_
_
_
_
_

El Gobierno de Ecuador denuncia a un periodista por un tuit

El Ejecutivo acusa a Luis Eduardo Vivanco de intentar “confundir a la ciudadanía al atribuir responsabilidad al Gobierno en hechos de corrupción"

Luis Eduardo Vivanco, en el centro, en la redacción de 'La Hora'.
Luis Eduardo Vivanco, en el centro, en la redacción de 'La Hora'.EDU LEÓN

El periodista Luis Eduardo Vivanco, de 33 años, editor del diario La Hora y exalumno de la Escuela de Periodismo de EL PAÍS, declaró este jueves ante la Fiscalía de Ecuador por una denuncia que el Ministerio del Interior presentó en abril por un tuit. El Ejecutivo de Rafael Correa acusa a Vivanco de intentar “confundir a la ciudadanía atribuyendo responsabilidad al Gobierno Nacional en hechos de corrupción” después de que el periodista publicara una imagen de decenas de fajos de billetes incautados en una operación contra el narcotráfico con el mensaje: “Sobre estos colchones descansa la revolución”. 

Con una trayectoria de más de 10 años en el oficio, Vivanco fue llamado este jueves por la Fiscalía para rendir su versión dentro del proceso iniciado el pasado abril. Vivanco se presentó a declarar mientras en las calles aledañas decenas de periodistas lo apoyaban con gritos y carteles que mostraban frases como: “Por la libertad de expresión”, “Hago mío este tuit” y “Fuerza, Luis Eduardo”.

Más información
Correa crea el delito de “linchamiento mediático” para controlar a la prensa

La oficina jurídica del ministerio asegura que el mensaje del periodista, que cuenta con casi 30.000 seguidores en la red social, además de buscar la confusión de los ecuatorianos, intenta “deslegitimar [el] más elevado deber cumplido” del Gobierno.

El tuit hace referencia a una operación de las autoridades contra el narcotráfico en la que encontraron 12 millones de dólares ocultos debajo del suelo de varias viviendas y capturaron a tres policías. A este mensaje en Twitter, que suma alrededor de 2.000 retuits, se añade otro en el que Vivanco cita un tuit de un usuario sobre la misma imagen (“Es gracias a este dinero que la economía no ha colapsado aún más”) y agrega: “¿El narco sostiene la dolarización?”.

La investigación puede durar entre seis meses y un año, y el delito que se pretende probar es el de “intimidación”. Mariana Yépez, abogada del periodista, asegura que este delito no se ajusta a los hechos y considera prematuro hablar de sanciones en este caso. “Como rótulo le han puesto ‘intimidación’, pero no está claro el delito y mucho menos la sanción. La Fiscalía solo tiene la opinión y una pregunta del periodista”, señala la letrada.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Vivanco explica que sus comentarios en la red social “partieron de una noticia pública, sobre la cual hubo 1.000 comentarios”, y concluye que hay una persecución en su contra. “La situación busca principalmente intimidarme a mí y al resto de periodistas para evitar que sean críticos en redes sociales”, asegura. Ante la pregunta de si se autocensurará durante la investigación de la Fiscalía, Vivanco responde: “Me parecería una traición a la gente que me respalda. Yo seguiré igual porque no he cometido ningún delito”.

Ataque a los reporteros

Para Juana López, directora adjunta de La Hora, la investigación de Vivanco es “una muestra más del amedrentamiento del Gobierno contra la prensa en el país”. Esta presión, según López, se ha ejercido sobre “determinados periodistas que son contrarios a la idea política del Gobierno”. El periódico, que tiene una edición nacional y varias regionales, fue el primer medio de comunicación enjuiciado por el presidente Correa —que entregará el poder a su sucesor, Lenín Moreno, el próximo miércoles— por un editorial de 2007 que cuestionaba el papel de los diputados que dieron paso a la Asamblea Constituyente propuesta por el mandatario en ese entonces. Después de este primer asalto, que ganó el periódico, el medio ha enfrentado alrededor de una decena de procesos legales, la mayoría bajo la Ley de Comunicación que está vigente desde hace tres años.

La Superintendencia de la Comunicación, que es el brazo sancionador de la ley, ha iniciado casi 900 procesos en este periodo. El monto recaudado por estas medidas asciende a 630.000 dólares. Los medios privados han llevado la peor parte.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_