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Netanyahu realojará a los colonos expulsados en el primer asentamiento creado en 25 años

Palestina pide a la ONU que detenga la expansión de las colonias aprobada por Israel tras la llegada de Trump a la Casa Blanca

Policías desalojan un adolescente judio que apoya los asentamientos de Amona, el miércoles AFP

Antes incluso de que las fuerzas de seguridad completaran el desalojo de los colonos radicales atrincherados en la colonia pirata de Amona, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó realojarlos en un asentamiento de nueva planta en Cisjordania, que será el primero oficialmente aprobado por Israel en 25 años. En vísperas de la firma de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, el Gobierno hebreo dejó de autorizar la construcción de nuevas colonias, aunque desde entonces ha fomentado la expansión de las ya existentes —que han multiplicado por cuatro su número de habitantes hasta alcanzar los 400.000—, y ha tolerado la edificación de un centenar de outpost (asentamientos judíos no autorizados) como el de Amona.

El jefe del Ejecutivo israelí tomó la decisión inmediatamente después de que el Tribunal Supremo —que había ordenado el desahucio de las más de 40 familias de Amona por haberse apropiado de tierras privadas palestinas—, desestimase en la noche del miércoles su traslado a una zona próxima ante los recursos presentados por otros propietarios palestinos. “Como se prometió hace un mes y medio a los colonos, se ha creado una comisión para promover un nuevo asentamiento”, precisó el comunicado difundido por la Oficina del Primer Ministro.

Centenares de agentes desplegados desde el martes en la colonia “ilegal” de Amona, situado al noroeste de Ramala, capital administrativa de la Autoridad Palestina, han culminado este jueves la operación de desalojo de la sinagoga del outpost, el último reducto donde se habían enclaustrado tras atrancar puertas y ventanas decenas de jóvenes junto a dos rabinos ultranacionalistas. La policía arrestó a 14 colonos que opusieron resistencia. Ocho agentes resultaron heridos, según aseguró un portavoz del cuerpo de seguridad.

Netanyahu ha impulsado en el Parlamento la llamada ley de regularización de 55 avanzadas "ilegales" en Cisjordania. La nueva norma, que se halla en aún en fase de tramitación antes de ser votada, servirá para legalizar con efecto retroactivo colonias no autorizadas mediante la expropiación a sus propietarios palestinos. Independientemente de la consideración que les otorgue el Gobierno israelí, la comunidad internacional califica de ilegales todos los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado desde la guerra de 1967.

Como reacción a la última ola colonizadora israelí, que ha aprobado tras la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca la construcción de más de 6.000 viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, las autoridades palestinas han pedido a Naciones Unidas que detenga la expansión de los asentamientos judíos. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, solicitó formalmente el miércoles al Consejo de Seguridad que haga cumplir la resolución 2334, aprobada el pasado 23 de noviembre, en la última etapa del mandato del presidente demócrata Barack Obama, que salió adelante con la abstención de Estados Unidos y el voto favorable del resto de los Estados representados.

La Autoridad Palestina plantea también ofrecer asistencia legal a los ciudadanos de la llamada zona C de Cisjordania (bajo control exclusivo israelí) cuyas viviendas hayan sido demolidas por el Ejército, así como ofrecerles los servicios básicos hasta que puedan reconstruir sus viviendas, según informa la agencia de noticias palestina Maan. Durante el mes de enero han sido derribadas 30 casas por Israel, lo que forzado el desplazamiento de 240 personas.

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha dado un paso más al reclamar que se envíe a la Corte Penal Internacional (CPI) toda la información sobre la expansión de las colonias judías y la destrucción de viviendas palestinas por contravenir la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, de condena internacional de los asentamientos.

Los responsables palestinos sostienen que el desplazamiento forzoso de población autóctona y la implantación de colonos en un territorio ocupado deben ser investigados por la CPI, a cuya jurisdicción —que no reconoce Israel al no haber suscrito su convención fundacional— se adhirió Palestina en 2015. La Administración Trump ha hecho saber a los líderes palestinos, según una información publicada por el diario Haaretz, que cancelará todas sus ayudas económicas a la Autoridad Palestina y planteará volver a considerar a la OLP como organización terrorista si deciden llevar a Israel ante la justicia penal internacional.