Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El ‘caso Odebrecht’ amenaza con golpear a la política colombiana

Las investigaciones de la campaña de Santos y de su rival uribista han hecho saltar las alarmas

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos, en su última visita a España el pasado diciembre.
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos, en su última visita a España el pasado diciembre. AP

La tarde del martes 7 de febrero debía ser un nuevo momento de optimismo para Colombia y, en concreto, para el presidente Juan Manuel Santos. Representantes del Gobierno y el ELN, la segunda guerrilla del país, iniciaban la fase pública del proceso de paz. Pero la buena noticia quedó empañada por un punto, aparentemente perdido, en un comunicado de la Fiscalía: un millón de dólares proveniente de sobornos de Odebrecht habrían ido a parar a la campaña presidencial de 2014 del actual mandatario. Los tentáculos del escándalo de corrupción de la constructora brasileña entraban en la Casa de Nariño y continuaban su expansión por América Latina. Las consecuencias en Colombia aún son impredecibles.

La misma noche que desde el búnker, como se conoce al edificio de la Fiscalía en Bogotá, salía la pesquisa, Santos llamaba a Néstor Humberto Martínez, responsable del organismo. “No hay mejor síntoma de la independencia de esta institución”, aseguran fuentes de la Fiscalía. Desde entonces, el presidente mantiene silencio. El fiscal se pronunció en rueda prensa para aclarar que solo tiene la palabra de un acusado en el caso Odebrecht. No hay documentos, por el momento, que justifiquen este pago. Otto Bula, el exsenador arrestado por recibir más de cuatro millones de dólares en sobornos de la compañía brasileña, es el autor de esta acusación. En su declaración ante la Fiscalía dedicó un párrafo al presidente, su gerente de campaña y un intermediario. Sus palabras fueron vagas. En los próximos días, cuando termine de negociar el principio de oportunidad por el que podría recibir beneficios, puede que su testimonio comience a definirse.

Roberto Prieto, responsable de que Santos fuera reelegido presidente, y en este momento fuera de Colombia por una consulta médica en Estados Unidos, se defendió rápidamente de la acusación a través de un comunicado: “Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación; a quien escasamente distingo, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café”. Pocas horas después, su amigo y supuesto intermediario en el pago del millón de euros, Andrés Giraldo, explicó en la prensa local que no solo recordaba al exsenador, sino que se había reunido con él en un hotel. En aquel encuentro, siempre según su versión, Bula le ofreció diversos proyectos de infraestructura. Ni rastro del dinero. Desde la cafetería, atento a la charla, Prieto esperaba el parte de su colega.

La Fiscalía se encargará de esclarecer cómo llegaron a manos de Otto Bula el millón de dólares que dice haber entregado a los gestores de la campaña de Santos, y los 3,6 restantes que recibió por negociar con Odebrecht. Es decir, la entidad lleva a cabo investigaciones sobre lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude cambiario, entre otros delitos. Lo que pudo haber sucedido en aquel hotel de Bogotá será tarea del Comité Nacional Electoral (CNE). El organismo tendrá que realizar una investigación administrativa paralela para aclarar si el actual presidente recibió más dinero del establecido por la ley electoral y si esas cantidades tienen un origen ilícito.

Si se llegara a confirmar que la campaña del presidente Santos recibió aportes de una empresa extranjera como Odebrecht, el entonces candidato habría superado el tope legal establecido. En primera vuelta, el actual mandatario no podía superar los 13.500 millones de pesos, en la segunda, los más de 9.000 millones previstos legalmente. Una segunda investigación, en los mismos términos, analiza la campaña de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, y opositor a Santos en la contienda presidencial de hace tres años. En este caso el CNE tendrá que determinar si recibió dinero de Odebrecht a través de un asesor electoral. Las investigaciones podrían durar unos seis meses.

Ambos casos, especialmente el relacionado con el presidente, han hecho saltar las alarmas en Colombia. Aunque no se le está investigando directamente a él, personas cercanas a Santos temen que la imagen del premio Nobel de la Paz, mermada en Colombia pero casi impoluta en el exterior, quede dañada. Políticos, personas cercanas a la Presidencia y a la Fiscalía consultados, admiten en privado que esTo puede ser apenas “la punta del iceberg” y que el escándalo de corrupción de Odrebrecht, y sus ramificaciones en América Latina, termine por golpear a la órbita política actual y a colaboradores de los dos últimos presidentes, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Mientras tanto, la Fiscalía se prepara para seguir recibiendo información de los sobornos que Odebrecht realizó en Colombia. Nestor Humberto Martínez viajará a Brasilia los próximos 16 y 17 de febrero a una megarreunión con fiscales de otros países para compartir los datos que cada investigación tiene, informa Afonso Benites desde Brasilia. Está prevista la presencia de representantes de Portugal, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Venezuela, Antigua y Barbuda, El Salvador, Guatemala, Panamá y Mozambique.

Más información