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Rumania, un país gangrenado por la corrupción

Los rumanos se rebelan contra un problema aún muy arraigado en el sistema, que ha llegado a provocar muertes

Teddy Ursulescu, afectada por el incendio del Club Colectiv, en su casa de Bucarest. Edición: Quality
Bucarest (Enviada especial)

Teddy Ursulescu ha perdido los dedos de la mano izquierda y parte de los de la derecha. Ya apenas tiene sensibilidad en los brazos. Tampoco en las piernas. Gruesas y rugosas cicatrices le cubren las extremidades y siguen su recorrido bajo la camiseta de tirantes negra que viste. Son las señales exteriores provocadas por las llamas que asolaron el Club Colectiv de Bucarest en octubre de 2015, un local de música al que la joven había acudido con un grupo de amigas para ver un concierto. Teddy, una joven arquitecta, no las oculta. Son la marca de que logró sobrevivir a la tragedia. “Dentro de la sala murieron 27 personas. La gente estaba atrapada, se quemaba, se ahogaba”, susurra en el salón de su casa de Bucarest. Teddy cumplió ayer 30 años.

Aquel horrible incendio que ella sufrió destapó un enorme caso de corrupción en Rumania. El Colectiv no se acercaba siquiera a las condiciones mínimas para funcionar. Y pese a todo, lo hacía gracias a los sobornos y comisiones que pagaba a la Administración, según la investigación de la fiscalía. El escándalo —que derribó al Gobierno rumano— supuso un punto y aparte en el país. Le hizo consciente de que la corrupción puede ser mortal. El Colectiv, tristemente, ilustra también el alcance de los tentáculos de este problema.

Porque días, semanas después del incendio, otros 37 afectados del suceso en el club perdieron la vida en los hospitales rumanos, la mayoría por terribles infecciones hospitalarias; una tasa altísima. Sus muertes y la investigación posterior dejaron al descubierto un sistema de salud gangrenado por la corrupción, donde era frecuente que las condiciones inadecuadas de los centros se pasaran por alto en inspecciones amañadas —o inexistentes—, y en el que las comisiones a los gerentes y los propios médicos son algo habitual. También desenmascaró que un laboratorio farmacéutico rumano, Hexi Pharma, había estado años vendiendo a precios altísimos productos de desinfección hospitalaria diluidos y, por tanto, inservibles. Suministraba a 350 centros del país, incluido el Hospital de Quemados de Bucarest, donde ingresaron la mayoría de los heridos del Colectiv y en el que también estuvo Teddy hasta que fue trasladada a Viena, donde llegó con una infección muy resistente que no estaba declarada en su informe médico.

En ese centro, una antigua maternidad reformada, murió Alexandru Iancu, de 22 años. Un joven de pelo largo y mirada lánguida, amante del rock y de la poesía, que pasaba casi todo su tiempo libre tocando la guitarra. Sobre todo las canciones de Goodbye to Gravity, la banda que tocaba en el Colectiv la noche de la tragedia. “Cuando sobrevivió al incendio de la discoteca llegamos a creer que lo superaría. No pensamos que tres semanas después moriría de una infección”, se lamenta su padre, Eugen. “Mi hijo Alexandru ha sido una víctima de la corrupción por duplicado: primero en el Colectiv y después en el hospital. Lo que ha ocurrido muestra hasta qué punto la corrupción puede llegar a matar”, reclama Eugen Iancu, que ahora preside una asociación de afectados por lo ocurrido.

Las familias buscan responsabilidades. "Esperamos que este caso, en el que hay involucrados varios procesos, provoque un cambio legal para que no vuelva a pasar nada similar", remarca Antoniu Obancia, el abogado de Iancu y otras 19 víctimas o familiares, que apunta que el del Colectiv es uno de los procesos más importantes de los últimos 25 años. Su despacho, Zamfirescu Racoti & Partners, que suele defender a quienes están sentados del otro lado, a los acusados de corrupción, lleva el caso de forma gratuita.

Eugen Iancu con una foto de su hijo Alexandru. ampliar foto
Eugen Iancu con una foto de su hijo Alexandru.

Rumania ocupa el puesto 57 del ranking de Transparencia Internacional, que mide la corrupción de 197 países. Allí, las comisiones, los sobornos o las situaciones que involucran conflictos de interés son algo abrumadoramente común. Y aunque la situación ha mejorado, como indica el mismo índice y según el último informe de la Comisión Europea —que audita al país en este punto desde su adhesión hace 10 años—, nueve de cada 10 ciudadanos siguen considerando la corrupción como un problema grave. De hecho, dos de cada tres rumanos aseguran haber pagado o recibido dinero para acelerar un trámite oficial, obtener atención sanitaria o incluso para garantizarse una buena educación.

Muchos de estos ciudadanos salieron a la calle para protestar contra lo ocurrido en el Colectiv. Y volvieron a hacerlo de nuevo, esta vez en masa, para clamar contra la corrupción y contra un Gobierno que intentó rebajar la lucha contra esta lacra por decreto. Las manifestaciones, las mayores en el país desde la caída de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, hace 27 años, lograron la retirada de la ley que despenalizaba algunos casos de corrupción, y han sido un revulsivo para Rumania y para el resto de Europa.

El fotógrafo Miluta Flueras, herido en el incendio del Colectiv. ampliar foto
El fotógrafo Miluta Flueras, herido en el incendio del Colectiv.

"La gente le ha declarado la guerra a la corrupción a todos los niveles", afirma Miluta Flueras. Este ingeniero de 33 años, también se encontraba en la sala de conciertos la noche del incendio. Fotógrafo a tiempo parcial y amigo del grupo Goodbye to Gravity, estaba haciendo las fotos del espectáculo. Resultó herido con quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% de su cuerpo. Hoy, tras seis meses de baja, se ha recuperado prácticamente y ha participado activamente en las protestas contra el Ejecutivo del Partido Socialdemócrata y su "desvergonzada" intención de dar marcha atrás en la lucha anticorrupción.

“Después de estos escándalos mortales, la reforma legal se ha visto como una maniobra aún más dañina; intolerable”, apunta también Codru Vravie, experto legal de Funky Citizens, una plataforma que analiza la transparencia en Rumania. Vravie apunta que, pese a que es la Administración el sector más afectado —pagos por documentos, comisiones por contratos, uso de materiales inadecuados o a precios inflados, etc.—, son los escándalos que involucran a la sanidad pública los más sensibles. Involucran vidas humanas.

“La sanidad mueve un presupuesto de unos 7.000 millones de euros, la tentación de caer en la corrupción es muy grande: muchos gerentes, y también políticos, se llevan comisiones de empresas de productos sanitarios, de laboratorios, de contratas de limpieza”, denuncia la doctora Camelia Roiu, que afirma que los pagos a los profesionales sanitarios son algo ordinario en el sistema de salud rumano en el que, hasta el año pasado, un médico no cobraba más de 700 euros al mes. "De nuevo la tentación", apunta. Laura Popa, por ejemplo, una administrativa de 32 años, pagó 200 euros por una cesárea. Su amiga Raluca, 150.

El testimonio de la anestesista Camelia Roiu ayudó a destapar un enorme escándalo en la sanidad rumana.
El testimonio de la anestesista Camelia Roiu ayudó a destapar un enorme escándalo en la sanidad rumana.

Roiu habla abiertamente sobre el problema. De hecho, fue esta médico anestesista del Hospital de Quemados de Bucarest, quien denunció las pésimas condiciones del centro, que ya tenía abierta una investigación de la fiscalía anticorrupción por hacer operaciones de cirugía estética irregulares. Primero avisó a sus superiores. "Cuando me ignoraron fui a la prensa, de forma anónima", dice. Más tarde, cuando las cosas seguían igual y la situación se hizo tan intolerable que llegó a encontrar gusanos en las heridas de dos pacientes internados, filtró las espeluznantes grabaciones y documentos que atestiguaban no solo la presencia de las bacterias multirresistentes en el centro, también que la dirección lo sabía. Al final compareció públicamente.

Mientras tanto, el escándalo Hexi Pharma, desvelado gracias a una investigación periodística, descubrió que las autoridades no analizaban los productos empleados en sus hospitales. “Ni siquiera antes de comercializarse. Los biocidas fraudulentos fueron enviados, incluso, a los centros médicos de las tropas rumanas en el exterior, con la misión de la OTAN, y se usaron en Afganistán, Irak o Bosnia”, apunta Catalin Tolontan, el periodista que publicó la historia en Gazeta Sporturilor. Se desconoce cuántos afectados puede haber por el fraude, que terminó por adquirir tintes de película policíaca cuando el dueño del laboratorio, el hasta entonces reputado empresario Dan Condrea, murió el día que tenía que ir a declarar. Su coche, que iba a 60 kilómetros por hora, chocó contra un árbol y su cadáver quedó, según la policía, irreconocible. No hubo ningún testigo.

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