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Vivir en un permanente Estado de Emergencia

La medida que debía ser provisional, se ha prorrogado seis veces desde 2015

El presidente de Francia Emanuel Macron durante una comparecencia de prensa.
El presidente de Francia Emanuel Macron durante una comparecencia de prensa. AP

Será la primera medida efectiva de la joven presidencia de Emmanuel Macron. Antes que la reforma laboral, que es la gran prueba de la voluntad de cambiar la economía francesa. Antes que las leyes para moralizar la vida pública, que deben señalar que con Macron en el Elíseo los usos y costumbres de los políticos franceses dejarán de ser los mismos. La primera medida efectiva del nuevo presidente Macron consistirá en prolongar hasta el 1 de noviembre el estado de emergencia —o urgencia, según el término francés— vigente desde noviembre de 2015. En un segundo tiempo, Macron quiere perpetuarlo convirtiéndolo en una ley.

El estado de emergencia es uno de los tres regímenes de excepción que contempla la legislación francesa. Uno es el estado de sitio. Previsto por la Constitución, restringe las libertades civiles y otorga poderes policiales y judiciales a las autoridades militares. La otra medida de excepción está inscrita en el artículo de la 16 de la Constitución, y prevé dotar al presidente de plenos poderes en caso de amenaza a la integridad nacional y a las instituciones. Francia no llegó tan lejos tras los sangrientos atentados de 2015, pero recuperó una vieja ley de 1955, adoptada durante la guerra de Argelia, para responder a la amenaza del Estado Islámico. Si Estados Unidos tuvo la controvertida Patriot Act después del 11-S, Francia tiene el estado de emergencia.

El estado de emergencia da al poder ejecutivo —principalmente el ministro del Interior y a los prefectos, que son los representantes del Estado en el territorio francés— poderes que en una democracia liberal corresponden al poder judicial. En la Francia de 2017 el ministro o el prefecto pueden prohibir la circulación y las reuniones públicas, registrar personas y propiedades privadas, autorizar arrestos domiciliarios y clausurar lugares de culto. Para ello, no necesitan la autorización de un juez.

Hay una crítica general al estado de emergencia por el hecho de que, como ha denunciado, Le Monde, “el Gobierno [tome] a contrapié las principales protecciones de las libertades construidas y consolidadas tras la II Guerra Mundial”. Y hay otra crítica particular, expresada en un informe de Amnistía Internacional y en una reciente decisión del Consejo Constitucional. Esta apunta a la alcance de la ley: las restricciones al derecho de manifestación y de reunión se han aplicado no sólo a presuntos terroristas sino a personas que protestaban contra la reforma laboral o la cumbre del cambio climático.

El estado de excepción, que debía ser provisional, se ha prorrogado seis veces desde 2015, y Macron quiere salir de esta provisionalidad. Se trataría de tomar los elementos necesarios del estado de excepción y consolidarlos en una ley antiterrorista. Pero según el texto de la futura ley revelado por Le Monde, esta se parece mucho al estado de excepción. “No podemos vivir permanentemente en un régimen de excepción”, escribió Macron en su libro programático, Revolución, publicado en 2016. Ahora puede estar a punto de incumplir su promesa.

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