Amnistía alerta de la erosión de los derechos humanos por las medidas de seguridad restrictivas
El discurso de odio frente a los extranjeros establece la base de un debate "tóxico", según la organización
De los casi 3.000 registros domiciliarios que la policía francesa llevó a cabo hasta febrero de 2016 sin previa autorización judicial durante el estado de excepción, solo el 1% terminó en una acusación judicial. Hungría ha sufrido este enero un revés por parte de Estrasburgo por llevar a cabo investigaciones secretas de dos ciudadanos. Las sentencias por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales en 2016 en España fueron 25, hace cuatro años fue una. En Polonia y Eslovaquia el año pasado se aprobaron reformas que permiten la ampliación de los plazos de la detención preventiva por acusaciones terroristas. En la misma senda, Bulgaria aprobó en julio del año pasado una ley de seguridad restrictiva. En Alemania este martes el Gobierno ha redactado una propuesta de ley que permitiría a las autoridades de interceptar los móviles de los solicitantes asilo. “El 2016 ha sido un año horrible para la defensa de los derechos humanos”, afirma Arancha Vicario, presidenta de Amnistía Internacional España en referencia al conjunto de los temas recogidos en el estudio anual de la organización.
En el estudio sobre 159 países, hecho público este miércoles, la organización abarca el panorama global de los derechos humanos en todo el mundo. "El discurso de odio fomenta un debate tóxico", explica Vicario al relatar que el 2017 se abre a un escenario incierto ante el ascenso de las fuerzas populistas. En el estudio, la organización alerta de las consecuencias que puede tener la declaración del estado de excepción, o el empleo de medidas excepcionales, como posible origen de un efecto dominó que lleve a una progresiva erosión del derecho a la libertad de movimiento, de asilo, de expresión y a un juicio equitativo. “Hubo un tiempo en que a los Gobiernos le daba vergüenza quebrantar la ley”, afirma Esteban Beltrán, director de filial española de Amnistía Internacional. El pasado abril, la primera ministra británica Theresa May, aclaró en un discurso en Londres que “la Corte de los Derechos Humanos tiene el poder de atar las manos del Parlamento y convertir al país en un lugar menos seguro por impedir la deportación de peligrosos extranjeros”. A raíz de la crisis migratoria o de la amenaza terrorista, 14 de los países de la UE han reformado sus leyes en materia de seguridad, según recogió la organización este enero.
El paradigma, según se lee en el estudio, ha cambiado: del planteamiento de que la función de los gobiernos era proporcionar seguridad para que las personas pudieran disfrutar de sus derechos, se ha pasado a la idea de que debían restringir los derechos de las personas para proporcionar seguridad. A raíz de los atentados de París y Niza, el pasado diciembre Francia aprobó una ulterior prolongación del estado de excepción hasta el próximo 15 de julio. Los registros sin autorización sumaron a finales de año más de 4.000 casos. “Son medidas que en algunos casos tienen un amplio respaldo de la población civil”, explica Dolores Rubio, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, “pero la reflexión sobre estos temas no está llevando a cabo de forma serena”.
Esta profesora explica que es habitual que en las épocas de crisis se asiente una tendencia a reformar las leyes para reforzar el principio de soberanía nacional frente al de intergobernabilidad. “Los mejores ejemplos de estados de excepción de facto que se han registrado el año pasado son el levantamiento de los muros y las devoluciones de los inmigrantes ‘en caliente’ [sin un trámite previo]”, añade Massimo La Torre, jurista de la Universidad de Catanzaro (Italia). Este tipo de prácticas, criticadas por la ONU y legalizadas en Hungría el pasado verano, han levantado este enero las críticas del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Tras visitar Ceuta y Melilla, el comisario, Nils Muiznieks, expresó su preocupación frente a la posibilidad de que se le diera en España cobertura legal.
Según los datos recogidos en el estudio anual de Amnistía Internacional, al menos 60 personas procedentes de África Subsahariana fueron expulsadas de España sin trámites el pasado abril. La Ley de asilo, entrada en vigor hace seis años sigue sin implementarse y ha dejado pendientes de una resolución a casi 30.000 solicitantes, según detalla el estudio. Al destacar la positividad del mensaje de acogida que sigue expresando la comunidad civil española, Beltrán, recalca que el Gobierno sigue siendo deficitario en la aplicación de medidas concretas: en diciembre España había recibido a 898 refugiados del alrededor de los 17.000 que se había comprometido a acoger hasta finales de 2017.
En materia de inmigración, Amnistía Internacional critica el acuerdo al que llegó Europa con Turquía el pasado 18 de marzo y ha alertado de la posibilidad de que se llegue a firmar un pacto similar con Libia, un país en guerra que sigue sin cumplir los requisitos para garantizar la defensa de los derechos humanos. “La política de Europa ha cambiado: ahora se están invirtiendo recursos para que los inmigrantes no lleguen”, dice Beltrán que recalca que la organización pone de manifiesto que este tipo de medidas se fundamentan en un discurso que desarrolla una oposición inédita entre la identificación nacional y la demonización del extranjero.
“No me interesa qué piensen Hans o George [...], me interesa más bien qué piensan Ahmet, Mehmet, Ayse o Fatma”, afirmaba el presidente Erdogan al lanzar la campaña para el referéndum presidencial del próximo 16 de abril. A dos semanas de las elecciones en Holanda el partido de ultraderecha liderado por Geert Wilders recibía las críticas del consejo de abogados por proponer medidas como la prohibición del Corán. Este año se presenta como un año clave para Europa, según Beltrán, que no se atreve a valorar posibles escenarios. “Lo que está claro” concluye “es que este tipo de medidas ayudan los Gobiernos a tener las manos libres”.
