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La CIDH afea a México el estancamiento del ‘caso Ayotzinapa’

La comisión critica la poca "celeridad" de las autoridades en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la falta de avances en las diferentes líneas de investigación

Familiares de los 43 estudiantes, en una marcha este jueves en la capital.
Familiares de los 43 estudiantes, en una marcha este jueves en la capital.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014 sigue dando que hablar. En una conferencia de prensa ofrecida este viernes en la capital, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para México, Esmeralda Arosemena, ha criticado la falta de avances en la investigación. Es preocupante, ha dicho, "la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación".

Arosemena y Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la comisión, son los encargados de defender las conclusiones del grupo de expertos que investigó el caso sobre el terreno. Amparados por la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, trabajó durante meses en México para tratar de averiguar qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el Estado de Guerrero. Llegaron a México en un intento de investigar los hechos de manera independiente: ya desde el principio, las familias desconfiaban de la Procuraduría General de la República. Salieron a la fuerza, obligados por la negativa del Gobierno mexicano a renovarles el permiso.

En su último informe, presentado en abril del año pasado, el GIEI enterraba definitivamente la credibilidad del Ejecutivo de Enrique Peña Nieto. Después de meses de intrigas y declaraciones cruzadas con los investigadores federales, los expertos acusaban al Estado de obstruir sus pesquisas. Nunca les dejaron, por ejemplo, entrevistarse con los militares de la base de Iguala, muy cercana de donde se llevaron a los estudiantes. Tardaron en entregar información, filtraron otra... “La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso", decía el texto del informe. "La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”.

El choque frontal entre los expertos y el Gobierno venía de antes, de su primer informe, cuando el GIEI desechó las conclusiones de la versión oficial, la célebre "verdad histórica". Los estudiantes, dijeron, no habían sido incinerados en el basurero de Cocula, el pueblo de al lado de Iguala. Al menos no todos. La versión oficial, basada en las declaraciones de los detenidos, la mayoría presuntos integrantes del cartel de los Guerreros Unidos, contemplaba el secuestro de los jóvenes, su asesinato, la hoguera y el traslado de las cenizas a un río cercano. El GIEI decía que no. 

Además de los informes, el grupo de expertos divulgó una serie de recomendaciones antes de salir de México. Uno de los puntos indicaba la necesidad de difundir una narrativa acorde a los hallazgos del GIEI, precisamente una de las faltas que ha detectado la CIDH casi un año después. "La emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero (...) es de preocupación para la comisión". 

Arosema y Abrao han indicado además que sigue sin saberse el nivel de implicación de las fuerzas de seguridad, en concreto el papel del Ejército y de la Policía Federal. Tampoco se sabe quienes son dos personajes clave en la estructura criminal de Iguala, alias El Caminante y alias El Patrón. Se ignora igualmente si lo ocurrido tendría que ver con el tráfico de drogas a Estados Unidos. A partir de los informes del GIEI, esa línea de investigación tomó fuerza, la hipótesis de que Guerreros Unidos habría atacado a los estudiantes, pensando que estos querían usar un autobús que los primeros usaban para mandar droga al norte. 

Los avances que destaca la CIDH son mínimos y tienen que ver con el rastreo de las comunicaciones de aquella noche, la implicación de los policías de Huitzuco, otro pueblo cercano, y la atención prestada a dos estudiantes que sobrevivieron. 

A día de hoy, la sociedad mexicana ignora todavía el destino de los muchachos y el motivo: ¿por qué los mataron?

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