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Colombia se asoma a una nueva guerra contra el narcotráfico

El Estado combate el 'plan pistola' de grupos armados como el Clan del Golfo: 700 dólares por cada policía asesinado

Detención de ocho integrantes del Clan de Golfo en el departamento de Antioquia, el pasado 15 de mayo.
Detención de ocho integrantes del Clan de Golfo en el departamento de Antioquia, el pasado 15 de mayo. EFE

Colombia intenta pasar la página del conflicto armado con las FARC después de más de 50 años de violencia, pero el país que todavía lucha contra el fantasma de Pablo Escobar se asoma ahora a una nueva guerra con el narcotráfico. Mientras la insurgencia está a punto de dejar las armas y se encuentra en plena transición hacia la vida civil, el campo colombiano va camino de convertirse en el fortín de las bandas criminales que controlan la producción de coca y la minería ilegal. El Clan del Golfo, el grupo más articulado, ha iniciado una ofensiva contra las fuerzas de seguridad que desde principios de mayo ha dejado nueve policías fallecidos y 37 heridos en distintos atentados.

Se conoce como plan pistola y consiste en un ofrecimiento mafioso. Estas organizaciones prometen entregar a los sicarios hasta dos millones de pesos, unos 700 dólares, por cada agente asesinado. Las autoridades, preocupadas por la escalada de ataques, han activado protocolos especiales en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, ante el temor a que se produzcan asaltos con explosivos. “Estas estructuras están reaccionando al avance de la fuerza pública y la manera de reaccionar son estos cobardes atentados”, explica a EL PAÍS el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Emboscadas en zonas rurales, disparos a quemarropa y lanzamiento de granadas. Así respondió esta banda a una operación contra uno de sus cabecillas, Uldar Cardona, Pablito. “Hace unos días, la fuerza pública dio muerte a Pablito, en una finca en Antioquia. Eso les dolió muchísimo”, señala Fernández de Soto.

Guerrilla, paramilitares y narcotráfico

El Clan del Golfo no es una banda armada nueva. Aunque con otros nombres -Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia- es una de organización que existe desde 2006. El Gobierno asegura que en los últimos siete años “se han neutralizado” 1.300 miembros y, más recientemente, la policía se ha incautado de unos 10 millones de dólares y 94 toneladas de cocaína. Su capo se llama Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, que pasó por la guerrilla maoísta y fue paramilitar de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, se ha convertido en uno de los criminales más buscados del país y Estados Unidos ofrece por su captura 5 millones de dólares.

156 líderes sociales asesinados en un año

La cifra de víctimas del conflicto armado en Colombia parece no haberse quedado en ocho millones, lo que sumaba cuando el gobierno firmó el acuerdo de paz con las FARC. Durante el último año han sido asesinados 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La guerrilla soltó las armas, pero las denuncias por intimidaciones y amenazas no han desaparecido. Gildardo Tuberquia, uno de los fundadores de la Comunidad de paz de San José de Apartadó, habla en nombre de sus vecinos, que en los últimos meses han sido testigos del ingreso a sus tierras de hombres armados y que se autodenominan miembros de las Autodefensas Gaitanistas. “Las amenazas son cada vez más recurrentes. Nosotros tenemos principios claros, vivimos sin armas, no aceptamos cultivos ilícitos, donde hay coca están los intereses de los actores armados y por eso, nos mantenemos lejos de ese negocio, pero aun así sentimos que estamos expuestos”, dice desde Bogotá, a donde llegó esta semana para hacer pública la denuncia.

Desde el Congreso esta semana aseguraron que, en la mayoría de asesinatos, las personas habían sido desplazadas en el pasado y ahora empezaban el proceso como reclamantes de tierras. Según un informe presentado por el parlamentario Alirio Uribe (Polo Democrático) existe una “alianza entre grupos armados organizados para negocios ilegales, parapolíticos y negociantes de la paraeconomía que están detrás de las amenazas”. Según el Programa Somos Defensores, el 12% de los homicidios es de líderes ocurrieron en las ciudades y el 88% restante ocurrieron en zonas rurales, en las que muchas veces existe una fuerte presencia de FFMM y la Policía Nacional.

Más del 90% de los crímenes han sido perpetrados por sicarios que se movilizan en vehículos y motocicletas que interceptan a la víctima con armas de fuego. Lo hacen a plena luz del día. Jimena Reyes, abogada y directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, asegura que una prioridad en el país debe ser la lucha contra la impunidad. "No se está investigando con suficiente diligencia. En muchas zonas se atacan a los líderes y a los que quieran recuperar sus tierras".

Ariel Ávila, politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación, afirma que tras la concentración de la guerrilla en determinados espacios, el 98% del territorio en el que tenían presencia quedó vacío y es evidente que organizaciones como las del Clan del Golfo están ocupándolo. Pero no es la única. Existen otros grupos de características similares, como Los Puntilleros o Los Pelusos. Este último es responsable de la muerte de dos uniformados en los últimos días. El Estado intenta hacer frente a este nuevo conflicto con las fuerzas que había desplegado hasta ahora contra la guerrilla: decenas de miles de militares y policías que pueden comenzar a desempeñar nuevas tareas. “Nosotros veníamos teniendo planes de guerra”, continúa el viceministro de Defensa. “Haber sacado al actor violento principal de la ecuación, permite que nuestra actividad se concentre en el sistema de amenaza persistente que es un crimen residual que vamos a confrontar”.

Sustitución de cultivos

Los soldados protegerán, por ejemplo, a la población de las comunidades de campesinos que decidan iniciar un programa de sustitución de cultivos de coca. Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína en el mundo y el Ejecutivo se ha propuesto reducir las plantaciones ilegales en 50.000 hectáreas en un año. Durante una visita a una finca cocalera del departamento del Meta, este periódico pudo comprobar que la principal inquietud de la vereda La Uribe es el yugo de mafias como el Clan del Golfo.

Camilo Echandía, experto en conflicto y docente de la Universidad Externado de Colombia, recuerda que este grupo ilegal surgió tras la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas, un frente paramilitar, y desde entonces ha estado al servicio del narcotráfico y ha intentado construir una estrategia para que lo reconozcan como un actor del conflicto armado, con el propósito de obtener beneficios jurídicos, principalmente. Explica que el plan pistola, que se ha agudizado en los últimos días, no es comparable con el que Pablo Escobar ordenó en los años noventa para no ser extraditado (400 policías asesinados sistemáticamente en enero de 1990). “Se trata de una reacción de ese grupo que no es nueva y que ha sido reiterada junto con los paros armados para presentarse como paramilitares e intentar una negociación como la que en el pasado hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Gobierno de Álvaro Uribe".

Diferencias con Pablo Escobar

“Es serio, es la organización criminal más poderosa. Pero hay que poner todo dentro de la proporción adecuada. Esta ofensiva no es sostenible en el tiempo”, señala Jorge Restrepo, director del centro de investigación sobre conflictos armados CERAC. En su opinión, se trata de un narcoterrorismo que busca provocar terror, aunque “muy diferente del narcoterrorismo del narco de los ochenta, que perseguía una política pública nacional”. “Hoy en día a mi juicio se trata de encontrar una vía de escape y por otro lado abrir la posibilidad de exportación”, agrega.

Jimena Reyes, abogada y directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, asegura que el fin del conflicto con las FARC ha reducido las violaciones de derechos humanos como los incesantes asesinatos de líderes sociales, pero no será suficiente para resolver la crisis humanitaria de Colombia. “Nos preocupa que podamos ir hacia una mexicanización en algunas zonas de Colombia, donde se atacan a los líderes y a los que quieran recuperar sus tierras".

El golfo de Urabá, al este de la frontera entre Panamá y Colombia, es uno de los territorios del Clan del Golfo. No dejarse sacar de allí es parte de lucha. Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, se refiere a la alerta que han lanzado las autoridades locales sobre los posibles planes de atacar a las ciudades capitales. “Más que una estructura, ellos tienen una economía alcanzada desde la ilegalidad que les permite contratar bandas para acciones puntuales. No tienen un ejército, pero sí la capacidad de hacer daño”. Ese es el riesgo que Colombia trata de conjurar.