La libertad de expresión, un derecho que se protege en Ecuador

Pensar en la libertad de expresión es pensar en la diversidad de opiniones y en la ciudadanía con voz propia. También es evocar el debate de ideas con preeminencia de los argumentos por encima de las calumnias y los insultos. Pensar en la libertad de expresión es creer en la necesidad de condiciones laborales dignas y seguras para las personas dedicadas al oficio informativo. Por lo menos, esas son algunas de las premisas habituales coligadas a este derecho fundamental que perduran en varias mentes y discursos contemporáneos. El problema es que progresivamente, en un entorno de politiquería directa e indirecta, la libertad de expresión ha dejado a un lado su esencia y ha sido transfigurada en la coartada de rumores, noticias falsas y argumentos sesgados a favor de intereses particulares que minimizan el rol ciudadano al de un actor ensimismado en la inercia y el egotismo.

En Ecuador y tantos otros lugares del mundo, asistimos a un escenario en donde quienes pretenden personificar la libertad de expresión de los ciudadanos y periodistas, únicamente procuran la defensa de sus privilegios personales. La incoherencia, de cualquier modo, es palpable. A expensas de la libertad de expresión se busca reducirla a un bien accesible solamente para unos pocos con capacidad de pago y difusión. O peor todavía, se niega el legítimo derecho de existencia a los medios públicos y comunitarios. Tras un silencio de varias décadas, el grito de protesta aparece hoy irónicamente en contra de políticas públicas y normativas regulatorias que aspiran la equidad. En el trasfondo, la negación de las mejoras salariales, la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y la redistribución del espectro radioeléctrico. Enmascarados en afirmaciones difícilmente sustentables, el absurdo hoy es la regla y el mínimo intento de defensa es calificado de ataque.

Desde el 2007 y hasta ahora, las distintas normativas e instancias públicas de comunicación ecuatorianas, al impulsar el debate y acciones en pro de un nuevo orden en la comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión para toda la ciudadanía, resiste una agresiva campaña de desprestigio proveniente de los conglomerados mediáticos que se rehúsan a una redistribución democrática. Irónico es que mordaza y censura son dos de los calificativos casi permanentes en las primeras planas de la prensa y espacios estelares de los noticieros. A su vez, estos mensajes son reproducidos fuera del país, en un claro desconocimiento de la realidad ecuatoriana y del legítimo deber del Estado con respecto a la garantía del derecho de toda la sociedad a una comunicación e información veraz, intercultural, diversa, incluyente, participativa y ética.

Históricamente 9 de cada 10 medios de comunicación ecuatorianos han sido de propiedad privada, por eso el Estado asumió el reto de revertir esta situación y garantizar el derecho a la pluralidad y la justicia en el acceso a medios de comunicación social, tanto en la propiedad como en la posibilidad de producción de contenidos. El acometido se cumple hasta el momento con el mayor empeño. Por ejemplo, en 2012, el salario mínimo de los periodistas aumentó aproximadamente en un cuatrocientos por ciento, independiente de un entorno de quejas y silencios a conveniencia de varios actores políticos y mediáticos. Antes de la ejecución de una regulación efectiva, un periodista profesional en el Ecuador recibía en promedio US$170 mensuales. De igual forma, está en marcha un concurso de frecuencias que aspira equilibrar el acceso al espectro radioeléctrico a través de la reversión de concesiones otorgadas con la ley de medios de la dictadura de la década del setenta.

El fenómeno de tensiones con algunas empresas de comunicación es regional y probablemente mundial. Por ejemplo, es indudable el doble estándar en el discurso de algunos actores políticos y grupos corporativos, alrededor del respeto a la libertad de expresión. La salida de Telesur en Argentina desnuda e ilustra un acto de censura ante el cual, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y similares, guardan un mutismo cómplice. Asimismo, en el Ecuador los derechos de rectificación y réplica han sido señalados arbitrariamente, por organizaciones no gubernamentales cuyo financiamiento es poco transparente, como un ataque a la prensa. Nada más alejado de la verdad. La rectificación y réplica son mecanismos legales para promover que las personas puedan defender su opinión y reclamar públicamente cualquier afirmación sin fundamento, además de evitar ser silenciadas o castigadas por pensar distinto, una legislación que lejos de resultar propia del sentido común, no escapa de la polémica.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, atina cuando comenta que la libertad de expresión está estrechamente vinculada al pensamiento y la voluntad del dueño de los medios. Aquí el debate fundamental gira entorno de si algún momento este aspecto tan relevante se discutirá con menos sectarismo y más autocrítica. Lo mismo aplicaría a las corporaciones dueñas de redes sociales y buscadores, cuyas condiciones y regulaciones pocos tomamos el tiempo de leer antes de aceptar o mucho menos discutir. Esto pese a que son esas empresas, con sus algoritmos y lógicas de mercadeo, las que al buscar “libertad de expresión” definen las primeras 10 opciones que alcanzaremos a mirar entre las 14’800,000 de entradas arrojadas frente a la pantalla.

En un mundo saturado por inmensos contingentes de datos, imágenes, audios, videos y textos, es preocupante que no todas las personas, organizaciones sociales, partidos, movimientos políticos o colectivos gozan de una libertad de expresión efectiva que les permita visibilizar sus ideas y realidades. Por ello, hablar de libertad de expresión significa obrar más que predicar. Desde el Ecuador hay un considerable esfuerzo por estimular la aparición de nuevos medios y garantizar el acceso al internet de una mayor cantidad de ciudadanos. El reto mayor, todavía, es establecer condiciones para el aparecimiento de audiencias críticas y respetuosas del equilibrio en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales concebidos como derechos de igual rango. Y sobre todo, el desafío es recuperar la libertad de expresión del lugar común y materializarla en una polifonía capaz de construir y proponer más en contraposición al odio y la banalidad imperante.