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El Congreso colombiano aprueba la creación de la justicia especial para la paz

Con 61 votos contra dos, fue avalado el mecanismo al que se someterán excombatientes, tanto guerrilleros como militares

Proceso de paz Colombia
Un grupo de guerrilleros a su llegada a la zona veredal de Pondores, en La Guajira, al norte de Colombia.

La columna vertebral del acuerdo con las FARC pasó la prueba más difícil. El proyecto, impulsado por el Gobierno, que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue aprobado por el Congreso colombiano con una importante mayoría a favor. Tras más de siete horas de debate, la votación fue contundente: 61 votos contra dos. No fue fácil, sin embargo, superar este punto, que el presidente Juan Manuel Santos ha llegado a llamar como ‘clave’ para implementar el acuerdo de paz con las FARC. El expresidente Álvaro Uribe por un tema de salud no estuvo presente en la jornada, pero su partido, el Centro Democrático, fue el único que se apartó de la votación.

“Yo le pido al Congreso, le pido al Senado que allá estén presentes todos. Todos tienen que estar presentes porque es una de las votaciones más importantes”, dijo Santos, horas antes de la discusión en el Parlamento. Su súplica tenía como antecedente las jornadas que días atrás no avanzaron por el ausentismo. Las FARC también habían mostrado su preocupación ante el poco avance que tuvo el debate en anteriores sesiones, lo que motivó a que sus líderes exigieran la aprobación. “Esperamos que el Congreso apruebe la JEP. Esta obra fundada en la verdad y la restauración será garantía de nuestro derecho a la paz”, escribió en su cuenta de Twitter Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de la guerrilla. El Gobierno tampoco estaba tranquilo. La mayoría de ministros estuvieron presentes en el recinto y el fiscal Néstor Humberto Martínez fue una de las voces que más se escucharon.

La JEP tendrá una competencia temporal y permitirá esclarecer, juzgar y sancionar a excombatientes, guerrilleros y militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El propósito de este sistema de justicia es que las víctimas estén en el centro de los procesos.

La verdad, la justicia, la reparación y la búsqueda de desaparecidos son los pilares que se plantearon con la creación de esta jurisdicción especial, que detalló que tendrá competencia sobre los casos de los miembros de las FARC que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre de 2016. El sistema estará conformado por una comisión de la verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP, que podrá dictar tres tipos de sentencias. Los guerrilleros que reconozcan delitos muy graves tendrán una pena de hasta ocho años en condiciones especiales. Quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad serán condenados a penas de hasta de 20 años.

“Ocho millones de víctimas, si no nos conmueve en el corazón vivir en un país que tiene esas víctimas, qué otra cosa nos puede llevar a buscar caminos de solución a las dificultades del país”, dijo el senador Horacio Serpa, del Partido Liberal, que repitió que no habrá impunidad, uno de los grandes temores de quienes se oponen al proceso de paz. “La JEP es un imperativo para hacer tránsito a la reconciliación sin impunidad. No puede ser, ni será impune”, agregó el fiscal.

Durante el debate se defendió la importancia de la autonomía de esta justicia transitoria, la composición de órganos como las salas que conformarán la jurisdicción especial y la participación en política de los miembros de las FARC. “Una comisión para la verdad con autonomía es lo que necesita la patria para cicatrizar lo vivido”, destacó el senador Jorge Iván Ospina, hijo de Iván Marino Ospina, excomandante de la guerrilla del M-19. Las víctimas tendrán el acompañamiento de la Procuraduría, que fue incluida en última instancia dentro de la jurisdicción especial con ese único papel. Aunque algunos, como el congresista de izquierda Iván Cepeda, temen que pueda ser obstructor a la JEP.

Claudia López, una de las fervientes defensoras del proceso de paz y del sí en el plebiscito, sorprendió esta vez con su voto negativo que argumentó en lo que ella considera una “injusticia” que los militares vayan a tener responsabilidad de mando, mientras que con las FARC no funcionará igual. “Habrá una inseguridad jurídica al proceso de paz. Si a un militar lo condena la Corte Penal Internacional por 20 o 30 años por ser corresponsal de una ejecución extrajudicial (falso positivo), mientras que las FARC terminan amnistiados, así no hay posibilidad de que haya reconciliación en Colombia”.

La senadora López habla del apartado dedicado a los agentes del Estado. En este se establece que los comandantes serán juzgados por delitos cometidos por sus subordinados. El proyecto también señala que se garantizará la no extradición para los integrantes de las FARC, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final y que se acojan a la justicia para la paz.

La selección de los magistrados que conformarán el tribunal será el próximo paso para consolidar la JEP, que debería estar funcionando para el momento en que las FARC entreguen la totalidad de las armas.

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