Estados Unidos empieza a aplicar el veto a seis países musulmanes
Entra en vigor la tercera versión del decreto migratorio de Trump, que obliga a tener una relación "cercana" de parentesco o laboral para entrar al país
Cinco meses después de su primer intento, el Gobierno de Donald Trump empezó a aplicar este jueves, desde las 20:00 en la Costa Este, su veto migratorio a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana tras recibir el aval parcial del Tribunal Supremo.
Es la tercera versión del decreto aprobado por el presidente y que responde a su promesa electoral de restringir la entrada a todos los musulmanes. Trump espera finalmente sortear los problemas judiciales y de implementación que hasta ahora han hecho naufragar sus intenciones. Aunque se mantienen las dudas sobre la interpretación del fallo del Supremo, no se espera que las nuevas reglas tengan un efecto inmediato en los aeropuertos. Su puesta en escena será sobre todo en los consulados de Estados Unidos.
Tras ser paralizado por tribunales inferiores que consideraron que podía discriminar por motivos religiosos, el Supremo autorizó el lunes de forma provisional a la Administración republicana a prohibir durante 90 días las nuevas solicitudes de entrada a visitantes de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen que no tengan un vínculo fiable (bona fide) con “una persona o entidad” en EE UU. Lo mismo ocurre durante 120 días con los ciudadanos de esos países que intenten acceder al programa de refugiados de la primera potencia mundial.
La máxima autoridad judicial solo ofreció una interpretación amplia, sugiriendo que esa relación incluiría a un familiar, una oferta de trabajo o una invitación universitaria. Pero dejó en manos del Gobierno la traslación en límites concretos y lenguaje burocrático de esa condición, que grupos de defensa de los inmigrantes han criticado por ser demasiado genérica. La Administración se impuso de plazo hasta el jueves para empezar a implementar el decreto y comunicar a los consulados las nuevas directrices a partir de la sentencia del Supremo.
La interpretación que ha hecho Washington es que los solicitantes de visado de visita o refugiados de esos seis países requieren de un lazo “cercano” de parentesco o laboral en EE UU para poder sortear el veto. Las directrices establecen que los solicitantes deben demostrar que tienen una relación con un padre, marido o esposa, hijo, yerno o hermano, según un cable del Departamento de Estado enviado a sus consulados.
Esto significa que no se salvan del veto los abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos, cuñados, prometidos u otros familiares que no son considerados suficientemente cercanos.
Las directrices eximen del veto a las personas con una oferta de empleo de una compañía en EE UU o un conferenciante que vaya a hablar ante una audiencia estadounidense. Pero alguien que haya hecho una reserva de hotel no será considerado como una persona lo suficientemente cercana al visitante como para sortear la restricción de entrada.
Cualquier persona con un visado emitido antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, será aceptado en la frontera. Todos los refugiados de esos países que viajen a EE UU hasta el 6 de julio tampoco tendrán problemas en su entrada.
Recurso de Hawái
Sin embargo, como sucedió con las dos primeras versiones, el veto no escapa de la amenaza judicial. Poco antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones, el Estado de Hawái, que logró paralizar el segundo decreto, presentó un recurso ante un juez federal en que pide clarificar la sentencia del Supremo.
El Gobierno demócrata del archipiélago alega que la Administración Trump intenta violar las instrucciones del Alto Tribunal al prohibir incorrectamente la entrada a EE UU de personas que sí tienen una relación familiar cercana con alguien en el país.
El fallo del Supremo es una victoria para Trump, que hizo de la islamofobia, vestida de argumentos sobre la seguridad contra la amenaza terrorista, una enseña de su campaña electoral a la Casa Blanca.
El Gobierno quiere evitar las escenas de caos en los aeropuertos que protagonizaron la entrada en vigor del primer decreto, a finales de enero. El veto solo estuvo en efecto durante una semana hasta que fue suspendido por la justicia. Durante los primeros días, los propios agentes fronterizos no sabían si afectaba a personas con residencia permanente y visados vigentes. Decenas de abogados se trasladaron a los principales aeropuertos del país para tratar de ayudar a los familiares de inmigrantes que esperaban ansiosos a conocer la suerte de sus allegados.
Tras la paralización del primer decreto, Trump firmó una versión más rebajada en marzo, pero un día antes de su entrada en vigor la norma volvió a ser frenada por los tribunales. El Gobierno decidió entonces recurrir al Supremo, que le ha dado parcialmente la razón mientras estudia a fondo en otoño la constitucionalidad del decreto.
A diferencia del primero, en el segundo veto migratorio, ya no figuró Irak y la restricción no afectó a las personas que ya tenían un visado o residencia permanente. También se eliminó el lenguaje a favor de proteger a minorías religiosas, en una alusión a cristianos en Oriente Próximo, y se enfatizó que la restricción respondía a motivos de seguridad nacional para evitar resquicios legales sobre una posible discriminación intencionada a musulmanes.
