No sin mi vivienda en la carísima Shanghái
Vecinos de la ciudad china se echan a la calle contra modificaciones en sus normas inmobiliarias
Comprar vivienda en Shanghái puede ser una experiencia no apta para cardiacos ni para bolsillos débiles. Un metro cuadrado cuesta una media 7.500 dólares. Un piso de 100 metros se pone en 750.000 dólares, el equivalente a 60 veces el salario medio en esa ciudad (85.000 yuanes anuales, 12.500 dólares). Y los precios no paran de crecer: en el primer trimestre de este año ya han aumentado un 6%. En algunos barrios, a lo largo de los últimos cinco años el salto ha sido de un 40%. En estas condiciones, adquirir un apartamento para un ciudadano de a pie es cuestión de años y, en muchos casos, de la inversión de los ahorros de varias generaciones familiares. Es un problema extendido por toda China, pero que en esta macro urbe de más de 20 millones de habitantes alcanza niveles especialmente graves.
Dado lo descomunal del esfuerzo de compra, no es de extrañar que varios centenares de manifestantes se lanzaran a la calle el sábado por la noche en la calle Nanjing, la principal avenida comercial de la capital económica china, armados de carteles y coreando lemas al ver peligrar su inversión. Era una visión muy poco habitual: aunque las manifestaciones no son algo raro en China, sí lo son en las grandes ciudades, donde las protestas callejeras no autorizadas suelen acabar en disolución rápida por parte de la policía.
Un metro cuadrado cuesta una media 7.500 dólares
Los participantes eran damnificados que protestaban por un cambio en la aplicación de las ordenanzas municipales sobre la vivienda. Durante años, algunos promotores inmobiliarios se aprovecharon de un vacío legal para comprar terrenos de uso comercial, mucho más baratos, y transformar los edificios en viviendas, que luego revendían con holgados beneficios. Pero el Ayuntamiento aprobó en mayo una nueva norma de “limpieza y rectificación”.
Esa medida obligaba a revertir esos espacios a sus fines originales: sus dueños debían desmantelar las cocinas y cuartos de baño, y los promotores, echar abajo tuberías y tabiques, lo que hacía esas unidades inhabitables. Aquellos que no hubieran ocupado aún sus apartamentos ya no podrían hacerlo, puesto que el Ayuntamiento no les emitiría el certificado de habitabilidad pertinente.
Todo un drama para los particulares que compraron esas viviendas. No podían habitar sus propiedades ni venderlas más que a una fracción de lo que les costó. Según aseguran, desconocían que las promotoras hubieran hecho nada indebido.
“Entendemos que pudo haber transgresiones por parte de los promotores, pero también quisiéramos pedir a los legisladores que tengan en cuenta nuestro gran problema como compradores de estas casas”, explica el texto en uno de los vídeos de la manifestación que pueden verse en YouTube. “La mayoría de los compradores son gente engañada normal y corriente, que se ha gastado los ahorros de generaciones para poder tener un techo en Shanghái, y las nuevas reglas echarían a perder sus sueños”.
Inicialmente, la respuesta fue la que cabía esperar. Dos testigos contaron a la agencia de noticias Reuters que una decena de participantes, probablemente los líderes de la protesta, fueron detenidos. Las imágenes, censuradas dentro de China.
Pero, pese a todo, la protesta encontró eco en algunos medios chinos y en Internet. Y parece haber surtido cierto efecto. El Ayuntamiento ha echado una pequeña marcha atrás y ha indicado que, aunque los dueños no podrán vender sus pisos como viviendas, sí podrán habitarlos.
Según el Ayuntamiento de Shanghái, en total se transformó el uso de cerca de 17 millones de metros cuadrados en toda la ciudad, de los que cerca de cinco millones ya están habitados.
La municipalidad de Shanghái declara que se trata de un tema de protección pública. Estas viviendas “violan las leyes y suponen un problema de seguridad”. Los estándares de construcción para los espacios comerciales, subrayan, son menos estrictos que los que se aplican a las residencias. Además, la ordenanza quiere impedir la especulación: busca “proteger el orden del mercado inmobiliario y proteger los derechos legales de los compradores de vivienda”.
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