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Israel contrata 20.000 obreros chinos de la construcción para abaratar la vivienda

Pekín impone a Netanyahu que los trabajadores no puedan ser empleados en los asentamientos

Asentamiento de Amona, en Cisjordania.
Asentamiento de Amona, en Cisjordania.

Después de negociar durante dos años con el Gobierno de Pekín la “importación” de 20.000 obreros de la construcción, en el marco de un plan de choque para abaratar el coste de la vivienda en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha acabado aceptando una cláusula política en un convenio de contenido económico. Netanyahu ha asumido tácitamente que los trabajadores chinos no podrán ser empleados en obras situadas más allá de la Línea Verde. Es decir, excluye a Cisjordania, ocupada por el Ejército desde hace medio siglo, y a Jerusalén Este, anexionada al territorio israelí, de un acuerdo internacional.

Las asociaciones que representan a los más de 400.000 colonos de Cisjordania, agrupadas en el llamado Consejo Yesha, han puesto el grito en el cielo al afirmar que “un Gobierno que dice luchar contra el boicot extranjero de la región ha acabado aceptando participar en este boicot”. El actual Gobierno de coalición, considerado el más derechista en la historia de Israel, se ha visto atrapado entre la necesidad de contentar a su base electoral nacionalista y la promesa electoral de frenar el alza de precios en el sector inmobiliario. El coste de la vivienda, tanto de compra como en alquiler, se ha duplicado prácticamente en la última década y se ha convertido en la principal causa de malestar social en el Estado hebreo.

Cientos de miles de ciudadanos se echaron a la calle en 2011 para expresar su indignación por la carestía de la vivienda y el alto coste de los productos básicos. Una comisión parlamentaria estableció entonces que el mercado israelí necesitaba 200.000 nuevas viviendas en los siguientes cinco años para afrontar la demanda con precios moderados.

Exigencia de seguridad

El Gabinete israelí ha preferido presentar la cláusula que impide emplear a los trabajadores chinos en las colonias judías como una exigencia de seguridad de las autoridades de Pekín. De hecho, el texto del acuerdo remite a un anexo en el que se detallan las zonas —situadas dentro del territorio anterior a la guerra de 1967— en las que podrán prestar sus servicios los operarios chinos.

Netanyahu cerró el acuerdo durante una visita oficial a Pekín el pasado mes de marzo. Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino dejó constancia de que “no ha habido cambio de posición en el rechazo a la construcción de asentamientos en territorios palestinos”. Tras ser ratificado el convenio laboral por el Gobierno israelí, está previsto que los primeros 6.000 obreros chinos se incorporen a los tajos a comienzos del verano con un permiso de trabajo de cinco años de duración.

Las cifras oficiales reflejan el desplome del mercado inmobiliario local, que el pasado febrero solo pudo entregar 1.900 nuevos pisos en todo el país, en el nivel más bajo desde agosto de 2015. Los reducidos intereses crediticios han favorecido también la especulación, ya que los inversores buscan refugio en la revalorización del ladrillo. El esfuerzo para la adquisición de una vivienda, el equivalente al salario de unos 12 años de trabajo, figura entre los más altos de los países de la OCDE.

La construcción refleja la complejidad social de la economía en Israel, en auge, aunque con déficit de mano de obra. El sector da empleo a 235.000 trabajadores, según datos de 2016. Entre ellos figuran 20.000 solicitantes de asilo subsaharianos, al igual que 3.500 chinos ya contratados, 2.800 obreros de Moldavia y un millar de Bulgaria.

Israel cuenta con una ingente y cercana reserva de fuerza de trabajo en los territorios palestinos, pero desde la Segunda Intifada (2000-2005) se ha recortado su contratación alegando razones de seguridad. En la actualidad, tan solo unos 45.000 obreros palestinos tienen permiso de trabajo declarado en el sector.