La Corte colombiana pide protección para las venezolanas que ejercen la prostitución en el país
El tribunal exige que se otorguen visas de trabajo cuando se garantice que la actividad sexual se realiza de forma voluntaria
Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántas mujeres venezolanas han sido deportadas de Colombia, tras haber sido halladas ejerciendo la prostitución, la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado por primera vez sobre el tema y pide al Estado que las proteja.
La sentencia del alto tribunal responde a una acción legal promovida desde Chinácota, un pueblo en Norte de Santander en la región fronteriza. Desde allí empezó una pelea judicial por la reapertura de un bar que ofrecía servicios sexuales. Aunque el pleito jurídico no tenía como centro las condiciones de las venezolanas sino el derecho al trabajo de todas las mujeres que ejercían la prostitución en ese lugar, la determinación de la Corte que ordenó reabrir el bar, también abarcó la situación de las cuatro extranjeras que laboran en ese sitio.
“Es necesario que las entidades competentes analicen en concreto el caso de cada una de las personas extranjeras que encuentren realizando actividades de prostitución. No es permisible, ni aceptable, bajo los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona”, aseguran los magistrados en la sentencia conocida en la noche del lunes.
La Corte ha ordenado a Migración Colombia y a la Defensoría del Pueblo, principalmente, que procuren que los migrantes sean protegidos de forma plena, que puedan ejercer sus derechos, obtener la documentación para permanecer en el territorio colombiano y se analice si pueden llegar a ser calificados como refugiados. “En caso tal que personas extranjeras decidan desempeñarse como trabajadores sexuales en Colombia, estas entidades deben apoyarlas en la consecución de sus visas de trabajo y demás documentos que les permitan laborar en forma regular y sin persecuciones o vulneraciones de ninguna clase”, advierte el tribunal. La Corte reitera que el Estado colombiano no puede desconocer las normas internacionales en materia de protección de migrantes, así estas personas se encuentren de forma ilegal en el territorio. Desde el 2015 han sido deportados 2.584 venezolanos que permanecían sin papeles.
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"Se deben valorar las razones por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos que corren si son expulsadas del país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela en caso de ser devueltas", señala el documento. En Colombia, aunque el trabajo sexual es legal no existe un marco jurídico que proteja a las personas que lo ejercen de forma voluntaria. Por eso, la Corte Constitucional insiste en que se regule. El Ministerio de Trabajo ha abierto una convocatoria hasta el próximo 28 de abril para que quienes prestan servicios sexuales en el país se inscriban y hagan parte de la elaboración de una propuesta que permita proteger esta actividad. Las venezolanas no podrán ser excluidas.
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