El Supremo argentino limita el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Suprema de Argentina ha dejado claro que es la última instancia judicial del país. En un fallo sin precedentes, ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), no puede revocar una sentencia del máximo tribunal porque eso “violaría la Constitución”. La decisión puede ser clave en la resolución de un caso de alto contenido político: la activista kirchnerista Milagro Sala confía en que su detención será tratada en mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en última instancia, llegue a la Corte IDH, cuyos fallos son vinculates. Pero el Supremo argentino ya tiene jurisprudencia para rechazar una escalada semejante. "Está fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contra el Estado argentino, son de cumplimiento obligatorio, pero aquellas que estén dictadas dentro de sus facultades", dijo el Supremo. Caso contrario, la Corte IDH se convertiría en una especie de “cuarta instancia” revisora de las sentencias, algo no contemplado por las leyes argentinas.

Milagro Sala lleva 13 meses presa por decisión de la justicia de Jujuy (norte), donde desarrolló sus actividades políticas al amparo de la organización popular Tupac Amaru. Apoyada por el Gobierno kirchnerista, a cargo de financiar sus proyectos sociales, la suerte de Sala y la Tupac Amaru cambió cuando llegó al gobierno provincial el macrista Gerardo Morales. Viejos enemigos políticos, la disputa se saldó a favor de Morales con la detención de Sala por incitar al desorden público y luego por supuesta malversación de fondos. La detención suscitó el rechazo de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que atendieron los reclamos de organizaciones de Derechos Humanos argentinas como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El gobierno de Mauricio Macri sostuvo desde un principio que la detención de Sala fue una cuestión judicial que se tramita en Jujuy y negó que detrás haya motivaciones políticas. Incluso invitó a la CIDH a visitar Jujuy para que vea de “primera mano” por qué es necesario que Sala esté detenida. El fallo de la Corte Suprema ya anticipa que cualquier opinión o decisión judicial externa sobre Sala tendrán un impacto limitado.

La Corte falló en un caso en particular presentado por el expresidente Carlos Menem (1989-1999). Menem ganó ante la Corte Suprema una demanda contra dos periodistas en una causa por daños y perjuicios y cobró una indemnización. Pero la Corte Interamericana falló a favor de los reporteros. En 2011, sentenció que el Estado argentino había violado el principio constitucional de la libertad de prensa, pidió la devolución de la indemnización y solicitó a la Corte argentina que revoque su fallo. Éste último punto ha sido el rechazado por los supremos, al entender que un tribunal internacional no puede estar por encima de la máxima autoridad judicial del país.

Desde el CELS rechazaron el fallo por considerarlo una "regresión en la jurisprudencia", sobre todo porque Argentina incorporó en la Constitución de 1994 el Pacto de San José de Costa Rica, base del sistema regional de protección y promoción de los Derechos Humanos. “Lo que hace el fallo de la Corte es decir ‘este tratado, en lo que hace a la Corte, dependerá de nosotros cuándo y cómo lo cumplimos’, sin establecer qué criterios usará. Es decir que acata pero no cumple. En definitiva, y eso es lo más grave, pone en cuestión y devalúa todo el sistema de protección regional que conforman la Comisión y la Corte Interamericana”, dice el director Ejecutivo del CELS, Gastón Chillier. “Argentina fue vanguardia en integración jurídica y ahora se desengancha de ese proceso”, lamenta Chillier.

El caso Sala se convirtió en un problema para Macri desde que la ONU y la CIDH criticaron la decisión de detenerla. La canciller Susana Malcorra dijo incluso en declaraciones recientes a EL PAÍS que “distrae la atención que Argentina está tratando de atraer”. "Es un asunto que se resuelve en la provincia de Jujuy, nos cuesta hacer entender incluso a los organismos internacionales cuán federal es la Argentina. Está en manos de la justicia y creemos que tiene que resolverlo lo antes posible”. El día clave será el 22 de mayo, cuando sesionará en Buenos Aires el pleno de la Asamblea de la CIDH.