Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La primera huelga contra Temer paraliza servicios esenciales

La falta de transporte trastoca la vida en las grandes ciudades del país durante la jornada de protestas contra las reformas económicas del Gobierno

Autobuses incendiados tras la manifestación celebrada en Río de Janeiro.

La mañana despuntó en el corazón de São Paulo y casi el único movimiento que se podía ver era el de los cientos de personas sin hogar que allí pasan sus días. Comercios cerrados, muy poco tráfico y las bocas de metro desiertas. La imagen se repitió durante unas horas de este viernes en las principales ciudades brasileñas. El primer gran pulso de los sindicatos al Gobierno de Michel Temer para frenar sus reformas económicas logró paralizar los centros de casi todas las grandes urbes, gracias, principalmente, al importante seguimiento de la huelga general en el sector del transporte.

Era la primera protesta nacional contra el Ejecutivo de centro derecha que hace nueve meses asumió el poder tras el impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff. Y también la primera huelga general en el país en 21 años. Convocada por los sindicatos, aunque con adhesiones poco frecuentes como la de una parte de la jerarquía católica, el objetivo de la huelga era que Temer dé marcha atrás en su propósito de reformar el sistema de pensiones y las leyes laborales vigentes desde hace más de 73 años. Las grandes industrias, la banca y los colegios -públicos y privados- han sido los otros sectores en los que ha encontrado más eco la jornada de movilizaciones.

Excepto en Río de Janeiro, el día amaneció sin apenas servicio de metro y autobús en las mayores ciudades brasileñas, empezando por São Paulo, la más poblada, y Brasilia, la capital federal, lo que contribuyó decisivamente a visibilizar la protesta. Urbes como Curitiba, Porto Alegre o Fortaleza ofrecían en amplias zonas del centro un aspecto fantasmal. Las grandes industrias, la banca y los colegios -públicos y privados- fueron otros de los otros sectores que más se adhirieron. El transporte comenzó a reanudarse a partir del mediodía, a la espera de las manifestaciones previstas para última hora. Los sindicatos, sin embargo, no lograron paralizar el tráfico aéreo, pese a los intentos de bloqueo de los aeropuertos por parte de algunos piquetes.

Los piquetes también contribuyeron a alterar la vida cotidiana cortando vías de entrada a las ciudades con pequeñas manifestaciones o barricadas de neumáticos incendiados. Esas acciones provocaron enfrentamientos con la policía. En São Paulo, por ejemplo, fueron detenidas 16 personas. Frente a los sindicatos y los grupos sociales que los apoyaban, se alzó otra clase de bloqueo, un apagón informativo de buena parte de los grandes medios del país en los días previos a la convocatoria. Hasta el punto de que el noticiario de televisión seguido masivamente en todo el país, el Jornal Nacional de la cadena O Globo, no dio una sola información sobre la huelga en su edición de la noche del jueves, cuando ya estaban previstas, como mínimo, importantes alteraciones del transporte. Entre las autoridades que más se distinguieron para frenar la huelga ninguno como el alcalde de São Paulo, João Dória, que prodigó los mensajes en medios y redes sociales contra los huelguistas, a quienes tildaba de "vagos".

Centenares de miles de personas cerraron el día con manifestaciones por todo el país. La marcha más numerosa reunió en São Paulo a unas 70.000 personas, según los organizadores. Pero fue la manifestación de Río la que acabõ concentrando todas las miradas por los violentos enfrentamientos entre la policía y un grupo de anarquistas. Tras caer la noche, los disturbios continuaban en el centro de la ciudad, donde han sido incendiados por lo menos nueve autobuses y varios automóviles.Aunque de mucha menor gravedad, por la noche también se registraron algunos incidentes en São Paulo cuando la policía dispersó con gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes concentrados ante la casa particular de Temer, que a esa hora se encontraba en su residencia oficial en Brasilia.

Temer ha hecho pública una declaración en la que reduce la huelga a la acción de "pequeños grupos que bloquearon autopistas y avenidas" al tiempo que lamenta los "graves incidentes" de Río. El presidente insiste en que continuará con su propósito de "modernizar la legislación nacional" y descarta cualquier diálogo con los sindicatos al advertir que el debate sobre las reformas "se realizará en el marco adecuado, que es el Congreso Nacional".

 Cuando la jornada de huelga todavía estaba arrancando, los brasileños se toparon con una noticia que reflejaba la profundidad de la crisis económica que vive el país. Por primera vez en la historia, Brasil rebasó el número de 14 millones de parados, un 13,2% de la población activa registrada. La cifra es aterradora para un país que durante los Gobiernos de Lula coqueteaba con la idea del pleno empleo. Y donde además se calcula que cuatro de cada diez trabajadores prestan sus servicios en la informalidad, fuera de cualquier registro oficial.

El dato conocido en plena protesta tenía un efecto ambivalente para el Gobierno. De un lado, echa por tierra el discurso triunfalista de Temer, que proclama el inicio de la recuperación económica tras dos años de fuerte caída del PIB. Pero al mismo tiempo servirá para reforzar el argumento gubernamental de que es necesario un cambio legislativo para evitar que el paro siga creciendo.

 

 

 

 

 

El país de los 16.933 sindicatos

La mayoría de los brasileños está de acuerdo en que son necesarias reformas en las leyes del trabajo y en el sistema de pensiones. En el caso de las normas laborales, porque tienen la friolera de 73 años: datan del Gobierno de Getulio Vargas, una especie de Perón brasileño. En lo que respecta a la llamada previdência, porque el sistema de pensiones ha blindado privilegios de colectivos como políticos, jueces o militares. Sin embargo, una amplia mayoría de brasileños –e incluso algunos de los aliados políticos del Gobierno- se opone al modo en que Temer ha planteado las reformas.

Uno de los aspectos menos discutidos de la reforma laboral es la supresión del impuesto sindical. A todos los brasileños se les descuenta un día de trabajo al año para financiar a las organizaciones obreras. Como consecuencia, el país cuenta con 16.933 sindicatos, muchoss de actividad dudosa, una inflación tal que hasta las centrales mayoritarias no se oponen a esta medida. Lo más contestado de la reforma es la legalización del llamado trabajo intermitente y, sobre todo, la posibilidad de que cada empresa suscriba acuerdos individuales con sus empleados fuera del marco de la ley general.

En el caso de las pensiones, se establecen las edades mínimas para jubilarse en 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. También se alarga el tiempo mínimo de cotización, y ese es uno de los aspectos más discutidos: sus críticos alegan que con la elevada informalidad del mercado de trabajo muchos no alcanzarán nunca a cobrar pensión.

Más información