19 países declaran en la OEA una violación del orden constitucional en Venezuela

19 países aprobaron este lunes una resolución por consenso para denunciar una “violación del orden constitucional” en Venezuela durante una larga sesión que contó con la participación de sólo 23 naciones de las 34 que forman la Organización de Estados Americanos (OEA). Días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano tomara control del poder legislativo, la decisión simboliza un endurecimiento del discurso hacia el país bolivariano por el ataque a la división de poderes y una creciente intolerancia entre países latinoamericanos por la interferencia a la democracia en Venezuela.

La resolución exige una reinstauración de la separación de poderes —ya que considera que la  devolución de la autoridad a la Asamblea Nacional venezolana el sábado pasado no es suficiente— así como una petición para convocar una reunión a nivel ministerial. Significa un primer paso para explorar otras herramientas diplomáticas con la misión de apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Tras horas de discusión y un intento por parte de Venezuela y sus aliados de suspender la reunión extraordinaria, convocada el pasado viernes, el Consejo Permanente aprobó esta resolución por consenso. La normativa estipula que un documento puede ser aprobado aunque no estén todos los países presentes si ninguno se opone. Cuatro países —El Salvador, República Dominicana, Bahamas y Belice— se abstuvieron.

El embajador de México ante la OEA, uno de los líderes de la iniciativa, declaró después de la sesión que es “un gran paso” y consideró que el éxito es también una muestra de la fortaleza institucional de la organización.

Horas antes, Bolivia, que desde el pasado sábado preside el Consejo Permanente, canceló la reunión para boicotear el encuentro y defender a Venezuela, su gran aliado. Durante horas de negociaciones a puerta cerrada, los países discutieron posibles soluciones sin éxito. A la hora convocada, 23 países miembros acudieron al pleno. Pero Bolivia y otros diez países —la mayor parte de ellos caribeños— no cedieron. El delegado boliviano entró sólo para denunciar que la celebración de la sesión suponía un "golpe de Estado institucional".

El representante de Venezuela insistió en que su país no aceptaría nada de lo que decidiera la cámara pese a que una mayoría de la organización favorecía su celebración. En un intento de afrontar la realidad, el delegado trató de deslegitimar la condena por alteración del orden constitucional afirmando que la devolución de las facultades —de manera parcial— a la Asamblea Nacional solucionaba cualquier tipo de atentado contra la democracia. "Se están imaginando un problema para convocar esta reunión", afirmó el embajador del país bolivariano, que en las últimas sesiones ha insultado y atacado a diversos países por apoyar "una intervención injerentista" su país.