La UE y Reino Unido constatan sus diferencias sobre el Brexit
La factura para Londres y los derechos de los europeos en las islas son las principales discrepancias
Bruselas ha puesto sobre la mesa la factura del Brexit: 100.000 millones, una cifra “disparatada” para el Gobierno británico. Y Londres ha hecho una oferta sobre los derechos de los ciudadanos europeos en las islas que tampoco gusta en Bruselas. La segunda ronda de negociaciones empezó este lunes en medio de fuertes tensiones en el seno del Ejecutivo de Theresa May. “Es hora de identificar las diferencias para tratar de avanzar”, explicó el negociador jefe de la UE, Michel Barnier. Pero nadie espera grandes resultados a estas alturas del partido.
El negociador británico, David Davis, hizo este lunes una visita relámpago a Bruselas para hacerse la foto de familia con su homólogo europeo, Michel Barnier, y volvió a Londres a toda velocidad. Un enérgico apretón de manos, una instantánea en la mesa de negociaciones —sin un solo papel en el lado británico— y de vuelta a las islas a lidiar con una situación política endiablada: ese es el resumen sucinto del estreno de la segunda ronda de conversaciones sobre el Brexit. Un año después de que los británicos votaran en referéndum salir de la UE, Londres sigue en permanente estado de excepción. No hay nada más allá de declaraciones subidas de tono. “Es hora de empezar a trabajar”, dijo Davis, cuyo Gobierno lleva días negando que haya divisiones internas al respecto.
Más allá de los incendios retóricos, poco o ningún acuerdo. Los británicos acusan a los europeos de la factura “disparatada”, “exorbitante” que han puesto sobre la mesa, que va de 60.000 a 100.000 millones de euros. No hay atisbo de fumata blanca por ese lado. Barnier ha asegurado que la oferta británica para los más de tres millones de europeos que viven y trabajan en suelo británico se queda muy por debajo de las expectativas continentales, aunque ahí, al menos, los negociadores aspiran a “identificar las diferencias” para seguir avanzando. Londres tampoco quiere oír hablar de seguir bajo la jurisdicción de la corte europea de justicia. El único asunto en el que hay algo parecido a un consenso es en la necesidad de evitar el regreso de una “frontera dura” entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Aunque si Londres abandona finalmente la unión aduanera y el mercado interior no será fácil mantener el grado de apertura actual.
Sin un solo papel en la negociación
Periodo de transición
Nadie espera, en fin, grandes pasos adelante en la ronda negociadora que termina el próximo jueves. “El tiempo corre”, ha reiterado Barnier, consciente de que ni la batalla política interna en Londres ni las serias diferencias que han salido a la luz sobre las posiciones a ambos lados del canal de la Mancha permiten albergar grandes esperanzas.
“Para Europa es imprescindible lograr avances. Identificar las diferencias para resolverlas y las similitudes para reforzarlas. Es hora de empezar a trabajar, de entrar a fondo en el asunto”, explicó Barnier. Davis hizo una declaración parecida. Pero el ruido de sables en el Gobierno británico impide nada más: Londres deberá solucionar primero la batalla interna entre los ministros que defienden una estrategia de negociación dura —con la lengua afilada del titular de Exteriores, Boris Johnson, siempre dando guerra— y quienes reclaman un acuerdo de transición de varios años que permita reducir el impacto económico del divorcio.
Entre la firma del divorcio y la puesta en marcha de un acuerdo comercial Reino Unido-UE empieza a calar la idea de que debería haber un periodo de transición de al menos dos años. Hasta Londres, a través del ministro de Finanzas, Philip Hammond, ha dejado entrever esa necesidad. Durante ese plazo, los británicos seguirían de facto en la Unión, con sus aportaciones al presupuesto y el acceso al mercado único.
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