Trump crea una comisión para investigar supuestos casos de fraude electoral
A pesar de ganar las elecciones, el presidente reivindicó sin pruebas que perdió el voto popular por millones de votos fraudulentos
El presidente Donald Trump ha recuperado una de sus iniciativas más polémicas en plena crisis por la investigación de la trama rusa y el despido del director del FBI. Trump ha firmado una orden ejecutiva para que una comisión investigue supuestos casos de fraude electoral en unas elecciones que ya ganó y a pesar de que carece de pruebas significativas para sustentar tal iniciativa. El vicepresidente Mike Pence asumirá el liderazgo de este comité de la Casa Blanca para cumplir una de las mayores promesas electorales de Trump.
Junto a Pence estará también Kris Kobach, secretario de Estado de Kansas y a quien se atribuye la mayoría de leyes de supresión de voto en el país, así como las normativas de inmigración más estrictas de los últimos años. La mayoría de ellas están además bloqueadas por la justicia. La presencia de Kobach en la comisión ha despertado las sospechas de sus detractores ante la posibilidad de que Trump, más allá de investigar supuestos casos de fraude electoral, esté buscando justificar una ley de supresión de voto a nivel federal.
“Además de arrasar en [la votación del] Colegio Electoral, también gané el voto popular si restamos los millones de votos ilegales que hubo”, escribió Trump en Twitter poco después de ganar las elecciones. Antes, en varios años de campaña, ya había adelantado que el sistema electoral “estaba amañado” —para favorecer a su rival, supuestamente— y que si perdía las elecciones se debía a “millones de votos fraudulentos” que atribuía, además, a inmigrantes indocumentados.
Trump prometió una semana después de llegar a la Casa Blanca que abriría una investigación “enorme sobre el FRAUDE ELECTORAL”, tal y como anunció en Twitter, “incluidos los que están registrados para votar en dos Estados, los que son ilegales [indocumentados] y los que siguen registrados después de muertos”. El presidente añadió entonces que cambiaría los procedimientos de voto según los resultados del informe.
Para cumplir su promesa, Trump se ha adueñado de un bulo utilizado por la ultraderecha republicana durante la última década para endurecer los requisitos para registrarse como votante en unas elecciones. Los Estados republicanos han aprobado decenas de leyes que, según la organización especializada Brennan Center for Justice de Nueva York, podrían impedir que más de cinco millones de personas ejerzan su derecho a voto. En las últimas elecciones, la diferencia entre los dos candidatos no superó los tres millones de papeletas.
El sistema estadounidense establece que los ciudadanos, al cumplir 18 años, deben registrarse como votantes independientes, demócratas o republicanos en el Estado donde residen. Los votantes se enfrentan a penas de cárcel de varios años si votan ilegalmente —repiten voto, votan donde no están registrados o después de perder ese derecho por haber estado en prisión—, por lo que los casos en que ocurre son extremadamente raros.
La comisión en la que Kobach colaborará con el vicepresidente está encargada de revisar los posibles casos de fraude, analizar los sistemas de voto y presentar un informe al presidente en 2018.La organización Southern Poverty Law Center, referencia en la identificación de grupos supremacistas y crímenes de odio de EE UU, asegura que "la verdadera amenaza a nuestra democracia es la supresión de voto". El SPLC añade que la presencia de Kobach en la comisión "demuestra que ésta será fraudulenta".
Antes que Trump, el expresidente republicano George W. Bush creó una comisión similar que detectó apenas 120 votos ilegales en todo el país, en un plazo de cinco años, y entre un electorado de más de 200 millones de personas. Pero el magnate, tanto en su etapa de candidato como cuando ya era presidente, ha reiterado que existe un fraude de millones de votos. Trump se apoya además en dos estudios de 2014 cuyos datos han sido refutados y, en el caso de uno de ellos, sus propios autores han admitido que no se pueden sacar las conclusiones que defiende el presidente a partir de sus datos.
Esa misma realidad tampoco ha detenido a Kobach. El ahora secretario de Estado de Kansas saltó a la fama al ser considerado el cerebro detrás de la ley de inmigración de Arizona que terminó tumbando el Tribunal Supremo por considerar que era anticonstitucional. Su huella está también en textos similares promulgados por Georgia, Alabama y Misuri a comienzos de la década actual. Antes, participó en el equipo del Departamento de Justicia de la era Bush, cuyo programa para obligar a que los turistas de 25 naciones musulmanas fueran registrados y vigilados a su entrada en EE UU, creado en respuesta a los atentados del 11-S, también fue tachado por discriminatorio.
