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España, destino de los perseguidos LGTB

Las peticiones de asilo por persecución por orientación sexual han aumentado de manera consistente en España, según ACNUR, aunque el Ministerio no las distingue por motivo

Miguel Edu, solicitante de asilo de Guinea Ecuatorial, esta semana en Madrid.

Miguel Edu estaba a punto de conseguir lo que siempre había deseado. Tenía un buen trabajo, una posición social y, finalmente, acababa de rencontrarse con su madre, a quien llevaba más de dos décadas sin ver. Pero una noche fue suficiente para destrozar una vida entera: no había tenido en cuenta que en su país, Guinea Ecuatorial, la sociedad no tolera la homosexualidad. Cuando su madre le encontró en la cama con su novio, los echó a la calle desnudos y empezó a golpearlos. "Los vecinos, todo el barrio nos pegaba", cuenta este chico de 33 años de ademanes sosegados. "Fue como si un coche me hubiera pasado por encima", enfatiza. Una televisión local grabó la escena y la noticia corrió como la pólvora. Miguel se fue un mes de vacaciones al extranjero para que se calmaran las aguas. No sirvió de nada: cuando regresó le echaron del trabajo y le metieron una paliza tan brutal que acabó en el hospital ingresado. Decidió entonces salir del país de prisa y corriendo. Tras pasar por Camerún voló hasta España, donde pidió asilo. Su novio, Éric, no pudo seguirlo; se suicidó con un cóctel de medicamentos.

Miguel no es el único miembro del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales) en haber pedido protección en España. Aunque no existan datos oficiales —el Ministerio de Interior no desglosa las peticiones de asilo según el motivo—, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo confirman que las solicitudes por persecución por orientación sexual han aumentado de manera consistente en los últimos años. Una fuente de la unidad de protección de ACNUR detalla que están llegando sobre todo peticiones de ciudadanos de Gambia, Camerún, Marruecos, Argelia y, más recientemente, también de Venezuela y Centroamérica.

En 2009, España introduce la persecución por identidad y orientación sexual como motivo para pedir asilo

"España siempre fue un país abierto en este sentido [...]; el primer caso que se reconoció por orientación sexual fue antes de que entrara en vigor la ley de 2009 [que introduce como motivo para pedir protección internacional la persecución por identidad y orientación sexual]", recuerda la misma fuente de ACNUR. "Se podría decir que es un país pionero, pero todavía existen cuestiones de 'calidad' relacionadas con el procedimiento de asilo que necesitan ser abordadas, que afectan a todos los colectivos y aún más al LGTBI".

Ser extranjero, solicitante de asilo, y pertenecer al colectivo LGTBI no es fácil, ni siquiera en un país como España, considerado como el más gay-friendly del mundo según el Pew Research Centre. "Se ha llegado a denegar la protección a solicitantes marroquíes diciendo que podían volver a su país y ser discretos, ocultar su homosexualidad", recuerdan desde la Federación Estatal LGTB (Felgtb). Aunque las organizaciones aseguren que ha habido avances, también insisten en que siguen existiendo obstáculos por el camino, desde falta de herramientas hasta episodios de lgtbfobia en los centros de acogida o la aplicación de categorías estereotipadas por parte de los mismos funcionarios a la hora de evaluar los relatos de los demandantes.   

Aunque el Tribunal de Justicia de la UE puso un límite, en 2014, a las entrevistas que violan la intimidad del solicitante —e intentan "averiguar" cuales son sus prácticas sexuales—, no se fijó un protocolo con pautas concretas a seguir. La semana pasada, Podemos registró en el Congreso el proyecto de ley integral elaborado por la Felgtb y dirigido a garantizar los derechos del colectivo, incluidos los demandantes de asilo. El texto exige que los interesados gocen desde un primer momento de un "ambiente de seguridad y apoyo [...] para que puedan colaborar plenamente y sin miedo con la administración", y reclama que los funcionarios tengan una formación adecuada acerca de las necesidades del colectivo y de la situación en sus países de origen.

Germán, solicitante de asilo venezolano, esta semana en Madrid.

Un relato coherente

Germán (nombre ficticio) viene de Venezuela, un país donde la homosexualidad no es ilegal y hay mucho más activismo LGTBI que en África. "Pero ahí tampoco es aceptada y nunca lo será", argumenta el joven, quien llegó a España el año pasado después de que una pelea, que define como "la paliza de su vida", desembocara en un vórtice de amenazas hacia él y su familia. Con la voz medio rota, cuenta como un grupo de hombres les atacó a él, a su pareja y a un amigo a la salida de una discoteca. "Me robaron el móvil y empezaron a llamar [...]; lograron saber donde vivía y en el edificio de mi casa pintaron unos grafitis que decían 'Germán, maricón, te vamos a matar'". Consiguió denunciar aunque la policía en un principio se negó a recoger su declaración. Pero las intimidaciones no tenían viso de cesar. Decidió entonces cambiar de número de teléfono y de ciudad. "La primera semana fue todo bien, pero luego volvieron las llamadas", asegura. "¿Pensaban que se iban a librar de nosotros? Ya hemos averiguado donde viven", le dijeron. 

La ley no exige "una prueba plena" de la persecución ni pide que se acredite la orientación sexual

Como Miguel, también Germán está a la espera de saber qué pasará con su solicitud de asilo. Ambos participan en unas sesiones psicológicas dirigidas al colectivo LGTBI y organizadas por la Fundación Merced Migraciones. "Aunque pueda haber identidades culturales con necesidades específicas, lo que siempre es común es el trauma", explica Gabriela López, psicóloga del centro. "El problema es que los tiempos psicológicos no consiguen acompasarse con los de la administración", lamenta. Cuando el solicitante de asilo está finalmente listo para contar su historia, quizás haya perdido su oportunidad para convencer a las instituciones de que necesita protección.

Paloma Favieres, coordinadora de servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), confirma que la legislación no exige "una prueba plena" de la persecución que sufre el solicitante de asilo ni pide que se acredite la orientación sexual. "Hay que aportar indicios de que existe un temor fundado y ofrecer un relato coherente", aclara. Pero, ¿cómo demostrarlo? 

Miguel lleva dos años y medio a la espera de que se resuelva su solicitud. Mientras, ha decidido fundar una asociación para ayudar a los homosexuales africanos a tramitar sus peticiones de protección en España, en una clara condena a un continente donde el colectivo LGTBI es marginado y hostigado: en el mundo, la homosexualidad es considerada delito en más de 70 países, la casi totalidad de ellos en África y Oriente Próximo. En otros, como Guinea Ecuatorial, ser homosexual no es ilegal de iure, pero sí de facto

El proyecto The New Arrivals está financiado por el European Journalism Centre con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates