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Más de 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras desde 2010

Global Witness denuncia que “altos cargos políticos y élites empresariales” están ligados a una “violenta represión” de activistas

Alan García fue disparado por militares en una protesta para frenar la presa de Agua Zarca. Francesca Whitlock

La conclusión es demoledora: por una corrupción generalizada, Honduras es el país más peligroso para ser defensor del medio ambiente. Un informe publicado este martes por Global Witness, la ONG internacional que documenta los crímenes contra los ecologistas en el mundo, denuncia que “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños están ligados a una “violenta represión” de activistas que defienden sus tierras. La organización precisa que 123 ecologistas han sido asesinados en el país desde 2010. EE UU “debe revisar urgentemente” su apoyo a la industria, el Ejército y la policía de Honduras, alerta.

Global Witness señala los activistas han sido asesinados por “protestar contra el expolio o la destrucción de su tierra, sus bosques o sus ríos, entre ellas la prominente activista indígena Berta Cáceres”, cuyo homicidio en 2016 “fue el primero en provocar un escándalo internacional”. Feminista, defensora indígena, activista de derechos humanos, ambientalista, opositora gubernamental y lideresa del (no estatal) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Cáceres murió a balazos el 3 de marzo del 2016 en su casa del suroccidental departamento de Intibucá.

Pese a las amenazas a su vida, Cáceres encabezó un movimiento contra la construcción de una planta hidroeléctrica en el occidente de Honduras por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas y en su asesinato, como autores intelectuales y materiales, figuran al menos siete personas, entre militares en retiro y activos y un empresario.

Acuerdos secretos

“Los conflictos por la minería, las presas hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y comunidades rurales”, expone el texto. “Global Witness ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de la puerta trasera, sobornos y violaciones de la ley que se utilizan para imponer estos proyectos y silenciar cualquier oposición”, agrega.

“Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra o el medio ambiente”, advirtió Berta Cáceres hija en entrevista con EL PAÍS. “Los grupos poderosos buscan garantizar el saqueo de Honduras por parte de empresas transnacionales hidroeléctricas, mineras, turísticas y de otras actividades”, añadió la joven, cuya madre tuvo otras dos hijas y un hijo. “Persiste la impunidad", lamentó, al recordar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rechazaron estar involucradas en actos violentos contra ambientalistas.

El informe señala que la hondureña Gladys Aurora López, presidenta del gobernante Partido Nacional, vicepresidenta del Congreso de Honduras y “una de las figuras más poderosas” de ese país “negó cualquier vínculo con ataques violentos contra aquellos que se oponen a los proyectos” de su esposo, el hondureño Arnold Gustavo Castro, ejecutivo de una empresa dueña de una plan hidroeléctrica.

Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, afirmó que sus “investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”. Y añadió: “Hemos documentado innumerables ataques y amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a unas embarazadas, niños a los que la policía apuntó con un arma, incendios provocados contra los hogares de aldeanos y asesinos a sueldo que siguen campando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas”.

Violencia y muerte

Un elemento paralelo de la crisis que sufren los ambientalistas es la inseguridad que atrapa a los hondureños. El Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras informó a EL PAÍS que sus proyecciones preliminares revelan que en 2016 hubo 5.154 homicidios, con una tasa anual de 59,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y que 2015 cerró con 5.148 casos y un promedio de 60 por cada 100.000 personas.

Al recordar que Honduras está cubierta de bosques y es rica en minerales valiosos, el informe puntualizó que el beneficio de la riqueza natural “solo los disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad”. “Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina: cerca de 6 de cada 10 hogares de las zonas rurales viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 2,50 dólares estadounidenses al día”, recalcó.

El informe documentó “los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la imposición de presas, minas, tala o agricultura en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política”.