Interpol, rinocerontes y ratas
Los crímenes ambientales deben ser tratados como crimen organizado
Reforzar y afinar las capacidades operativas de Interpol, en general, es importante. Varios países latinoamericanos, por ejemplo, vienen activando sus sistemas de justicia para investigar los sobornos a funcionarios corruptos en más de 12 países por poderosas empresas constructoras brasileras. Hay pocos prófugos, pero los hay. Resultados prontos y eficaces para capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia nacional dependerán, en mucho, de la cooperación y acción de una Interpol cuya agenda hoy se diversifica.
No existía Interpol en el siglo XIX y, en cualquier caso, a nadie se le habría ocurrido que algo tan normal como la cacería de animales silvestres por míticos exploradores europeos en el África debía ser materia de una policía internacional. En tiempos de Cecil Rhodes o de otros europeos muy activos en la colonización africana, cazar elefantes o rinocerontes era parte de su agenda. Livingstone, dicen, era cuidadoso: no cazaba animales hembras.
En tiempos recientes ya no es cuestión de exploradores o aventureros ni de cacería a secas, que sigue existiendo y da lugar a autocomplacientes fotografías de algunos con la bestia yaciente. Que producen escándalo a veces más por la identidad del cazador que por una condena a la cacería per se. La materia en la que tiene que ver Interpol es cuando la cacería es un eslabón del crimen organizado.
¿Crimen organizado? En tiempos recientes las sociedades sufren los cataclismos de la corrupción, como la que se viene destapando en varios países latinoamericanos a propósito de Odebrecht y otras constructoras. Que se suma al crimen organizado dirige delitos como el tráfico de drogas ilícitas, de personas y de armas. Con ese telón de fondo parecería nimio ponerse a pensar en rinocerontes o elefantes.
No es así; las caras del crimen organizado son variadas y debe ser atacado en sus diversas manifestaciones. El tráfico de especies en peligro de extinción, y lo que podríamos llamar crímenes ambientales, erosiona hoy soberanías y sustenta una de las modalidades más dinámicas del crimen organizado contemporáneo. El kilo de cuerno de rinoceronte se vende ilegalmente a 60.000 dólares; más caro —y más rentable— que el oro o la cocaína.
La magnitud y repercusiones de lo que Interpol llama crímenes ambientales supera los 250.000 millones de dólares anuales. Sólo el tráfico de especies en peligro de extinción, 20.000 millones anuales; en los últimos 10 años se ha producido la mayor caída en la población de elefantes: a 415.000, lo que viene a ser 100.000 menos que hace una década.
Ha habido algunas respuestas de la comunidad internacional para poner coto a ciertas prácticas. Desde hace más de 40 años está vigente la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES. Si bien sus dientes son un tanto romos, es una herramienta útil cuando se vigoriza la decisión política de los Estados. Con 183 Estados partes, es uno de los tratados globales con más componentes, por lo que debería ser, cada vez más, una herramienta útil. Pero eso no basta.
La semana pasada la Interpol hizo en Lyon un anuncio muy importante: que pondrá recursos y atención en desmantelar las redes criminales y de corrupción entre África y Asia de tráfico de marfil, cuernos de rinocerontes y felinos africanos. China —el mayor consumidor— anunció hace algunos meses la prohibición total de la importación de marfil. Parece que se están dando los primeros pasos para la efectiva persecución y sanción de prácticas que hasta algunas décadas eran perfectamente legales y legítimas.
El secretario general de Interpol, Jurgen Stock, fue muy claro la semana pasada en que estas redes de muerte y tráfico son —y deben ser tratadas— como crimen organizado. Por eso, mientras la agencia hace lo suyo para capturar a funcionarios o exfuncionarios latinoamericanos prófugos sindicados por su involucramiento en el escándalo de las propinas de las constructoras brasileras, esperemos logre poner en marcha un sistema de control frente a crímenes ambientales que tienen magnitudes aún mayores.
