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La ONU acusa a Turquía de “graves violaciones” de derechos humanos en el conflicto kurdo

El informe del Alto Comisionado indica que han muerto 2.000 personas y hasta 500.000 han tenido que abandonar sus hogares

Imagen de la destrucción provocada en el distrito de Sur, la Ciudad Vieja de Diyarbakir. A la izquierda, antes de los bombarderos. A la derecha, después.
Imagen de la destrucción provocada en el distrito de Sur, la Ciudad Vieja de Diyarbakir. A la izquierda, antes de los bombarderos. A la derecha, después.

Torturas, desapariciones forzosas, asesinatos, incitación al odio, negación del acceso a cuidados médicos, agua y comida, expropiaciones ilegales, violencia sexual contra las mujeres… son sólo algunos de los crímenes y delitos de los que acusa a Turquía un duro informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que acusa al Gobierno de Ankara de “graves violaciones” en la región suroriental del país, de mayoría kurda. Allí, el conflicto entre el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad se ha recrudecido desde julio de 2015, un periodo en el que, según cifras de la ONU, han fallecido 2.000 personas, parte de ellas a causa del “excesivo uso de la fuerza”, como “el bombardeo con artillería pesada y tanques en áreas densamente pobladas”.

El informe precisa que de las 2.000 personas muertas durante el conflicto, aproximadamente 1.200 son residentes en la zona –aunque no puede especificar cuántos son combatientes y cuántos civiles- y otras 800 son miembros de las fuerzas de seguridad. El documento cita fuentes gubernamentales, que informan de que 323 civiles y 799 agentes de seguridad murieron en el periodo comprendido entre julio de 2015 y diciembre de 2016. Además, indica que 2.040 civiles y 4.428 policías o soldados han resultado heridos. Otros recuentos independientes, como el hecho por el think-tank International Crisis Group, eleva la cifra de muertos a 2.585, de los cuales 385 son civiles, 886 miembros de las fuerzas de seguridad, 1.095 militantes del PKK y 219 jóvenes cuya adscripción al grupo armado no se ha podido demostrar.

El informe detalla que entre 335.000 y 500.000 personas, la mayoría de origen kurdo, han sido desplazadas de sus hogares en más de 30 localidades, algunas de las cuales han sido arrasadas como muestran las imágenes por satélite incluidas en el informe. Por ejemplo, en la localidad de Nusaybin 1.786 edificios han resultado severamente dañados, mientras que en la zona oriental del distrito de Sur (Diyarbakir), el 70 % de los edificios “fueron sistemáticamente destruidos” por la artillería. Al contrario de lo que ocurrió en la década de 1990, cuando los combates entre el PKK y el Ejército obligaron a emigrar al oeste de Turquía a cientos de miles de kurdos, esta vez los desplazados por el conflicto se han quedado en la región: en barrios o localidades cercanos a sus hogares destrozados, según han confirmado varias fuentes locales a EL PAÍS. Aunque el Ejecutivo turco ha comenzado a reconstruir algunos de los barrios destruidos, sus habitantes se quejan de que la opacidad con que se están llevando a cabo los trabajos.

"Estoy particularmente preocupado porque no se ha iniciado ninguna investigación creíble sobre el supuesto asesinato de cientos de personas, incluyendo mujeres y niños en un periodo de 13 meses, entre julio de 2015 y agosto de 2016", denuncia el alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, según un comunicado. "Sobre todo porque no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes", agrega. Concretamente, el informe habla del caso de 189 personas en Cizre, incluidos niños, que estuvieron atrapados en los sótanos de varios edificios durante semanas sin los elementos básicos para sobrevivir, y que después murieron tras ser atacados con armamento pesado. "La posterior demolición de los edificios destruyó evidencias y ha impedido que se pueda identificar los restos", precisa el texto.

Otro ejemplo que relata el informe para ilustrar cómo las autoridades turcas han bloqueado cualquier intento de investigación sobre estos hechos es el caso de una mujer a la que se imputó el delito de “terrorismo” por intentar abrir un proceso judicial contra los presuntos culpables de la muerte de su hermana en una de las operaciones de las fuerzas de seguridad turcas en la región kurda.

A pesar de las repetidas solicitudes de acceso a la región por parte del Alto Comisionado desde que la violencia comenzó en 2015, el Gobierno turco se ha negado rotundamente a que se verifique de forma independiente lo que sucede en la zona. Ante este bloqueo, los expertos han tenido que elaborar su informe mediante entrevistas confidenciales y fuentes abiertas, así como imágenes de satélite.

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