Human Rights Watch acusa a altos mandos de ocultar abusos en las protestas de Venezuela
La organización documenta que el Gobierno de Maduro no ha hecho lo suficiente para prevenir y castigar las violaciones de derechos humanos, e identifica a seis "cabecillas"
El Gobierno de Venezuela oculta y legitima los abusos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. Así lo establece un informe presentado este jueves por Human Rights Watch (HRW), que denuncia al régimen de Nicolás Maduro por esconder de manera rutinaria agresiones y responsabiliza, con nombre y apellido, a seis cabecillas del Gobierno. Desde hace más de dos meses, la crisis humanitaria que sufre Venezuela ha resultado en violentos disturbios y la muerte de cerca de 70 ciudadanos a manos de las autoridades.
"Quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad (…) no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, en una rueda de prensa.
En concreto, el informe señala a seis “cabecillas” como los responsables de los continuados abusos. Estos son el Mayor General Benavides Torres, jefe de la GNB; el General en Jefe Padrino López, ministro de Defensa; el Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; el General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana; el Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y la Capitán Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar.
"Es una lista que irá expandiéndose gradualmente. Aumentará con nombres de otras autoridades o civiles", dijo Vivanco.
El objetivo, según detalló, es “dar cuenta a la opinión pública”. La esperanza también es que Gobiernos de otros países, en particular el estadounidense, impongan sanciones a miembros del Gobierno de Maduro. De los seis indicados, dos —Benavides Torres y González López— ya están sancionados por EE UU. Además, la Administración de Donald Trump penalizó el mes pasado a ocho miembros del Tribunal Supremo de Caracas y en febrero al vicepresidente del país, Tareck El Aissami.
En vídeos que circulan por las redes sociales, agentes de la GNB y otras entidades policiales agreden, roban y manipulan rutinariamente a manifestantes. La semana pasada, Padrino López enfatizó la necesidad de que las autoridades policiales respeten a los civiles después de que agentes fueran grabados en Caracas saqueando a tres mujeres que no ofrecían resistencia. López también advirtió de que quienes no cumplan con su deber dentro de la legalidad deberán asumir responsabilidades.
Pero el llamamiento de López, que hasta entonces había sido coherente con la retórica del Gobierno —dispuesto a rechazar cualquier agresión— no se ha traducido en acciones. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, también ha expresado públicamente su preocupación por la violencia contra la población en las calles, ignorada por el régimen de Maduro.
Venezuela, sumergida en una aguda crisis económica y humanitaria, exige desesperada un cambio en las calles desde hace semanas. Mientras, el chavismo da pasos decididos para acaparar más poder con la firma de una nueva constitución a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pese a la caótica situación, la resistencia doméstica y la presión internacional, las fisuras son mínimas en el Gobierno y entre los mandos militares reina la cohesión a la hora de negar las violaciones de derechos humanos.
