Irlanda del Norte acude a las urnas bajo la sombra del ‘Brexit’
Los sondeos pronostican un castigo al mayoritario partido unionista en unas elecciones provocadas por la dimisión del viceministro principal Martin McGuinness
Irlanda del Norte acude este jueves a las urnas a elegir a los 90 miembros de su asamblea legislativa, 18 menos que en anteriores comicios, en una medida destinada a reducir costes en la más pobre de las cuatro naciones que componen Reino Unido. La elección, la segunda en 10 meses, se celebra debido a la dimisión del viceministro principal, el histórico dirigente nacionalista del Sinn Féin Martin McGuinness, en protesta por un escándalo en un programa de incentivos a las energías renovables que salpica al socio mayoritario del Gobierno, el Partido Democrático Unionista (DUP, en sus siglas en inglés).
El Ejecutivo de Belfast tiene que estar formado conjuntamente por nacionalistas y unionistas. Una vez constituida la asamblea, los mayores partidos unionistas y nacionalistas deben entenderse y formar Gobierno.
Los sondeos pronostican una pérdida de escaños para el DUP de la ministra principal, Arlene Foster, golpeado por el mencionado escándalo, que se calcula que costará al contribuyente 500 millones de libras (583 millones de euros). También su apoyo al Brexit duro, en una parte del país que votó mayoritariamente por la permanencia, puede minar el apoyo a un partido que obtuvo el 29% de los votos en las elecciones de mayo del año pasado. Algunos lo sitúan incluso por debajo del nacionalista Sinn Féin, que obtuvo el 24% en 2016.
En cualquier caso, el rencor entre los dos partidos, actuales socios, podría hacer que las negociaciones para una nueva coalición se demoren durante meses. La vuelta al mandato directo desde Londres, algo que el ministro de Irlanda del Norte ha insistido en que no sucederá, es una posibilidad que sigue abierta en el caso de que las dos formaciones no logren entenderse. Eso, unido a una eventual vuelta de la frontera con la República de Irlanda tras el Brexit, podría tener efectos desestabilizadores para el proceso de paz abierto tras el Acuerdo de Viernes Santo, que acabó en 1998 con 30 años de violencia.
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