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Un duro crítico de Venezuela, nuevo canciller de Brasil

Muy combativo con la política externa del PT, Aloysio Nunes es investigado por acusaciones de un condenado en el 'caso Petrobras'

El senador Aloysio Nunes.
El senador Aloysio Nunes.Marcelo Camargo (Ag. Brasil)

El presidente Michel Temer  ha nombrado este jueves como nuevo canciller de Brasil al senador Aloysio Nunes Ferreira, un duro crítico del Gobierno de Venezuela y uno de los activos líderes en el Parlamento del juício político que depuso a la expresidenta Dilma Rousseff en 2016. Nunes Ferreira va a sustituir a José Serra, quien dejó el cargo hace diez días por problemas de salud.

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Nunes Ferreira, abogado de 71 años, es un experimentado político del centro-derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), organización a la que también pertenecía su antecesor Serra. Su nombramiento responde a la necesidad de Temer de mantener la cuota de esa formación política dentro del Gobierno y asegurarse un apoyo parlamentario estable en medio de la permanente crisis política brasileña, agitada por las revelaciones de la trama corrupta de Petrobras y Odebrecht.

El senador, que fue candidato a vicepresidente de Brasil por su partido en 2014, asciende al cargo respaldado por sus años frente a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado. Incluso antes de la caída de Dilma Rousseff, el nuevo ya usaba su influencia para tender puentes con Estados Unidos y buscar apoyo al futuro presidente Temer. Sin embargo, como buena parte de la clase política de Brasil, no esta libre de problemas con la Justicia. Nunes Ferreira está siendo investigado en el Tribunal Supremo de Brasil por la acusación de haber recibido contribuciones ilegales para su campaña. Él ha sido citado por uno de los arrepentidos de la causa que colabora con la Justicia, Ricardo Pessoa, dueño de la firma constructora UTC. La investigación está bajo secreto judicial y el nuevo canciller niega cualquier irregularidad.

Como Serra, el nuevo canciller se ha destacado por hacer contumaz oposición a la política exterior de los Gobiernos izquierdistas de Lula y Dilma, especialmente a la proximidad de Brasilia con los países del eje bolivariano liderado por Venezuela. Por lo tanto, la llegada Aloysio Nunes no debe alterar sustancialmente el rumbo del Itamaraty, como es conocido el Ministério de Relaciones Exteriores de Brasil, un puesto  rodeado de desafíos, afectado por el momento a la baja del país en el panorama internacional. Además de la continuada crisis económica, la política exterior brasileña apuesta por una mayor apertura comercial en un momento agitado por el neoprotecionismo de Donald Trump. En lo positivo, cuenta con la alianza estratégica con el Gobierno aliado de Maurício Macri, en Argentina. Ppero ambos países tienen que lidiar con el drama político-humanitario de la Venezuela de Nicolás Maduro, suspendida del Mercosur.

Ex-guerrillero

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Senador en su primer mandato, Nunes Ferreira tiene larga lista de posiciones públicas por el PSDB. Fue ministro de Justicia con el presidente Fernando Henrique Cardoso(2001-2002), vicegobernador del Estado de São Paulo y diputado en dos períodos. Su primer puesto diplomático, sin embargo, lo ocupó en 1968 en París, como representante del grupo guerrillero Acción Libertadora Nacional (ALN), de resistencia a la dictadura brasileña (1964-1985). Así como su actual opositora política Dilma Rousseff, también participó de célebres acciones de la lucha armada de entondes. Él fue chófer del principal líder de la ALN, Carlos Marighella y, poco antes de partir para Francia, participó, conduciendo un coche robado, del asalto a un tren que transportaba dinero. Solo volvería al Brasil en 1979, con la amnistía a los perseguidos políticos que marcaría el comienzo del fin del régimen militar brasileño.

A pesar de formar parte de la línea socialdemócrata de los fundadores del PSDB, el nuevo ministro coqueteó en los últimos años con el electorado más a la derecha de su partido. Propuso, en el Senado, la reducción de la mayoría penal de 18 a 16 años en caso de crímenes de especial gravedad, un proyecto criticado por defensores de los derechos humanos.

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