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El Gobierno de Macron maniobra para blindar la reforma laboral en el Parlamento

El Ejecutivo recurre a un procedimiento que impide enmiendas. Un sindicato anuncia protestas para septiembre, pero la mayor central apuesta por la negociación

Silvia Ayuso

El Gobierno de Emmanuel Macron dio este miércoles el primer paso decisivo en lo que promete ser el proyecto más complicado y polémico de su mandato: la reforma laboral. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para legislar en esta materia por ordenanzas. Un plan controvertido tanto en el fondo —lo que ha trascendido del texto ha puesto ya en pie de guerra a un sector de la izquierda y a algunos sindicatos que han convocado protestas para septiembre— como en la forma. Porque mediante las ordenanzas, Macron quiere sortear al máximo a la Asamblea Nacional, es decir, al poder legislativo, para transformar una ley crucial, sostiene, para activar la estancada economía francesa.

La ministra francesa de Trabajo, Muriel Penicaud, encargada de la reforma laboral
La ministra francesa de Trabajo, Muriel Penicaud, encargada de la reforma laboral CHARLES PLATIAU (REUTERS)

Macron tiene prisa. Lleva prometiendo desde la campaña que la reforma laboral estará lista para finales de verano, por lo que no puede perder ni un momento. Aunque ya ha habido reuniones preliminares con sindicatos y patronales, el primer paso en firme lo dio este miércoles, al poner en blanco sobre negro su plan para legislar mediante ordenanzas, una vía rápida para conseguir la aprobación de una medida con rango de ley.

A diferencia de un decreto, una ordenanza requiere de la aprobación final parlamentaria, pero la acción de los legisladores es mínima ya que se trata de darle el visto bueno —o no— al texto final presentado por el Gobierno dentro de un plazo límite, pero sin posibilidad de enmendar su contenido. En vista de que Macron cuenta con una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, no es de prever que vaya a tener sorpresas de último minuto.

Lo que Macron quiere cambiar

El texto final de las ordenanzas no estará redactado hasta agosto. Pero lo adelantado ya por el propio Gobierno y lo que traza el proyecto de ley para habilitar las ordenanzas deja ver las líneas maestras de una reforma laboral que inquieta a un sector de la izquierda.

El principio transversal de la reforma, que constará de nueve puntos, es flexibilizar las normas laborales francesas, consideradas demasiado rígidas. “La actual normativa no se corresponde ya a la realidad económica actual, al desarrollo de las empresas y de la creación de empleo; además, protege mal a los asalariados y limita el diálogo social”, afirmó este miércoles el portavoz del Elíseo, Cristophe Castaner.

La ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, aseveró por su parte que el objetivo es adaptar las normas laborales a un mundo “globalizado y digitalizado”. Es un mundo nuevo, agregó, en el que tanto empresas como asalariados buscan nuevas seguridades y libertades y en el que también los trabajadores tienen “aspiraciones” diferentes, incluida una mayor movilidad laboral o la posibilidad del teletrabajo, algo que el actual código laboral, subrayó, no prevé siquiera.

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En líneas generales, se trata de dar más flexibilidad a las negociaciones sobre las condiciones laborales, priorizando los acuerdos alcanzados dentro de las empresas entre propietarios y empleados, por encima de los acuerdos sectoriales. También se estudia crear un contrato híbrido entre el fijo y el temporal denominado “contrato indefinido de proyecto” cuyo término no estaría definido por una fecha concreta sino por el fin del proyecto para el que es empleado el trabajador. Otro de los puntos busca establecer un mínimo y un máximo a las indemnizaciones por despidos "sin causa real ni seria". Según el Gobierno, el máximo dará seguridad a las empresas sobre el coste de los despidos y así incentivar las contrataciones. Además, intenta fusionar las distintas instancias representativas de los trabajadores en las empresas, algo que sin embargo los sindicatos ven con reticencia, al igual que el argumento oficial que achaca a la rigidez y complejidad del actual código laboral la dificultad de reducir la tasa de desempleo, que roza el 10%.

Primeras protestas, en septiembre

Aunque el Gobierno insiste en que quiere acordar las líneas de la reforma tanto con sindicatos como patronales y que las ordenanzas “no son un cheque en blanco” al Gobierno, algunos sectores de izquierda han anunciado ya movilizaciones. Es el caso de la Confederación General del Trabajo (CGT), el segundo sindicato de Francia, que afirma que “el diálogo social ha sido acallado” de antemano y que ha convocado una huelga general para el 12 de septiembre. Una medida que apoya el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que ha prometido que su oposición será “completa”. “Quiero que todo el mundo comprenda que se trata de darle la vuelta a todo el orden público social de nuestro país por ordenanzas”, dijo en una entrevista radiada.

Otros sindicatos sin embargo, han dicho que prefieren esperar a conocer con más detalle las ordenanzas, en septiembre, antes de tomar una decisión. Es el caso del mayor sindicato, la CFDT, considerado más abierto a negociar con el Gobierno, pero también el del más izquierdista FO, cuyo presidente, Jean-Claude Mailly, valoró en Le Monde “la buena dirección” en que están yendo las negociaciones, al menos por el momento.

Ordenanzas, una forma de legislar por la vía rápida

La medida está contenida en el artículo 38 de la Constitución, que prevé que el Gobierno pueda solicitarle al Parlamento autorización para tomar por sí solo medidas relevantes que normalmente deberían ser aprobadas mediante una ley, con el fin de implementar su programa.

Consta, básicamente, de seis pasos: primero, el Parlamento debe habilitar, por ley, al Gobierno para que este pueda elaborar una o varias ordenanzas. Lo que se ha discutido este miércoles en el consejo de ministros es precisamente ese proyecto de ley que deberán aprobar los legisladores, previsiblemente a finales de julio, y en el que también se fijan los plazos finales del resto de pasos a dar. El Gobierno ha fijado un máximo de seis meses, aunque espera que las ordenanzas estén promulgadas "antes del final del verano", según el portavoz del Elíseo, Christophe Castaner.

Una vez que cuenta con el visto bueno de la Asamblea Nacional, el consejo de ministros pasa a decretar las ordenanzas que, tras ser firmadas por el presidente, entran en vigor en cuanto son publicadas. Se espera que ese paso se dé a finales de septiembre. Sin embargo, las ordenanzas caducan si no son ratificadas, dentro de un plazo previamente establecido, por el Parlamento, para lo cual el Gobierno tiene que enviarle a este primero otro proyecto de ley de ratificación. Es en este paso final donde el hemiciclo tiene el poder de adoptar el texto y por tanto hacer que la ordenanza tenga rango de ley. En caso de ser rechazada, cosa improbable en este caso gracias a la mayoría de la que goza Macron en la Asamblea Nacional, la ordenanza queda meramente como un “acto administrativo unilateral”.

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Sobre la firma

Silvia Ayuso
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.

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