El abogado de la UE ve obligatorio dar visado humanitario si hay riesgo de tortura
El letrado comunitario da la razón a una familia siria a la que Bélgica denegó la entrada al país
La justicia europea da la razón a una familia siria en su contencioso con Bélgica. El abogado general de la UE, Paolo Mengozzi, sostiene que todos los Estados miembros están obligados a entregar visados humanitarios "si existen razones serias y fundadas para creer que la denegación de tal visado expondrá a las personas que buscan protección internacional a la tortura o a tratos inhumanos o degradantes", tal y como garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La posición no es concluyente, dado que las opiniones del letrado general no siempre coinciden con la decisión final de la Corte, pero es indicativa de por dónde puede ir el fallo final del tribunal. El pronunciamiento llegará en las próximas semanas y puede obligar a los Veintiocho a suavizar sus exigencias para la concesión de visados humanitarios.
En octubre de 2016 una pareja siria y sus tres hijos presentaron una solicitud de visado en la embajada de Bélgica en el Líbano para recibir asilo y escapar así de la guerra que asola su país. La familia alegó que sus vidas corrían serio peligro bajo el asedio que sufría la ciudad de Alepo, donde según su versión, uno de sus miembros fue secuestrado y liberado tras el pago de un rescate. A ello añadían el temor de sufrir persecución religiosa por su condición de cristianos ortodoxos. La oficina de extranjería belga rechazó la petición argumentando que la intención de la familia era quedarse en el país más allá de los 90 días a los que le daría derecho el visado solicitado, y explicó que ningún país europeo está obligado a admitir en su territorio a todas las personas que corran peligro.
Ante la negativa, la familia recurrió la decisión de extranjería ante el Consejo de Contenciosos de Extranjería belga, que se dirigió al Tribunal de Justicia de la UE para tener su opinión sobre el asunto. Las conclusiones del abogado general llevan la contraria a Bélgica y señalan que los Veintiocho deben entregar visado humanitario —haya o no vínculos entre los afectados y el país de acogida— siempre que exista peligro de sufrir malos tratos. En este caso, el letrado considera que no existen dudas de que los demandantes "estaban expuestos, como mínimo, a un riesgo real de sufrir tratos inhumanos de una extrema gravedad".
Las autoridades belgas se han mostrado contrariadas ante el varapalo judicial, y esperan que el dictamen final del tribunal de Luxemburgo sea diferente y les permita negar el visado humanitario. "Confío en que la decisión común de 15 jueces de la Corte evaluará correctamente el impacto de esta decisión", ha afirmado el secretario de Estado de Inmigración, Theo Francken, que presume de contar con el apoyo a sus tesis de hasta 13 socios europeos, entre ellos Alemania y Francia.
Otro caso muy similar al abordado este martes por la justicia europea ha desatado en los últimos meses una tormenta política en Bélgica. El Gobierno rechazó cumplir con una sentencia de un tribunal de Bruselas que le obligaba a entregar visado humanitario a un matrimonio de Alepo y sus dos hijos de cinco y ocho años, que ya contaban con familia de acogida en la ciudad valona de Namur. El encontronazo con la justicia estuvo a punto de provocar el embargo del mobiliario de la oficina de asilo del Gobierno después de que los tribunales le sancionaran con una multa de 4.000 euros diarios hasta que cumpliera con la resolución. El Ejecutivo se negó a pagar, pero la corte de apelación suspendió en última instancia el cobro de la sanción.
El caso enfrentó a los partidos de la Cámara belga y llevó al Gobierno a contactar con Líbano, donde ya viven más de un millón de refugiados, para que aceptara acoger en su lugar a la familia siria, algo a lo que sus abogados se opusieron en todo momento. Según Médicos del Mundo, Bélgica concedió el año pasado 843 visados humanitarios de entre las 38.990 peticiones que recibió en ese periodo.
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