EE UU, que bajo la Administración Obama se limitaba a quienes hubieran sido condenados por delitos. La polémica ley de Arizona que en 2011 bloqueó el Supremo por ser anticonstitucional, por ejemplo, tenía como objetivo a "sospechosos" de ser indocumentados. El texto firmado por Trump va más allá y amenaza con la deportación a quienes, a juicio de un agente, puedan suponer una amenaza para la seguridad y aquellos acusados de delitos y que aún no han sido juzgados.

Trump recupera el programa "comunidades seguras"

Se trata de una directiva federal que da permiso a las agencias de seguridad estatales a operar como agentes de inmigración. Es decir, los agentes de tráfico que den el alto a un indocumentado y detecten su estatus ilegal, podrán entregarles a las autoridades de inmigración para detenerles y proceder a su deportación.

El expresidente Obama congeló este programa para dar prioridad a las deportaciones de aquellos indocumentados que habían cometido delitos. "Comunidades seguras" está considerado como uno de los sistemas que dispararon la detención de indocumentados en los últimos años de la Administración Bush.

Fin de las "ciudades santuario"

Son lo contrario que el programa de "comunidades seguras": ciudades que se niegan a que sus agentes de seguridad entreguen a indocumentados a las autoridades de inmigración. La orden de Trump quiere terminar con ellas retirando los fondos federales a cualquier localidad que incurra en esta práctica. "Decenas de miles de indocumentados han sido liberados en nuestras comunidades por todo el país (...) Su presencia es contraria a nuestros intereses nacionales".

Detención de indocumentados

La Administración Trump también ha puesto fin a una práctica conocida como "catch and release" y que ordenaba la puesta en libertad de aquellos indocumentados detenidos nada más entrar ilegalmente hasta que recibieran una citación judicial. La medida fue aplicada especialmente por el gobierno de Barack Obama durante la oleada migratoria que llevó a miles de centroamericanos menores de edad, algunos de ellos solos, hasta la frontera estadounidense en el verano de 2014. Según la orden ejecutiva firmada este miércoles, todos los apresados por entrada ilegal quedarán detenidos en los centros para inmigrantes hasta su juicio.

Un muro y nuevos centros de detención

El secretario de Seguridad Nacional "tomará todas las medidas necesarias para identificar los recursos disponibles para construir, operar y controlar inmediatamente instalaciones para detener indocumentados en o cerca de la frontera" sur del país. Este apartado responde a la creciente demanda que provocaría la detención masiva de indocumentados. Trump ha prometido expulsar a entre dos y tres millones de sin papeles que han cometido delitos en EE UU, aunque diversos estudios disputan esa cifra. Obama batió el récord de deportaciones en los primeros años de su mandato, por lo que los mismos sin papeles de los que habla Trump podrían no encontrarse ya en el país.

Más agentes de inmigración

Las órdenes piden respectivamente la contratación de 5.000 agentes de seguridad más para trabajar destinados en la frontera y otros 10.000 profesionales de inmigración para las agencias encargadas de detectar y deportar a indocumentados.

 

 

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