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El chavismo da marcha atrás y devuelve las competencias a la Asamblea Nacional

El presidente Nicolás Maduro aprovecha la crisis para ofrecer un diálogo a la oposición

Los venezolanos salieron a las calles en Caracas para protestar.
Los venezolanos salieron a las calles en Caracas para protestar. REUTERS

Venezuela amaneció este sábado con una sensación de déjá vu del 11 de abril de 2002. Ese día empezó un golpe de Estado que derrocó durante 72 horas al entonces presidente Hugo Chávez. Esta vez también han sido tres días vertiginosos, de marchas y contramarchas, que han culminado con una promesa de borrón y cuenta nueva por parte del régimen. Acosado por la presión internacional y los reparos de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) accedió a cambiar las sentencias judiciales que usurparon las funciones del Parlamento.

Entre el martes y el miércoles, Nicolás Maduro había sido autorizado por el Tribunal Supremo a revisar la legislación penal, civil y militar porque entendía que el respaldo del Parlamento a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela suponía “una amenaza a la estabilidad del país”. En otra sentencia, también derogada este sábado, el máximo tribunal se arrogaba las competencias del Parlamento “mientras persista la situación de desacato e invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.

La decisión del TSJ se topó el viernes con la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que en una comparecencia sorpresiva aseguró que las sentencias suponían una ruptura del orden democrático. Esa declaración, sumada al silencio de los militares, obligó al régimen a dar marcha atrás. A pesar de eso, el presidente del Supremo, Maikel Moreno, descartó que ambos fallos supusieran el bloqueo del Parlamento ni el desconocimiento de la inmunidad de los parlamentarios. “Esas versiones son tendenciosas y desconocedoras de la soberanía nacional”, afirmó en una rueda de prensa.

Ese paso atrás del Tribunal Supremo, sin embargo, no detuvo a la oposición en el esfuerzo de sumar razones para solicitar la destitución de 13 de sus integrantes, nombrados en una cuestionada decisión en los estertores del mandato del anterior Parlamento. Con ese propósito se concentraron el sábado en su bastión natural del este de Caracas para desde ahí marchar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital.

Es una forma de aprovechar lo que luce como un resbalón del régimen para intentar recuperar la iniciativa política que perdieron en octubre pasado, cuando decidieron suspender las protestas por la celebración de un referéndum revocatorio y sentarse a dialogar con el Gobierno. La oposición no parece dispuesta a dejar que el autogolpe se desvanezca en el fuego de artificio de la aclaratoria del máximo tribunal.

Dudas legales

Algunos abogados expertos en derecho constitucional, mientras tanto, están tratando de diseminar esa idea entre la opinión pública. “La aclaratoria de las sentencias no resuelve la situación que llevó a la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Más bien, tal comunicado viene a evidenciar cómo esa ruptura se mantiene hoy día”, aseguraba el abogado venezolano José Ignacio Hernández.

A su juicio, el comunicado del TSJ, que recoge las recomendaciones hechas desde el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), y “viola los principios más básicos del derecho venezolano”. “Las sentencias”, explica, “no pueden ser corregidas porque ha vencido el lapso para ello”. Y en su criterio el Codena ha actuado fuera de su competencia porque solo puede actuar como un órgano consultor en temas de defensa integral.

Después de tres días de silencio, Maduro quiso mostrarse como el mediador entre los poderes del Estado y a la vez quitarse el estigma de dictador que le confería el tácito acatamiento de las sentencias. Si tiene o no éxito en su propósito es un asunto que está por verse. Por el momento ha aprovechado para reiterarle a sus adversarios su disposición a dialogar con la mediación del Vaticano y de la terna compuesta por los expresidentes del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; Panamá, Martín Torrijos, y República Dominicana, Leonel Fernández. Todos esos esfuerzos han fracasado porque el régimen bloquea cualquier salida a la crisis y se niega a convocar las elecciones regionales por miedo a seguir perdiendo el control. La idea de los acuerdos entre fuerzas opuestas es un verdadero desafío para el chavismo y una oportunidad de reinvención como movimiento político.