Investigado Álvaro Uribe por posible acumulación irregular de terrenos

El lugar de descanso del expresidente Álvaro Uribe, desde donde frecuentemente graba los vídeos en los que da su opinión sobre el país y se reúne con gente cercana, será investigado. El Ubérrimo, la famosa finca de Uribe, encabeza la lista de predios que la Contraloría General de la República solicitó que sean investigados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta dependencia del Estado tendrá que adelantar las acciones judiciales que podrán terminar con la anulación de las ventas de los predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique la acumulación indebida.

La indagación se originó tras valorar los informes presentados por la Contraloría del sector agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015 para los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia. En este documento se encontraron 33 casos de supuesta acumulación irregular de tierras, que equivalen a 322 predios y que concentran poco más de 123.482.89 hectáreas. Según informó la Contraloría, los resultados ya fueron trasladados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de los funcionarios y particulares que aparecen asociados a cada uno de los casos. El Ubérrimo, ubicado en Córdoba, está compuesto por once predios que representan una extensión de 103 hectáreas.

El expresidente Uribe ha asegurado que "las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal". Su argumento es que el Estado "adjudicó estos predios antes de la ley 160 de 1994", la norma que regula la compraventa de tierras por la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria. "En mi grupo familiar tenemos una explotación agropecuaria de aproximadamente 1.500 hectáreas. El contralor y grupos políticos me acusan de acumulación ilegal de 103 hectáreas que no conforman un predio físico. Están en nueve adquisiciones. Todas fueron baldíos adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares ajenos a mi familia o a mi persona", se defiende Uribe en un comunicado. El expresidente afirma que con estos argumentos acudirá "a todas las instancias judiciales y administrativas" y que no renunciará a la "vocación de empresario honorable del campo, con sentido social". 

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El informe también involucra al ministro de agricultura, Aurelio Irragorri, y a su antecesor Rubén Lizarralde. La investigación, que podría tener consecuencias penales para los involucrados, se da en momentos en que el país intenta poner "orden" al tema de tierras. El gobierno busca en la fase de posconflicto, que se empieza a vivir tras el acuerdo de paz con las FARC, dar un uso correcto al campo. "Que la tierra se utilice para lo que es", ha dicho en una reciente entrevista a ELPAÍS Miguel Samper, director de la ANT. En Colombia, el 70% de la producción ocupa el 5% del área productiva.

El senador Iván Cepeda (Polo Democrático) respaldó la determinación de la Contraloría y recordó que en el año 2013 advirtió sobre la necesidad de examinar la acumulación de tierras por parte de algunos empresarios. Cepeda ha sido uno de los críticos más fuertes de la Ley de tierras, propuesta por el gobierno. Según él, el proyecto “permite entregar los baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria”. Por eso asegura que la decisión de las autoridades que se conoce este martes reitera la inconveniencia de seguir adelante con la propuesta del gobierno que elimina la restricción del artículo 72 de la Ley 160 para la acumulación de baldíos. “Eso no le hace ningún bien al desarrollo rural con un componente más democrático que buscamos y tampoco les hace bien a los campesinos de este país”, ha señalado.