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Amnistía Internacional denuncia el riesgo de las comunidades indígenas de Colombia

La ONG duda de la efectividad de las medidas del gobierno para avanzar en el proceso de paz

Mujeres emberas portan a sus hijos.
Mujeres emberas portan a sus hijos.

En una semana fueron asesinados seis indígenas en Colombia. En el Chocó, Cauca y Nariño. Los pueblos Wounan, Nasa y Awá, afectados históricamente por el conflicto, siguen siendo víctimas de la violencia en el país. La ONG Amnistía Internacional advierte que estos asesinatos “generan serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno para avanzar en el proceso de paz”.

En las comunidades indígenas llevan diciéndolo desde hace mucho. Piden que el Estado los proteja y que haya justicia. No quieren más muertos. “Estos crímenes dejan en relieve uno de los principales retos de la implementación del proceso de paz, el de proteger a las comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y garantizar que estos lamentables hechos no queden en la impunidad”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

En opinión de Guevara-Rosas, “la situación de riesgo que atraviesan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante”. La preocupación ha sido secundada por otras organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Colombia. Redpropaz pide acciones urgentes e inmediatas por parte del gobierno nacional para detener la ola de asesinatos de líderes y autoridades indígenas. “Llamamos al presidente Juan Manuel Santos para que brinde una respuesta clara que no dilate más la protección de las autoridades tradicionales, los pueblos Indígenas y sus asociaciones de cabildos”, señalan en un comunicado.

Los recientes asesinatos empezaron el 16 de abril con el crimen de los indígenas Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del pueblo Awá. Ese mismo día se denunció el secuestro de los hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenas Victoria, indígenas Wounan. Unas horas después las autoridades anunciaban que habían encontrado sus cuerpos. A Gerson Acosta, líder del cabildo indígena Kite Kiwe, un sicario le disparó cuando salía de una reunión con su comunidad el pasado 19 de abril. Su caso ha puesto en duda los mecanismos de protección. Acosta contaba con un esquema de seguridad, tras haber recibido amenazas por su trabajo como defensor de derechos humanos y líder de víctimas. Sin embargo, y sin explicaciones hasta ahora, murió baleado.

“El asesinato de Gerson Acosta es el claro ejemplo de la ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades colombianas para asegurar la vida e integridad de líderes y miembros de comunidades indígenas”, señala Amnistía, que advierte que "es hora de que las autoridades colombianas cumplan con sus promesas y protejan adecuadamente a las víctimas del conflicto".

La ONG recalca sobre la situación “definitiva” que atraviesa Colombia para la consolidación del acuerdo de paz firmado en noviembre del año pasado por el Gobierno y las FARC y para el afianzamiento del proceso iniciado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Pero todos estos esfuerzos serán inútiles si no se toman medidas inmediatas para garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables y en riesgo de graves violaciones a los derechos humanos”, advierte.