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La mayor constructora peruana tiembla por el ‘caso Odebrecht’

La confesión de Jorge Barata implica a Graña y Montero, una empresa con numerosos intereses cruzados que cotiza en la bolsa

Un manifestante contra la corrupción, ayer en Lima.
Un manifestante contra la corrupción, ayer en Lima. AFP

Bastó una referencia en el testimonio que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, ofreció a los fiscales peruanos para desatar una tempestad de pronóstico reservado en la constructora Graña y Montero, la más grande del país.

Entre aquella confesión, el colaborador eficaz de la justicia reconoció que Odebrecht había entregado tres millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala en 2011, donde fue elegido presidente. También habló del soborno de 20 millones de dólares entregado al expresidente Alejandro Toledo —hoy prófugo de la justicia, con una orden de presión preventiva en su contra—, con el que la empresa brasileña se aseguró la concesión de la Carretera Interoceánica Sur, que enlaza Perú con Brasil.

Cuando los fiscales preguntaron si las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht en la Interoceánica conocían estas prácticas corruptas, Barata respondió: "El pago [a Toledo] ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería".

Esto implicaba a Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, que formaron el consorcio CONIRSA con la brasileña. De todas, Graña y Montero es la más importante, y la que enfrentó las peores consecuencias.

Medir el impacto de una denuncia de corrupción en una empresa como Graña y Montero, que cotiza en bolsa (en Lima y Nueva York), resulta imposible. En este caso, la incertidumbre despertó una fuerte presión de venta inmediata entre los inversionistas. Espoleadas por los acontecimientos políticos, sus acciones registraron una histórica caída de 33,3% en la bolsa peruana y de 34,7% en la bolsa de Nueva York. En Lima perdieron 1,10 soles y tocaron un piso de 2,20 soles, con una pérdida acumulada de 35% en la semana.

Intervención de EE UU

Por sus dimensiones, Graña y Montero es una empresa con numerosos intereses cruzados. Según el último informe de la Superintendencia de Banca y Seguros, las cuatro administradoras del sistema privado de pensiones han invertido cerca de 1.300 millones de soles (unos 370 millones de dólares) en acciones de la empresa.

La empresa intentó capear esta turbulencia con un comunicado de prensa, donde negó rotundamente las afirmaciones de Barata. "Reiteramos que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno o reembolso por pagos de ese tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han declarado", agregó.

El comunicado sirvió de poco. A las pocas horas de publicado, se supo que Rosen Law Firm, un estudio de abogados que representa a un grupo global de inversionistas, evalúa abrir una Acción Colectiva en contra de la constructora, para recuperar las pérdidas sufridas por sus accionistas en Nueva York. Su argumento es que “Graña y Montero pudo haber emitido información de negocios materialmente engañosa al público inversionista”. Todo empeoraría si la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC) decide intervenir de oficio, al amparo de las estrictas leyes antifraude de ese país.

En la tarde del viernes un grupo de fiscales intervino las oficinas de Graña y Montero, para recabar toda la información posible sobre los contratos que suscribió con Odebrecht. En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público indicó que estas diligencias estaban orientadas a esclarecer la investigación de un caso distinto a la concesión de la Carretera Interoceánica. Se trata del Gasoducto Sur, una de las mayores obras de infraestructura en la historia de Perú (contempla una inversión de más de 7.300 millones de dólares). La operación ha quedado en suspenso luego de que el consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero y la española Enagás la perdiera, al vencerse el plazo para el financiamiento. Como consecuencia, el Estado peruano ejecutó la mayor penalidad de la historia, 262 millones de dólares.