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Bruselas forja un plan para deportar a más indocumentados

La Comisión Europea pide a los Estados que amplíen los plazos de detención de migrantes

Migrantes africanos a bordo de un barco de la ONG española Proactiva Open Arms, que los rescató el pasado jueves cerca de Libia. AP

Bruselas pisa el acelerador con las expulsiones de migrantes. En un contexto político marcado por las elecciones en Francia y Alemania, la Comisión Europea discute este miércoles un plan para acelerar las deportaciones. El documento insta a elevar el número de retornos aunque para ello haya que recurrir a la retención de personas con orden de expulsión. Muchos países europeos fijan plazos máximos de internamiento inferiores a los que permite la normativa europea. “Esos cortos periodos de detención evitan que haya expulsiones eficaces”, apunta la Comisión, que pide mejoras concretas para junio próximo.

Europa lleva tiempo presentando el debate migratorio en forma de disyuntiva: proteger a los refugiados que huyen de persecuciones o permitir la estancia a los migrantes sin papeles. El Ejecutivo comunitario considera que, para volcarse en la atención de los demandantes de asilo, la UE debe expulsar con celeridad a quienes no requieren protección internacional. La propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, hace especial hincapié en una medida que la directiva europea de retorno contempla como último recurso: la retención del migrante. Los detalles se presentarán públicamente mañana jueves.

Bruselas recomienda reforzar este instrumento para todos los colectivos distintos de los refugiados. Eso afecta a los extranjeros que han visto rechazada su solicitud de asilo y a quienes han entrado o permanecido irregularmente en países comunitarios. El objetivo es elevar el porcentaje de deportaciones. Solo el 36% de las personas con órdenes de expulsión regresan a sus países, según datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE.

La iniciativa insta a elevar hasta seis meses el periodo máximo inicial para retener a un migrante con riesgo de fuga. También a usar la posibilidad que ofrece esa norma de extender la privación de libertad a 18 meses en casos excepcionales. “La detención puede ser un elemento esencial para mejorar la eficacia del sistema de retorno de la Unión”, argumenta el texto. Y reprocha a los Estados que sus topes sean “significativamente más cortos que el que permite la directiva y que resulta necesario para completar el proceso de retorno con éxito”.

Internamiento prolongado

La mayoría de socios comunitarios rechazan aplicar el internamiento prolongado, aunque algunos como Hungría sí tienen en sus normas los plazos máximos. En España y Francia, el límite son 60 días. En el caso español, la decisión siempre la adopta un juez. Y las autoridades no prevén elevar los topes porque la estancia ilegal es una infracción administrativa, no un delito, por lo que penas mayores serían desproporcionadas. Un estudio de la Red Europea de Migración, integrada por la Comisión y los Estados, revela que las estancias medias en centros cerrados quedan muy por debajo del máximo legal. En Alemania duran alrededor de un mes; en Francia, 12 días; en Reino Unido, entre 29 y 60 días, aunque estas cifras pueden haber crecido en los últimos años de presión migratoria (los datos más recientes del estudio son de 2013).

La recomendación se extiende incluso a un colectivo particularmente sensible: los menores no acompañados. “Los Estados no deberían excluir en sus legislaciones la posibilidad de detener a menores, cuando sea estrictamente necesario para asegurar la aplicación de una decisión de retorno si es que los Estados no pueden asegurar medidas menos coercitivas”, precisa el documento. Junto a esas cautelas, el Ejecutivo comunitario reclama que, al evaluar estos casos, siempre se sopese “si el retorno del menor no acompañado a su país de origen y la reunificación con su familia es lo que más le conviene”. La Comisión cree que prohibir directamente la detención de menores, como hacen buena parte de los países (entre ellos España y Francia), puede “incitar a menores no acompañados a embarcarse en un viaje peligroso para alcanzar la Unión”.

Con esta propuesta, el brazo ejecutivo de la UE pone el acento en el eslabón más débil de la cadena: el migrante que ha recibido una orden de expulsión. Poco se dice sobre la aceleración de los trámites consulares, pese a que una de las principales causas por las que fracasan las deportaciones es la negativa de los países de origen a aceptarlos. Bruselas entiende que con un periodo más extenso de internamiento, los Estados podrán prolongar las gestiones con esos Estados para que acaben aceptando a sus ciudadanos.

El Ejecutivo comunitario no duda en aconsejar que se recurra a las opciones que ofrece la directiva de 2008 —en su momento popularizada como directiva de la vergüenza— para derogar determinadas garantías. Especialmente “cuando los países afronten una presión migratoria significativa”. El año pasado entraron irregularmente 511.371 personas en la UE. Aunque se trata de una de las cifras más elevadas de la serie, representa una reducción del 72% respecto a 2015. Ese giro obedece a la caída en picado de asilados llegados a Grecia tras el acuerdo migratorio UE-Turquía.

Sanciones para quienes no cooperen

La propuesta de la Comisión anima a los Estados miembros a contemplar sanciones a los migrantes cuando “obstruyan intencionadamente el proceso de retorno”. Bruselas orienta la presión sobre el extranjero irregular al sugerir que abundan los casos en los que la persona con orden de expulsión alega problemas médicos para evitar el retorno. El procedimiento establece que siempre se evalúe la condición física del candidato antes de tomar la decisión.

Más allá de exigir control al extranjero sin papeles, el Ejecutivo comunitario sabe bien que los expedientes de expulsión requieren mucha dedicación de las autoridades nacionales (recursos policiales y judiciales) para resultados bastante inciertos. En ese ámbito, propone a los Gobiernos que aseguren la existencia de “un número suficiente de personal entrenado y competente” que dé respuestas rápidas, “si es necesario, sobre la base de 24 horas, siete días a la semana”.

Para evitar las estancias irregulares, Bruselas sugiere desplegar más agentes en las fronteras exteriores de la UE de manera que denieguen la entrada o emitan allí mismo órdenes de expulsión a quienes no reúnan las condiciones de acceso.