El Parlamento egipcio ratifica la cesión a Arabia Saudí de dos islas del Mar Rojo
El asunto ha encendido los ánimos de los sectores más nacionalistas de la sociedad egipcia
El plenario del Parlamento de Egipto ratificó la tarde del miércoles el controvertido acuerdo de cesión de las estratégicas islas de Tirán y Sanafir, situadas en el Mar Rojo, a Arabia Saudí. La transferencia del control sobre las islas, pactada por el Gobierno del general Abdelfatá al Sisi en abril del año pasado, ha suscitado una intensa polémica y una compleja batalla legal entre los partidarios y detractores del régimen. El asunto se ha convertido en la más grave crisis política en Egipto desde el ascenso a la presidencia de al Sisi, en 2014, una vez erradicadas por la fuerza las protestas callejeras de los Hermanos Musulmanes después del golpe de Estado que depuso al presidente islamista Mohamed Morsi.
A pesar de los acalorados debates acaecidos durante los últimos días en el Parlamento, los acólitos de al Sisi cuentan con una abrumadora mayoría en la institución, pues las últimas elecciones legislativas no contaron con unas mínimas garantías de limpieza y no concurrió la oposición islamista, vencedora de los comicios previos al golpe. Sin embargo, el régimen, dominado por los militares y los servicios de inteligencia, tuvo que ejercer fuertes presiones para evitar una rebelión en sus propias filas dentro en el Parlamento, una muestra de hasta qué punto la entrega de Tirán y Sanafir ha despertado la ira popular. El miércoles, el hashtag "Sisi traidor" era tendencia en Twitter en Egipto.
En el corazón de la disputa se halla la soberanía de las islas, que no están habitadas. Según el Gobierno, su soberanía ha sido siempre saudí, pero Riad cedió su control a Egipto en el contexto de las guerras árabe-israelíes habida cuenta de la incapacidad de su flota de plantar cara al Ejército de Israel. En cambio, la oposición sostiene que existen documentos y mapas del siglo XIX que demuestran que Tirán y Sanafir pertenecen a Egipto. El hecho de que el régimen de al Sisi se haya recibido miles de millones de euros en asistencia financiera por parte de Riad, enemigo jurado de la Hermandad, ha llevado a algunos egipcios a considerar la cesión de las islas era una compensación.
Varios opositores, liderados por el abogado y político Khaled Ali, denunciaron el acuerdo ante la justicia. Y el Tribunal Supremo Administrativo les dio la razón, anulando la cesión de las islas. Por esta razón, los diputados opositores argumentan que el Parlamento no tiene potestad para manifestarse sobre el pacto con Riad, y que, en todo caso, se debería celebrar un referéndum, tal como prevé la Constitución. Sin embargo, no existe unanimidad entre los juristas, pues un tribunal menor se decantó por las tesis del Gobierno, y el Tribunal Constitucional aún no ha terciado en la querella.
“[El régimen] ha perdido su legitimidad moral. Insiste en violar la voluntad popular, de los jóvenes que protestaron en calles y plazas, mientras desafía la Constitución, la ley, la independencia de la justicia, la historia de Egipto y la santidad de la sangre de los mártires”, denunció Hamdin Sabahi, el único candidato que se opuso a al Sisi en las presidenciales del 2014, en una rueda de prensa que reunió a los principales partidos y movimientos opositores no islamistas. Estos grupos, que cuentan con apenas unos 30 diputados, se han conjurado para continuar la batalla legal y contestar la decisión tanto en la calle como en las redes sociales.
Quizás como medida preventiva, el Gobierno ha apretado durante las últimas semanas las tuercas de la represión. Según ha denunciado Amnistía Internacional, ha bloqueado el acceso a más de 40 páginas web, la mayoría pertenencientes a diarios electrónicos críticos con el régimen, como Al Jazeera, Madamasr o al Bidaya. Además, ha arrestado a decenas de activistas, la mayoría perteneciente a los partidos políticos contrarios a la entrega de las islas. Khaled Alí, erigido en el líder de la movilización popular, ha sido procesado por realizar públicamente un gesto obsceno, y en caso de ser condenado, no podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2018. Desde el punto de vista de algunos observadores, al Sisi estaría intentando quitarse de encima un incómodo adversario.
