México ofrece una recompensa de 80.000 dólares por dar con cada asesino de periodistas

Se buscan asesinos de periodistas. La Procuraduría Federal de la República (PGR, la fiscalía mexicana) ofrece 1,5 millones de pesos (alrededor de 82.000 dólares) para quien dé información que conduzca a la captura de los responsables de los asesinatos de seis periodistas este año. La PGR ha detallado este martes en un comunicado que la recompensa aplica para cada uno de los seis casos y suma un monto acumulado de nueve millones de pesos (casi medio millón de dólares).

La violencia contra la prensa en México se recrudeció durante la primera mitad de 2017, con un promedio de más de un periodista asesinado cada mes, para un total de siete decesos. La PGR busca a los homicidas del guerrerense Cecilio Pineda, asesinado en marzo pasado; Ignacio Miranda, ejecutado en diciembre del año en Jalisco; del cronista sinaloense Javier Valdez, baleado en mayo pasado; Maximino Rodríguez, muerto en abril en Baja California Sur; la chihuahuense Miroslava Breach, asesinada en marzo y a los responsables del ataque contra la periodista jalisciense Sonia Córdoba, en el que su hijo (también periodista) murió.

El exhorto de la PGR no incluye los casos del morelense Filiberto Álvarez, muerto en mayo, ni del veracruzano Ricardo Monlui, ejecutado en marzo. Tampoco aparece el caso del michoacano Salvador Adame, que desapareció en mayo pasado. El anuncio se produce después de las críticas que recibió el Gobierno mexicano al no ser capaz de detener a ningún responsable por los crímenes. Las autoridades tampoco han hecho públicos los avances de las investigaciones.

"La cantidad se entregará de forma proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad que la información represente para la localización de los agresores", ha publicado la PGR en un comunicado. La convocatoria aplica solo para ciudadanos que no trabajen en instituciones de Seguridad Pública, administración de justicia ni dedicadas a la impartición del Derecho Penal.

La propuesta vino a petición de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que conduce las investigaciones. La Feadle ha atraído en los últimos seis años casi 800 casos y solo tres han recibido una condena condenatoria. Un 99,7% de los casos ha quedado impune.