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La justicia también paraliza el segundo veto migratorio de Trump

Jueces federales de Hawái y Maryland impiden la puesta en marcha del decreto horas antes de entrar en vigor

Dos mujeres somalíes en el aeropuerto de Nueva York, la semana pasada. En vídeo, Trump reacciona a la paralización judicial de su nuevo veto migratorio.

A la segunda, tampoco. Un juez federal de Hawái falló este miércoles en contra del Gobierno de Estados Unidos y ordenó que no entre en vigor el nuevo decreto sobre inmigración de Donald Trump. Esta era la nueva versión del veto migratorio que provocó el caos en los aeropuertos y fue paralizado por un juez de Seattle. Debía entrar en vigor en la medianoche de este miércoles. No lo hará porque el juez ha concedido la medida cautelar pedida por el Estado de Hawái para que no se aplique hasta que se resuelva la demanda contra él. El jueves por la mañana, otro juez de Maryland emitió la misma sentencia.

El presidente estadounidense afrontaba una prueba de fuego. Quería evitar el tumulto de la anterior orden ejecutiva que acabó paralizada por la justicia. La Administración republicana había tratado de evitar errores con el nuevo texto. En vez de recurrir la suspensión de la norma original por parte de un juez de Seattle, el Gobierno había impulsado una nueva versión más moderada y ha bajado el tono dialéctico.

Sin embargo, el juez Derrik K. Watson, de Honolulu, hizo suyos los argumentos con los que el juez James Robart, de Seattle, concedió al Estado de Washington la paralización del primer decreto migratorio. Aunque este segundo decreto es menos agresivo que el anterior en sus consecuencias prácticas, básicamente porque no se aplica con efecto retroactivo a todos aquellos que ya tienen concedidos visados, el magistrado entiende que los argumentos de fondo cuestionan la constitucionalidad del texto.

La prohibición es más acotada que la anterior, que se implementó inmediatamente sin que los agentes fronterizos supieran exactamente cómo aplicarla. Pero la tesis ideológica detrás del veto es la misma que atizó Trump en campaña: el supuesto peligro, no demostrado, que entraña para EE UU la entrada de refugiados e inmigrantes musulmanes.

Como en el caso del Estado de Washington, en el que el Gobierno recurrió hasta la Corte de Apelaciones de San Francisco y después declinó seguir batallando, el juez Watson no entra a valorar el fondo de la orden ejecutiva. Lo que hace es conceder una medida cautelar, una Orden de Restricción Temporal (TRO, en sus siglas en inglés) mientras procede el juicio. Para tomar esta decisión el juez entiende que los demandantes tienen posibilidades de ganar en su denuncia de inconstitucionalidad y, además, que los perjuicios causados por el veto migratorio en caso de entrar en vigor serían graves e irreparables.

El fiscal general de Hawái, Douglas Chin, el miércoles en Honolulu.
El fiscal general de Hawái, Douglas Chin, el miércoles en Honolulu. AP

El Estado de Hawai argumenta de nuevo que el decreto supone un perjuicio para su sistema universitario, daña su principal fuente de ingresos que es el turismo y, sobre todo, supone una discriminación contra los musulmanes. En este punto, como hizo Washington, Hawái utiliza las propias palabras de Trump y su equipo, que dieron a entender que el veto migratorio era el “veto total a musulmanes” que le presidente anunció en campaña electoral y luego fue matizando según avanzaba la elección.

En el nuevo texto, la Casa Blanca argumentaba que no se trataba de una norma antimusulmanes, ya que “los seis países afectados representan una pequeña parte de los 50 países de mayoría musulmana y tienen menos del 9% de la población musulmana global”.

El juez rechaza de plano este argumento: “La falta de lógica de la afirmación del Gobierno es patente. La idea de que uno pueda demostrar el ánimo contra cualquier grupo de personas solamente si apunta a todos a la vez es básicamente errónea. La Corte declina relegar su análisis de no discriminación a un mero ejercicio matemático”.

El veto estaba pensado para ser efectivo a los 10 días de firmarlo Trump en un acto a puerta cerrada, lejos de la parafernalia de su firma del primer decreto, el 27 de enero, cuando prometió “mantener a terroristas islamistas radicales” fuera de EE UU. El presidente, que atacó públicamente al juez y le hizo personalmente responsable de cualquier atentado terrorista que sucediera en EE UU, rebajó el tono y cesó en sus ataques.

Trump promete mantener la batalla

Este miércoles, minutos después de conocerse el fallo, en un mitin en Nashville (Tennessee), Trump reaccionó soliviantado a la resolución del juez de Hawái, informa Pablo de Llano. Reivindicó la autoridad legal del presidente para aplicar el veto migratorio y calificó el fallo de "extralimitación judicial sin precendentes". Trump afirmó que seguirá dando la batalla hasta que su orden ejecutiva se implemente: "Vamos a pelearlo hasta el Tribunal Supremo. Vamos a ganar para mantener a nuestros ciudadanos seguros".

Tirando de ironía, Trump preguntó retóricamente a una audiencia entregada: "No pensaréis que el juez ha hecho esto por razones políticas, ¿verdad? ¡Nooo!". A juicio del presidente, el nuevo fallo judicial contra su veto migratorio forma parte de una campaña orquestada por sus opositores políticos y deja "indefenso a nuestro pueblo". "Nos hace parecer débiles", protestó.

En el nuevo veto migratorio, que ahora Trump tendrá que defender en los tribunales, se impide durante 90 días solicitar un visado a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen). Pero en la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.

Se mantiene la paralización durante 120 días del programa de refugiados pero se levanta la suspensión indefinida a los ciudadanos sirios. También se elimina el lenguaje a favor de proteger a minorías religiosas, en una alusión a cristianos en Oriente Próximo, y se enfatiza que el veto responde a motivos de seguridad nacional para evitar resquicios legales sobre una posible discriminación intencionada a musulmanes.

El Gobierno alegaba que no hay ninguna necesidad de paralizar la orden porque no causa “ningún daño inmediato” y sostiene que es “sustancialmente diferente” a la anterior.

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