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Israel se enroca en sus fronteras e intenta silenciar a las ONG pacifistas

Una batería de leyes del Gobierno derechista de Netanyahu amenaza las expresiones de disidencia

Dos años después de las elecciones que desembocaron en la formación del Gobierno más derechista en la historia de Israel, una batería de reformas legales amenaza con amordazar las expresiones de disidencia, en especial las de las ONG pacifistas y grupos que aspiran a ser la conciencia crítica del Estado Hebreo sobre la ocupación de territorios palestinos, próxima a cumplir medio siglo. La última muestra de esta legislación restrictiva se ha plasmado esta semana en la aprobación por la Knesset (Parlamento) de una enmienda que deniega el visado de entrada al país a los extranjeros que llamen al boicot de Israel o de los asentamientos judíos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. REUTERS

“Nosotros estamos en contra de todo boicot, pero constatamos que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha puesto en marcha un proceso de deslegitimación de quienes no piensan igual que el poder”, sostiene Avner Gvaryahu, destacado integrante de Breaking the Silence (BTS), una organización de soldados veteranos israelíes que denuncia abusos cometidos por el Ejército. BTS diseñó el año pasado la gira por Israel y Palestina del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que se plasmó en la serie de reportajes “Estragos de la ocupación israelí” publicada por EL PAÍS. “Nos quieren imponer la ley del silencio”, alerta este antiguo militar, que en 2015 apareció en un vídeo de acusaciones a las ONG difundido en Facebook por grupos de la ultraderecha. Desde entonces sufre amenazas.

El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, del partido Likud de Netanyahu, sostiene que “cada país tiene el derecho a determinar quién entra a través de sus fronteras”. “En los últimos años han crecido los llamamientos al boicot de Israel. Este es un nuevo frente en una guerra que hasta ahora el país no había abordado convenientemente”, rezaba la página web de la Knesset tras la aprobación de la ley.

Frente a una política de décadas de invitaciones a visitar el país a figuras de las artes o el deporte y líderes de opinión para promocionar la imagen de un Israel que aspira a ser moderno, innovador y democrático, el Gobierno de Netanyahu parece enrocarse ahora de puertas para adentro. La medida de veto en las fronteras no ha solo ha sido criticada por la izquierda, sino que ha sido recibida con inquietud entre sectores políticos moderados a causa de las consecuencias negativas que pueda tener para los intereses internacionales del país.

The Jerusalem Post, un diario de perfil conservador y habitualmente cercano al Gobierno de Netanyahu, ha cuestionado en un artículo editorial una norma que, “a causa de su ambigüedad, tiene el potencial de hacer más daño que bien” al Estado judío, deja la decisión de cerrar las puertas del país en manos de “funcionarios de bajo nivel” y “envía el mensaje equivocado de existe algo que ocultar”. El diputado de Unión Sionista (centro-izquierda), Manuel Trajtenberg, de origen argentino, ha considerado que un “compromiso constructivo" con los colectivos favorables al boicot es opción más razonable para lidiar con la cuestión.

Paradojas de la ley

Con esta legislación en la mano puede producirse la paradoja de que un judío estadounidense o español opuesto a la ocupación y que haya suscrito un manifiesto en contra de los productos exportados desde las colonias en Cisjordania —algo habitual en el ala más liberal de la diáspora— sea rechazado en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv si viaja como turista. Pero si quiere emigrar al amparo de la llamada ley del retorno, que concede la nacionalidad a los judíos que quieran asentarse en Israel, el mismo agente de fronteras estará obligado a franquearle el paso.

En los últimos meses ha entrado en vigor un rosario de reformas legislativas, como la de declaración de las fuentes exteriores públicas de financiación, que es visto por los sectores progresistas de la sociedad civil como una operación política diseñada para apagar las voces críticas. Creen que el objetivo final es restringir las actividades de las más de 70 ONG israelíes que cuestionan la política del Gobierno sobre los asentamientos y denuncian los abusos cometidos. Este es el caso de B´Tselem, que difundió hace un año el vídeo que mostraba a un soldado israelí que remató de un disparo en la cabeza a un atacante palestino que yacía malherido en Hebrón (sur de Cisjordania). El militar fue juzgado y condenado por homicidio a una pena de 18 meses de cárcel.

Cerrar el paso a quienes se hayan pronunciado a favor del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) al Estado de Israel —o a “un área bajo su control”, en una clara alusión a las colonias— no cambia la situación de hecho. Las autoridades israelíes ya disponían de recursos legales para expulsar a aquellos que consideren hostiles al Estado judío.

El pasado día 2, antes de que se produjera la votación de la ley en la Knesset, fue rechazado en la frontera de Ben Gurion el director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para Israel y Palestina, el estadounidense Omar Shakir. Años atrás había hecho campaña a favor del BDS, tras comparar la situación bajo la ocupación israelí a la de Suráfrica en la época del apartheid. Citado por el portal informativo The Times of Israel, el portavoz del Ministerio de Exteriores Emmanuel Nahshon justificó la decisión de prohibir la entrada a Shakir al calificar a HRW, una de las principales ONG mundiales de defensa de los derechos humanos, como “organización manifiestamente antiisraelí, cuyos informes tienen el único objetivo de perjudicar a Israel al margen de la verdad o la realidad”.

En un reciente editorial, The New York Times —que sigue de cerca la información sobre el Estado hebreo y es medio de referencia para la comunidad judía norteamericana— argumentaba que esta ley de control en la frontera “proyecta una imagen de Israel como país hostil a todo aquel que no este de acuerdo con la ocupación y los asentamientos”.

“En otras palabras, quien piense que los asentamientos perjudican a Israel no podrá entrar al país”, razonaba a su vez la columnista Sima Kadmon en el diario Yedioth Ahronoth, el más vendido de la prensa israelí. “El Gobierno y la Knesset se han implicado en la aprobación de una larga serie de leyes que están empezando a cambiar la naturaleza de un Estado que se define como el único democrático de Oriente Próximo”, apostillaba la analista política.

El líder del partido Hogar Judío, Naftali Bennett, advirtió durante el debate en la Knesset de que la norma es “lógica y necesaria, ya que permite a Israel defenderse de aquellos que quieren causarle mal”. Los nacionalistas religiosos de Bennett integran la coalición del Gobierno de Netanyahu junto con ultraderechistas, conservadores y ultraortodoxos judíos. El Ejecutivo alega que la legislación da respuesta a una amenaza estratégica contra Israel que hunde sus raíces en el antisemitismo. Para ello contó el año pasado con un presupuesto oficial de 30 millones de euros destinado a combatir al movimiento BDS.

Libertad de expresión

Desde las ONG se replica que la ley “viola los principios democráticos y la libertad de expresión”. Así lo sostienen la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles en Israel y Adalah, centro de defensa de los derechos de la minoría árabe, que supone una quinta parte de la población del país. Para la abogada Sawsan Saher, una de sus responsables de esta última organización, “se trata de un hito más en la ola de legislación del Gobierno más la derecha de la historia, y que amenaza con condenar a Israel al aislamiento al impedir la disensión política”.

Paz Ahora, organización fundada por el escritor Amos Oz junto con otros intelectuales advierte de que la nueva norma “va a deteriorar el apoyo internacional a Israel”, al tiempo que alerta del riesgo de desmembramiento de familias palestinas que viven a caballo entre Israel y Jerusalén Este, anexionado tras la guerra de 1967.

El politólogo y portavoz diplomático palestino Xavier Abu Eid, destaca además que, de conformidad con los Acuerdos de Oslo, Israel tiene a su cargo el acceso a las fronteras palestinas, excepto la de Rafah, en Gaza, que Egipto solo abre ocasionalmente. “La nueva ley aprobada es una vuelta de tuerca sobre la colonización ilegal de Palestina”, apostilla Abu Eid, quien recuerda que al lingüista norteamericano de origen judío Noam Chomsky ya le fue denegada la entrada en 2010 cuando intentaba cruzar la frontera desde Jordania por el puente Allenby para pronunciar unas conferencias en la Universidad del Bir Zeit, cerca de Ramala.

“Cada incidente en el que un partidario del boicot sea rechazado en el aeropuerto de Ben Gurion tras haber sido interrogado sobre sus declaraciones e ideas puede ser otro clavo más en el ataúd de la imagen de Israel como país abierto, democrático y racional”, augura Chemi Shalev, delegado del diario Haaretz en Estados Unidos.