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Una escuela de Misuri lleva la separación entre Iglesia y Estado al Supremo de EE UU

El caso pone a prueba el historial ultraconservador de Neil Gorsuch, el juez designado por Donald Trump

Misuri
El Tribunal Supremo en Washington. AFP

Una mayoría de jueces del Tribunal Supremo se mostraron abiertos a dar la razón a una escuela religiosa que alega que el Estado de Misuri discriminó en su contra al negarle acceso a fondos públicos para una reforma. El caso, uno de los más importantes del curso judicial, revisará la separación entre Iglesia y Estado así como la financiación de organizaciones religiosas con dinero de todos los contribuyentes. La audiencia de este miércoles cobró aún más relevancia por la presencia del juez Gorsuch, designado por Donald Trump, y cuyo voto puede resultar decisivo.

El Supremo ha esperado más de 15 meses para estudiar esta demanda, hasta que fue confirmado el juez Gorsuch. La corte quería evitar que una demanda de tal relevancia pudiera resultar en un empate, como ocurrió en casos importantes del curso pasado, cuando el bloqueo político dejó al Tribunal con ocho jueces. Ahora Gorsuch puede emitir uno de los votos más cruciales de su carrera nada más incorporarse al cargo y en un caso que tendrá consecuencias más allá de las fronteras de Misuri.

El juez, elegido por Trump por unas credenciales conservadoras de la talla de las de Antonin Scalia —a quien sustituyó en la corte—, apenas hizo dos preguntas en los últimos cinco minutos de la audiencia. Gorsuch no dejó adivinar cuál será su voto en este caso, pero su experiencia anterior hace prever que se posicionará del lado de la escuela luterana que presentó la demanda. En el pasado, el juez conservador ha dictado varias sentencias favorables a grupos religiosos que buscan reducir las barreras entre Iglesia y Estado.

La demanda enfrenta al Estado de Misuri con una Iglesia Luterana que alega haber sufrido discriminación religiosa al serle denegado el acceso a un programa de financiación pública. La querella fue presentada en 2012 y cuestiona si el Estado, que no tiene la obligación de subsidiar actividades religiosas, puede negar fondos públicos sin discriminar exclusivamente contra una religión en concreto. Misuri está atrapado entre esta protección y su obligación constitucional de no discriminar contra grupos religiosos.

Los abogados de la Iglesia Luterana aseguran que eso fue lo que ocurrió cuando Misuri les denegó los fondos para financiar la renovación de su área de recreo. El Estado defiende sin embargo que no ha discriminado contra la escuela por estar afiliada a una Iglesia, sino que cumplió con su obligación de separar a organizaciones religiosas de las seculares a la hora de entregar recursos públicos.

“La escuela utiliza su guardería para acercar a los menores a la fe luterana”, argumentó el defensor de Misuri, James Layton. “Cualquier cambio físico en la zona de recreo puede utilizarse como reclamo para incentivar al centro a buscar la participación de nuevas familias”.

La juez Sonia Sotomayor, una de las más progresistas de la Corte y también la más agresiva este miércoles contra los argumentos de la escuela, preguntó al abogado cómo puede asegurarse el Estado de que, si concede los fondos para renovar un área de recreo, la escuela no decide un día celebrar en ese mismo patio una oración. En ese caso, Misuri estaría incumpliendo la prohibición de financiar actividades religiosas con dinero público. El letrado, David Cortman, reconoció que no había manera de garantizar esa separación.

Los jueces más conservadores como Gorsuch, por el contrario, pidieron al defensor de Misuri que explicara dónde pondría la línea que separa lo que sí puede financiar el Estado en el caso de escuelas afiliadas a un centro religioso, y lo que no. La legislación estadounidense prohíbe entregar fondos directamente para subsidiar actividades religiosas, pero los demandantes en ese caso quieren acceso a ese dinero para reformas en sus terrenos o aumentar la seguridad de sus estudiantes.

La sentencia, que llegará el próximo mes de junio, puede tener consecuencias más allá de Misuri. Los defensores de la escuela argumentan que si el Supremo da la razón al Estado, quedarán en peligro todos los programas de financiación pública que cubren subvenciones de comidas hasta servicios sociales proporcionados por las organizaciones religiosas. En el caso contrario, los abogados de Misuri consideran que darle la razón a la escuela religiosa supondría abrir las puertas a la financiación pública de grupos religiosos que discriminan por cuestiones de género, orientación sexual o religión.

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