Defensa ha confirmado que los dos jóvenes, británicos de origen nigeriano, estaban en el radar de los servicios secretos pero no fueron sometidos a vigilancia porque no eran considerados peligrosos. Eso contrasta con las revelaciones de que Adebolajo participó en una manifestación violenta ante los juzgados en la comparecencia de un islamista acusado de incitación al odio racial y la violencia en 2006 y era asistente regular a los actos de un grupo islamista ahora prohibido, Al Muyahidin. Los servicios secretos conocían sus actividades e ideas radicales desde hace ocho años.

El ministro de Comunidades, Erick Pickle, confirmó en la BBC que Cameron “quiere saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal”. “Pero tenemos que ser realistas: una sociedad libre siempre es vulnerable”, advirtió. Miles de islamistas expresan sus ideas radicales y cientos de ellos son investigados cada año.

Otro debate político que ha resucitado ahora es el de la ley que preparaba el Gobierno para obligar a los proveedores de Internet a almacenar los datos sobre las páginas visitadas, correos electrónicos, llamadas de móviles y mensajes en redes sociales y en Skype. La información debía incluir la fecha, duración y receptor, pero no el contenido.

El proyecto fue aparcado hace unas semanas debido a la oposición de los liberales-demócratas, socios de coalición de los conservadores. Pero desde el asesinato de Woolwich han arreciado las presiones a favor de una ley de ese tipo y, según el diario The Independent, la ministra del Interior, Theresa May, confía en poder recuperar el proyecto, que es una iniciativa suya que tenía el pleno respaldo de Cameron.

Hoy se difundieron imágenes de los disparos de la policía a los dos presuntos asesinos. Las imágenes vienen a confirmar que al menos uno de ellos, Adebolajo, se precipitó hacia los policías como buscando su inmolación. Adebowale da la impresión de intentar huir. Los dos siguen siendo atendidos en distintos hospitales de las heridas que sufrieron y aún no han sido interrogados por la policía.

A primera hora de la tarde se dispararon las alarmas al saberse que un caza de la RAF tuvo que escoltar a un avión paquistaní que iba a Manchester y fue desviado a Stansted por un incidente que luego se aseguró que no tenía conexiones terroristas.

Asimismo, la policía británica cerró hoy en ambos sentidos una de las autopistas más transitadas del país por un incidente en el que se vio envuelto un vehículo sospechoso, informa Reuters. “Estamos ocupándonos de un incidente considerable”, informó un portavoz de la policía de Warwickshire tras el cierre parcial de la M6, la espina dorsal del sistema de circulación viario británico.

Cuando llega el primer vehículo policial, los dos supuestos asesinos se separan. Michael Adebolajo, armado con un machete, corre hacia los agentes mientras su cómplice, Michael Oluwatobi Adebowale, avanza por el otro lado apuntando al coche con su arma.

La conductora del vehículo policial está a punto de ser alcanzada por Adebolajo, pero los disparos de su compañero le salvan la vida.

El tiempo los separó y la vida los llevó por caminos opuestos. Kirk Redpath se enroló en el Ejército. Era cabo lancero y tocaba el tambor en el primer batallón de la Guardia Inglesa. Su vida saltó por los aires al estallar una bomba bajo el vehículo acorazado en el que patrullaba al oeste de Basora, en Irak, el 9 de agosto de 2007. Tenía 22 años.

Su amigo del alma, Michael Adebolajo, se hizo famoso el miércoles pasado, cuando se dejó filmar con las manos ensangrentadas minutos después de matar a machetazos a otro soldado británico, también tamborilero, Lee Rigby.

Como tantas veces antes, el autor o coautor aparente de un asesinato que ha conmovido a Reino Unido, y ha devuelto la pesadilla del terrorismo que Londres padeció el 7 de julio de 2005, es descrito ahora por sus amigos del pasado como un chico pacífico, agradable, bromista, inteligente, buen estudiante. Luego llegarían las malas compañías, los porros, el choriceo con la banda de nuevos amigos. Hijo de una familia católica de origen nigeriano, sus amigos no le recuerdan especialmente devoto. Por eso les sorprendió su conversión al islam. Una conversión que algunos sitúan al final de su adolescencia y otros cuando estaba ya en la Universidad de Greenwich.

Sea como fuere, Michael Adebolajo acabó siendo atraído por el fanatismo islamista, influenciado sin duda por las guerras de Irak y Afganistán. Ahora se han recuperado viejas imágenes en las que Michael, que por entonces se hacía llamar Muyahid (combatiente, en árabe), aparece manifestándose junto a otros islamistas en 2007 frente a la comisaría de Paddington Green. O se recuerda su arresto un año antes en los juzgados de Old Bailey cuando intentó con otros reventar el procesamiento de un islamista por odio racial e incitación a la violencia durante las protestas por las caricaturas de Mahoma publicadas en Dinamarca.

Ninguna de esas imágenes concuerda con el Michael que recuerdan sus amigos de la infancia y primera juventud, cuando casi todos sus amigos eran blancos, él jugaba al fútbol de centrocampista y se bebía alguna que otra cerveza, aunque nunca mostró por el alcohol el gusto que luego mostraría por la marihuana.

El Michael que recuerda Grant Redpath, hermano del uniformado muerto en Irak. “No sé qué ha pasado con él porque era muy tranquilo, el chaval más majo del mundo. Pero sé que si mi hermano estuviera vivo intentaría que recuperara el sentido común”. O el que recuerda Justine Rigden, una peluquera de Essex de 26 años que también en el Sun asegura que fue su novia cuando eran quinceañeros. “Era muy amable y muy educado y no hay nada que me hiciera pensar que podría acabar haciendo una cosa así. Nadie se lo puede creer. Era un chico de lo más normal”, asegura.

Su madre sí intuyó algo. El niño bueno que nació el 10 de diciembre de 1984 en Lambeth (sur de Londres) y que sacaba buenas notas en el colegio, empezó a cambiar en la adolescencia a ojos de esta devota católica. Ibotoye Adebolajo había llegado con su marido, Anthony, desde Nigeria. La familia vivía en Romford y luego en Hornchurch, en Essex. Pero cuando Michael empezó a frecuentar lo que a ojos de esta mujer estricta y amable, según la han definido ahora sus antiguos vecinos, solo podían ser malas compañías, se trasladaron a Saxilby, en Lincolnshire.

Pero Michael se volvió enseguida a Londres, a estudiar en la Universidad de Greenwich, donde muy probablemente se radicalizó y empezó a mezclar la religión con la política. No le deben faltar dotes de persuasión, y los medios londinenses aseguran que su influencia llevó también a la religión musulmana a su hermana Blessing y a su hermano Jeremia.

Otros, como el ayatolá radical Omar Bakri Muhamad, líder del ahora prohibido grupo extremista Al Muyahidin, se atribuyen a sí mismos la conversión del propio Michael. “Solíamos tener un tenderete en una calle de Londres, en el que hablábamos del sentido de la vida a la gente que pasaba por ahí. Se paró a hablar con nosotros y le invitamos a unirse al islam”, asegura en unas declaraciones desde Beirut al diario The Telegraph. “Me acuerdo de él porque es un converso. En aquella época había muchos conflictos en el mundo, especialmente Irak y Afganistán. Le hablamos de eso y simpatizó con el pueblo musulmán. Tenía poco más de 20 años, era un chico callado que no hacía muchas preguntas. Solía venir a nuestras sesiones abiertas de charlas y discursos”, asegura.

Con el paso del tiempo, Adebolajo acabó pasándose al otro lado de esos tenderetes de propaganda. Se le veía a menudo en el que unos islamistas suelen instalar en la calle mayor de Woolwich, no muy lejos de donde sería asesinado el tamborilero Lee Rigby. “Le vi el otro día frente a la tienda de todo a 100 gritando cosas sobre la guerra santa”, explica en el Telegraph un hombre de 51 años que dice llamarse Tom. “Se ha pasado tres semanas calle arriba, calle abajo, gritando y predicando. Era una señal evidente de que había un loco rondando”, reflexiona otro vecino de la zona, Mayur Petel, de 29 años.

Un loco que los servicios de inteligencia pensaban que no era peligroso. Se equivocaron.

Un testigo explicó a la cadena Sky News que dos hombres trataron "varias veces" de entrar en la cabina de mando y que, ante la negativa de la tripulación, "comenzaron a discutir y a lanzar amenazas".

"De acuerdo con lo que hemos visto y oído", indicó otra fuente del aeropuerto, se trató en efecto de una pelea o discusión lo "suficientemente preocupante" como para que fuera necesario llamar a las autoridades.

Según los medios británicos, aunque de momento se desconoce la naturaleza del incidente, parece descartarse que esté relacionado con terrorismo.

Un portavoz de la policía británica confirmó que "se produjo un incidente en un avión" y que las fuerzas de seguridad están "respondiendo" a lo ocurrido. Por su parte, el Ministerio de Defensa tampoco precisó la naturaleza del incidente, del que dijo que es ahora objeto de investigación policial.

El vuelo PK709 despegó de Lahore (Pakistán) a las 9.35 hora local y se le esperaba en Manchester a las dos de la tarde hora local (tres horas).

Reino Unido está en alerta desde el miércoles pasado, cuando dos islamistas británicos mataron a machetazos a un soldado en plena calle en Londres. Los dos agresores fueron tiroteados por la policía después de que uno de ellos hiciera una proclama islamista que un transeúnte grabó con su móvil.

Un portavoz del de Stansted ha explicado que la aeronave está en una zona aislada del aeropuerto y que el resto de las instalaciones funcionan con normalidad.

En Husby, barriada del noroeste de la capital, empezó todo. La agente, de ojos azules, tez blanca y pelo rubio —detalle nada baladí por inusual en la zona que patrulla—, contaba hoy, junto a un mercado del barrio, cerca de una camioneta calcinada, que, en efecto, fue eso y solo eso, la muerte de un vecino de 69 años, con problemas psicológicos y con la bebida, lo que desató la ira de los jóvenes.

Este viernes, Husby cedió protagonismo al barrio de Rinkeby, muy cercano, donde seis coches ardieron en llamas; Norsborg, más al sur, en el que tres vehículos corrieron la misma suerte; Tensta y Kista, distritos también del noroeste a los que los vándalos fueron para incendiar dos colegios —que, según dicen, estos chavales no frecuentan especialmente—, y Älvsjö, donde la mira de los disturbios se topó con una comisaría.

Y no solo ahí. El efecto llamada, la imitación o el simple divertimento, según el que opine, ha extendido los altercados al sur de Estocolmo, hacia donde parece que, como si tuviera un plan, la marea violenta se está trasladando. El fuego prendió en la madrugada del jueves al viernes en las localidades de Boras, Malmö y Lund. Un sabotaje en la red ferroviaria hizo suspender también el servicio entre Ronneby y Karlskrona, en el sudeste del país.

“Si tuviera que decir cuántos trabajan de los 100 que hay aquí”, dice una mexicana, con más de 30 años en Estocolmo, que prefiere el anonimato debido a su confesión religiosa, “diría que unos 15”. Y ese es el problema, no solo de Husby —solo allí, el 20% de los jóvenes ni estudia ni trabaja—, sino también del anillo que rodea el centro de la capital sueca. No hay trabajo para los inmigrantes. O no les dan trabajo. Pero, ¿quiénes son? La foto de Husby es la de un barrio popular, un distrito obrero, de bloques funcionales sin mucho atavío, sin mucho color —salvo el verde de la arboleda— y con una población que, incluso para el menos observador, no se parece a eso que guarda el imaginario sobre Suecia o Estocolmo. El barrio tampoco responde a la fantasía de las calles de la capital.

Son inmigrantes de primera, segunda o tercera generación. La mayoría son musulmanes. Muchos vinieron —o sus padres— del Cuerno de África (Somalia, Etiopía), otros de la región subsahariana, pero también del Magreb, del este de Europa, de Irak, Afganistán, Siria… “De todos lados”, dice F. Paris (pseudónimo), un joven de 23 años que reside un poco más al norte, en Akalla. F. Paris, de buena planta, con un pendiente de aro en cada oreja, es uno de esos voluntarios que salen cada noche para persuadir a los menores a que dejen las piedras en el suelo y marchen de vuelta a casa. “O bien se van cuando nos ven”, dice este joven, con raíces en Etiopía, “o hablamos con ellos para que lo hagan; ya saben quiénes somos”. Y funciona.

Todo pese a las críticas que el primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt (centroderecha), recibió de la oposición cuando hizo un llamamiento a la ciudadanía para que colaborase para frenar los disturbios, en una suerte de combate dialéctico callejero. En Husby ha dado sus frutos, la intensidad del fuego se ha aliviado; pero también se está procediendo de igual modo en otras áreas de la capital. La agente de policía interrogada en las calles de Husby viene precisamente de más al sur, de Hässelby, donde los vecinos también se organizan para sujetar a los encapuchados. “Se reúnen a diario”, dice está agente, “para informar a los jóvenes de que no lo hagan, que no ataquen a la policía o los bomberos, porque alguien puede resultar herido”.

Algunos atienden, pero otros hace ya tiempo que se hicieron su propia película, bien engordada por cierto hermetismo del Gobierno. Aún se desconoce al detalle cómo murió el hombre de 69 años el pasado domingo y cuál era su nacionalidad. Unos medios cuentan que era de origen portugués, otros que empuñaba un cuchillo cuando fue abatido a disparos. Parece que el individuo, junto a su mujer, fue atacado por un grupo de jóvenes de camino a casa. Él respondió y acabó siendo la víctima, a manos de la policía.

Y ante la falta la información, quedan los rumores. Uno de los más extendidos es que el hombre fue acribillado a tiros en la cabeza. Y eso, que muchos en Husby parecen haber visto en fotos o atestiguado en directo, levantó a la masa, nada amiga de cómo actúa en su territorio la policía, a la que acusan de discriminación. “¿Hubieran hecho lo mismo en el centro de Estocolmo?”, se pregunta F. Paris.

Husby, donde empezó todo, es una zona de unos 12.000 habitantes en la que el 85% es inmigrante de primera o segunda generación. La chispa que encendió el fuego saltó allí, a 17 kilómetros al noroeste de Estocolmo, el pasado lunes 14. Un vecino de 69 años murió en su apartamento, abatido a tiros por la policía después de haber amenazado a los agentes con un machete. La tensión fue subiendo a lo largo de la semana hasta que el domingo pasado, entre 50 y 60 jóvenes comenzaron a quemar coches y cuando llegó la policía, se enfrentaron con los agentes lanzándoles piedras.

Megafonen, una asociación juvenil muy popular en barrios como Husby o Rinkeby, ha exigido a la policía durante la última semana que pidiera disculpas a la viuda del fallecido e investigara a los agentes que le dispararon. La organización, que ha criticado los disturbios, mantiene sin embargo que es “una reacción” a las carencias de la sociedad. “Creemos que no es el camino para un cambio a largo plazo. Pero el desempleo, los peores colegios y el racismo estructural son causas subyacentes a lo que ocurre estos días”, afirman desde Megafonen.

El primer ministro, el conservador Fredrik Reinfeldt, y el titular de Integración, Erik Ullenhag, no se dieron por aludidos y culparon de los disturbios a los jóvenes, eludiendo cualquier responsabilidad pese a la situación de los barrios afectados. En Husby, por ejemplo, el 20% de los jóvenes de entre 16 y 19 años no estudia ni trabaja. La tasa de desempleo, el nivel de la educación, y la renta media anual per cápita (20.573 euros frente a 30.812) están muy por debajo de la media nacional.

Ullenhag sostuvo ayer ante los medios suecos que los incidentes eran “una cuestión policial”. El ministro, como su jefe de Gobierno, se limitó a condenar los actos de violencia y pidió mirar al futuro de la integración. “Es uno de nuestros mayores retos, lo llevo diciendo varios años”, declaró antes de pasar a desgranar las inversiones del Gobierno para las “zonas más vulnerables”.

Los Demócratas Suecos (SD), un partido de ultraderecha y antiinmigración que entró por primera vez en el parlamento sueco en 2010 y que va en aumento en las encuestas, aprovecharon la coyuntura. Richard Jomshof, uno de sus portavoces, pidió en un sitio de internet que se declarara el estado de emergencia y el toque de queda en la zona. “A largo plazo se necesita acabar con la inmigración masiva y el multiculturalismo. Pero a corto, hay que demostrar a los alborotadores quién manda aquí”.

El balance de las tres noches de disturbios es de más de un centenar de coches quemados y 15 detenidos, todos de entre 18 y 21 años. Sin embargo, en los disturbios han participado incluso adolescentes de 12 y 13 años, según Kjell Lindgren, portavoz de la policía sueca. Lindgren aseguró ayer que no esperaban que los disturbios se repitieran por la noche, pero que había un dispositivo policial preparado para responder. “Quiero destacar que la mayoría de los vecinos de esos barrios están hartos y creemos que eso puede ayudar a calmar la situación”, señaló el portavoz policial. Pero el riesgo de que sigan produciéndose este tipo de incidentes está ahí, como reconocía Lindgren, y más después de ver cómo se han extendido rápidamente a otros barrios en un par de días. “Da la sensación de que la gente está aprovechando la oportunidad en otros sitios al ver la atención que se le ha dado a Husby”.

La comparación con la ola de violencia que estalló en los suburbios de distintas ciudades de Francia en 2005 es demasiado evidente como para obviarla. “Temo que esto vaya a peor. Será como en Francia”, auguraba Oscar, un joven vecino de Kista de 23 años, en declaraciones al diario sueco Aftonbladet. Hace ocho años, la muerte de dos menores electrocutados cuando huían de la policía desató una oleada de disturbios en barrios periféricos de toda Francia que duraron 19 días y se saldaron con miles de detenidos y de coches quemados. Lindgren admite que ambas situaciones pueden ser comparables, pero cree que habrá que analizar la situación con calma para ver qué ha llevado a decenas de jóvenes a revolverse. El joven de Kista se quejaba de que llevan años sufriendo “acoso policial, desempleo y aislamiento”, y también aludía a la muerte del hombre de 69 años a manos de la policía. “La próxima vez podría ser mi padre, o mi hermano”, señaló.

Unas imágenes emitidas por la televisión francesa I-Téle parecen confirmar que Belmojtar, apodado Míster Marlboro, y que según los especialistas en terrorismo es más poderoso que el emir de AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico), sigue vivo y plenamente operativo. La información se apoyaba en el comunicado emitido el viernes por un nuevo grupo terrorista supuestamente formado por Belmojtar, llamado Les signataires par le sang (Los firmantes por la sangre). La nota reivindicaba los atentados de Agadez y Arlit y afirmaba que Mojtar Belmojtar había “supervisado personalmente” ambos ataques.

El comunicado amenaza además a “todos los países que tengan intención de participar en esta cruzada, incluso en nombre de la manutención de la paz”, y afirma que “los candidatos al martirio están preparados y solo esperan una orden para atacar a sus objetivos”.

La reivindicación produjo enorme confusión porque, el jueves, había sido MUYAO (el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental) quien se atribuyó el doble atentado y amenazó explícitamente a Francia y a sus aliados en la intervención militar de Malí.

El ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, se limitó a confirmar que las tropas de élite habían lanzado una operación contra los terroristas que tomaron rehenes en Agadez. Defensa afirmó que dos terroristas resultaron muertos durante la operación. El jueves, tras colocar un coche bomba que mató al menos a 20 personas e hirió a una cincuentena, los combatientes islamistas hicieron explotar un 4x4 en la puerta de la central eléctrica de una filial de Areva, la compañía estatal nuclear francesa. La deflagración dejó una víctima mortal y 14 heridos.

“La situación se ha estabilizado, especialmente en Agadez, donde nuestras fuerzas especiales han intervenido en apoyo de las fuerzas nigerinas a petición del presidente de Níger, Mahamadou Issoufou”, dijo Le Drian.

El ministro defendió además la Operación Serval, lanzada en enero para liberar al norte de Malí de la sharía (ley radical islámica) impuesta por integristas musulmanes y tuaregs afines a Al Qaeda. “El objetivo de los terroristas era que Malí se convirtiera en un santuario islamista, y eso no va a suceder”, explicó el titular de Defensa. “Ahora hace falta evitar el riesgo de que pase lo mismo ya sea en el norte de Níger o en una parte del Chad”.

Níger es uno de los países que forman parte de la fuerza panafricana desplegada en Malí tras la ofensiva francesa, y sus soldados ocuparon Gao cuando fue liberada por tropas malienses, francesas y del Chad.

El presidente francés, François Hollande, prometió el viernes que Francia seguirá aportando “toda su solidaridad” a los países africanos amenazados por el terror islamista. El Gobierno socialista confirmó además que, desde ahora hasta 2019, el ejército francés prescindirá de 24.000 efectivos para recortar el presupuesto de Defensa, que ahora asciende a más de 30.000 millones de euros anuales. Le Drian aseguró que el recorte del 10% de los efectivos no afectará a la capacidad militar de Francia.

Níger había padecido ya el azote del terrorismo, pero nunca atentados como los dos que hoy han costado la vida a 23 personas, la mayoría jóvenes militares nigerinos de un cuartel de Agadez y también un empleado de Areva en Arlit, donde la multinacional francesa explota la mina Somair, que quedó paralizada. “Está gravemente dañada”, declaró Marou Amadou, portavoz gubernamental nigerino a la emisora France-Inter. Hubo también más de 60 heridos.

La doble explosión de los dos coches-bomba en Agadez y Arlit, que fue seguida con un tiroteo en el que murieron tres asaltantes, fue reivindicada por el Movimiento para la Unidad de la Yihad en África Occidental (MUYAO), un grupo terrorista que se dio a conocer en octubre de 2011, cuando secuestro en Tinduf (suroeste de Argelia) a dos cooperantes españoles y a una italiana, ya liberados. Horas después y a través de un portavoz,  el yihadista argelino Mokhtar Belmokhtar aseguró haber supervisado el ataque, según recoge AFP.

El ataque estuvo dirigido “contra los enemigos del islam en Níger”, declaró Abu Walid Sahraoui, portavoz del MUYAO a lo que el presidente francés, François Hollande, respondió prometiendo proteger los intereses de su país y cooperar con el presidente nigerino, Issoufou Mahamadou, para “luchar contra el terrorismo”.

París apenas tiene intereses económicos en Malí, donde intervino militarmente, pero sí los posee en Níger. A través de Areva, en la que el Estado francés posee un 80%, Francia explota las dos principales minas de uranio de Níger, la de Arlit, en la que posee el 63%, y la de Akokan, con el 34%. En la de Inmouraren, en la que la producción aún no ha arrancado, ostenta el 56%.

De las minas nigerinas se extrae hoy en día el 8% de la producción mundial de uranio, pero cuando la de Imouraren funcione a pleno rendimiento Níger se colocará en el segundo puesto mundial entre los productores de ese mineral. Francia, el país más nuclearizado del mundo, “importa todo el uranio que consume y más del 30%, algunos años fue casi el 40%, proviene de Níger”, señala Jesús García-Luengos, investigador del área de Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Madrid.

Areva reforzó su dispositivo de seguridad en Níger en septiembre de 2010 tras el secuestro por Al Qaeda, en Arlit, de siete empleados de la multinacional y de una de sus filiales, cinco de ellos franceses. Cuatro meses más tarde otros dos franceses apresados por los terroristas en Niamey fueron acribillados cuando las fuerzas de elite francesas intentaron rescatarles.

Cuando, hace cuatro meses, París desencadena la operación Serval de expulsión de los terroristas del norte de Malí también envió a puñado de soldados de sus fuerzas especiales para proteger el uranio en Níger. Pese a estas precauciones los terroristas han sido capaces de asestarle un golpe en Arlit aunque casi todos los muertos son nigerinos. Las primeras indicaciones apuntan a que los yihadistas entraron en Níger desde Malí.

“Al limpiar el norte de Malí, hemos reforzado a esos mismos islamistas en el sur de Libia e incluso en Túnez, Mauritania, Níger y ello supone un riesgo hasta para Marruecos”, declaró la semana pasada, en la presentación de su libro Sahelistan, el perodista francés Samuel Laurent. Libia es ahora el nuevo feudo terrorista y de ahí salieron para apoderarse, en enero, de la planta gasística argelina de In Amenas y ahora para golpear en Artlit.

"Un terrorista suicida activó su carga cerca de la sede de la UNAMA", indicó la ISAF en su cuenta oficial de Twitter, mientras fuentes de seguridad afganas indicaron que otros cuatro asaltantes entraron en el complejo de la ONU.

"La policía afgana", prosiguió la ISAF, "ha respondido inmediatamente y ha cortado el tráfico que entraba en la zona. Es posible que dentro del cordón policial pudieran quedar dos asaltantes. Hay informes sobre víctimas, pero todavía no están claros", añadió.

El jefe de policía de Kabul, Ayub Salangi, ha informado de la muerte de al menos dos asaltantes, quienes habían ocupado previamente un edificio adyacente a la sede de la UNAMA para preparar los atentados. "Nuestras fuerzas de seguridad han matado ya a dos, pero otros dos siguen en el segundo piso y se están enfrentando contra las fuerzas de seguridad", indicó Salangi a la cadena panárabe Al Yazira.

Por otro lado, fuentes policiales han confirmado a la BBC un segundo ataque contra una casa de huéspedes en la sede de las Fuerzas Afganas de Protección Pública (APPF, por sus siglas en inglés), empleada por trabajadores de la Organización Internacional para la Migración (OIM), dos de los cuales han resultado heridos.

Poco después del ataque, el portavoz talibán Zabihulá Mujahid, reivindicó ante Reuters el atentado contra la UNAMA y contra la casa de huéspedes, que según el insurgente estaba ocupada por extranjeros pagados por la agencia de Inteligencia de EEUU, la CIA, que entrenaban a miembros de su equivalente afgano, el Directorio de Seguridad Nacional.

El presidente norteamericano levantó la moratoria para que los presos de Guantánamo puedan ser transferidos a Yemen —que, hasta ahora, estaba considerado un lugar en el que podrían volver al terrorismo—, y pidió al Congreso que ponga fin a otras restricciones legales para el cierre de la cárcel en la base norteamericana en la isla cubana. “No hay justificación, fuera de la política”, dijo, “para que el Congreso nos impida cerrar una instalación que nunca debió abrirse”

Obama anunció que ha solicitado al Departamento de Defensa que escoja una instalación militar en territorio estadounidense para el envío de los 166 presos actuales y anticipó el nombramiento de un diplomático para que negocie con otros países posibles destinos de algunos de los presos que puedan ser liberados.

Más de la mitad de los detenidos en Guantánamo han sido ya declarados en condiciones de ser puestos en libertad por los investigadores militares. El problema ha sido a dónde enviarlos. La mayoría de ellos son yemeníes y quizá podrían ahora volver a su país, caso de ser aceptados, que no es seguro. Para el resto habrá que buscar diferentes lugares de acogida, para lo que no existen muchos países voluntarios.

La médula del problema sigue siendo, sin embargo, que el Congreso no está dispuesto a autorizar el traslado de uno solo de los presos hacia territorio de EE UU. Y, sin esa autorización, Obama podría quizá sobre el papel imponer su criterio, pero al precio de una larga y difícil batalla legal y constitucional en la que no está claro quien podría ser vencedor.

Presionado por el escándalo que supone la situación actual, en la que más de un centenar de presos se encuentran en huelga de hambre y muchos de ellos tienen que ser alimentados a la fuerza, Obama volvió a la carga, con más argumentos que nunca, para convencer al Congreso y a la opinión pública del horror que representa Guantánamo.

“¿Imaginan un futuro, dentro de 10 o 20 años, en el que Estados Unidos siga teniendo a gente contra la que no se ha presentado ningún cargo retenida en un pedazo de tierra que no es parte de nuestro país? ¿Eso es lo que somos? ¿Ese es el país que queremos dejar a nuestros hijos?”, preguntó a la audiencia de un discurso que había despertado una enorme expectación, sin duda el más importante en materia de seguridad nacional desde el comienzo de su segundo mandato.

Obama justificó el cierre de Guantánamo y la reducción del uso de los drones dentro de una estrategia anti terrorista cuya esencia es poner fin a la guerra que empezó con el 11 de septiembre de 2001 e identificar cuáles son ahora las nuevas amenazas y las nuevas respuestas que se requieren.

Obama dijo que la ley sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar, que permitió las guerras de Irak y Afganistán, ha dejado de tener sentido y tiene que ser revocada. De momento, aseguró que no firmará ninguna nueva norma para extender su mandato. “No podemos seguir luchando contra el terrorismo manteniendo al país en una guerra perpetua… Esta guerra, como todas, tiene que terminar”, afirmó.

El riesgo de un nuevo ataque como el del 11-S es hoy menor. El terrorismo que ahora amenaza a EE UU, dijo, se parece más al que existía antes de aquella fatídica fecha. En este momento, “Al Qaeda en Pakistán y Afganistán está casi eliminada” y los riesgos provienen más de otras organizaciones afiliadas en otras partes del mundo, así como del terrorismo nacido dentro de las propias sociedades occidentales, como ha ocurrido en Londres y ocurrió en Boston o Madrid.

“Ese terrorismo no se puede acabar solo con la fuerza militar”, advirtió. “El mejor modo de combatir el extremismo es el de trabajar junto a las comunidades musulmanas que rechazan el terrorismo”.

Para ello es preciso, entre otras cosas, limitar el uso de los drones. Obama defendió la utilización de ese recurso hasta ahora. Dijo que era “legal y había salvado vidas”, y aseguró que el Congreso había sido informado de cada una de las operaciones realizadas. Pero admitió que su moralidad es discutible y que hay usarlo con más transparencia, control judicial y sin violar la soberanía de otras naciones.

El presidente dijo que ha encargado la elaboración de un marco preciso para el uso de los drones y, aunque defendió su utilización en situaciones extremas, prometió que no se hará si no es ante un peligro claro e inminente que no pueda ser evitado de otro modo.

Obama abordó también el problema de la investigación por las autoridades de las filtraciones a la prensa sobre asuntos de seguridad nacional. El presidente, que ha sido muy criticado en los días pasados por el registro de las llamadas telefónicas de la agencia AP, reconoció que no se puede garantizar la seguridad a costa de que los periodistas sientan que su trabajo puede verse amenazado.

Esa guerra está legalmente amparada por la ley de Autorización del Uso de la Fuerza Militar, aprobada inmediatamente después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y que da al presidente poderes prácticamente ilimitados para actuar contra cualquier amenaza a la seguridad de EE UU en cualquier punto del planeta. “Quiero implicar al Congreso y al pueblo norteamericano en la redefinición de esa ley y, en última instancia, en su revocación”, dijo Obama.

Esa es la ley que permitió la creación de la cárcel de Guantánamo y la que hasta hoy da cobertura legal al uso indiscriminado de los drones (aviones sin tripulación), las dos reminiscencias más evidentes de la guerra global contra el terrorismo, del mundo de Bush. Una de ellas, Guantánamo, es heredada; la otra, los drones, son la aportación particular de Obama, que tiene ahora que desprenderse de ambas para definir la nueva estrategia, el mundo post-Bush, que pretende dejar como legado.

No va a ser fácil. La guerra contra el terrorismo creó una estructura militar y unas prioridades de defensa que no son fáciles de cambiar de la noche a la mañana. EE UU ha actuado demasiado tiempo de una determinada manera como para dejar de hacerlo de repente. Ya existe una generación de estadounidenses que se ha hecho adulta en este mundo diseñado por Bush. La gran maquinaria militar que durante más de una década libró dos grandes guerras en Irak y Afganistán, y atacó de forma incesante objetivos en Pakistán, Yemen o Somalia, no puede convertirse de repente en un adalid de la paz.

Pero sí puede corregir el rumbo. “EE UU está ante una disyuntiva”, dijo Obama. “Tenemos que definir la naturaleza y el alcance de esta lucha o ella nos definirá a nosotros”. En palabras más crudas, EE UU tiene que acabar con la guerra contra el terrorismo o esa guerra acabará por destruir su sistema democrático. El caso de Guantánamo es el más claro. Como recordó el presidente, es espeluznante pensar que la nación que se proclama guardián de los derechos humanos mantenga retenidos dentro de 10 o 20 años más a un puñado de individuos que ni siquiera han sido acusados de algún delito.

Para corregir el rumbo es preciso, por tanto, cerrar Guantánamo, limitar el uso de los drones al mínimo verdaderamente justificado y recuperar el sistema de garantías y control que quedó maltrecho con la ley de Autorización.

No hay razones que justifiquen la prolongación de la doctrina de Bush. EE UU sufre y, con toda seguridad, seguirá sufriendo el castigo del terrorismo, como muchos otros países del mundo. Pero hoy no existe ninguna particularidad en ese terrorismo que impida que sea tratado con los instrumentos regulares de la ley, que sea afrontado, ojalá, con lo que algún día se conozca como la doctrina de Obama.

“Es hora de cambiar de eslógan, no podemos circunscribir la lucha contra las drogas a una guerra”, ha explicado Kerlikowske. El zar antidrogas del presidente Barack Obama ha respaldado la adopción de alternativas legales y judiciales que acaben con el círculo vicioso que criminaliza el uso de las drogas provocando la encarcelación de los consumidores. “Nada bueno puede salir cuando lo único que podemos hacer con un chaval al que se le pilla con marihuana es procesarlo por un cargo de posesión”, se ha lamentado Kerlikowske.

De los 2,2 millones de personas encarceladas en EE UU, poco más de la mitad está en prisión por delitos relacionados con drogas, según el Censo de 2010. “Más de la mitad de los delincuentes por crímenes no relacionados con estupefacientes dan positivo en los test antidroga y eso implica que se les impongan nuevos cargos por consumo, esto es un problema”, ha indicado Kerlikowske. El experto en la lucha antidrogas de Obama aboga por una reforma de los códigos penales que no criminalice el consumo, que establezca penas alternativas a la prisión y que fomente los tratamientos de rehabilitación.

En esta línea, el último plan antidroga de la Casa Blanca que Kerlikowske presentó hace un mes prevé el incremento de los tribunales de drogas, que atienden casos de delitos menores relacionados con estupefacientes y en los que se aplican mediadas que hacen hincapié en el tratamiento y la rehabilitación. En EE UU hay alrededor de 2.500 tribunales de drogas, pero sólo el 3% de este tipo de procesados es juzgado en ellos. El plan de Obama también prevé la excarcelación de presos no peligrosos para incorporarlos a programas de rehabilitación. De la población reclusa, el 53% sufre problemas de adicción pero menos del 15% recibe tratamiento. Kerlikowske ha destacado la importancia de la prevención y el tratamiento para la desintoxicación que, con la reforma sanitaria del presidente, está cubierto. “La igualdad en el acceso a los programas de rehabilitación son una prioridad para esta Administración”, ha subrayado Kerlikowske.

La Administración Obama defiende la descriminalización pero no está a favor de la legalización de las drogas como solución al problema. Kerlikowske ha dejado claro que no apoya las iniciativas de los Estados de Colorado y Washington que han regularizado la venta, producción y consumo, en determinadas cantidades, de la marihuana.

Al compararla con otra imagen tomada casi un mes antes, el 29 de abril, se ve que que elementos que antes aparecían en la fotografía como edificios, árboles, coches y en general todo lo que había en la zona ha sido completamente destruido tras el paso del tornado. A partir de ahora, las fuerzas de ayuda usarán este tipo de imágenes para evaluar la situación y coordinar los esfuerzos.

La constelación Pléiades, operada por Astrium Services, se compone de dos satélites idénticos trabajando juntos para proveer una capacidad de revisita diaria, que se convierte en una ayuda inestimable en casos de desastres y crisis naturales. Uno de los dos satélites pasa por encima de la zona afectada cada día, suministrando imágenes de inteligencia a los primeros equipos de rescate y planificadores en el terreno. Trabajando en fase con los Pléiades, está el satélite SPOT-6, también construido por Astrium y operado por Astrium Services. Pronto, el SPOT-6 también estará acompañado por su propio gemelo.

Con esta constelación de cuatro satélites Astrium Services será capaz de capturar en imagen cualquier área de la Tierra dos veces al día, suministrando información a equipos de rescate más rápido que nunca.

Wiyam Amasha, de 31 años, está condenado a muerte. La Mujabarat, el servicio secreto sirio, le ha incluido en una lista negra, en la que se hallan cinco activistas en el Golán, por su difusión en Internet de imágenes y vídeos que muestran atrocidades del régimen contra los rebeldes, muchos de ellos drusos, en villas sirias que se hallan al otro lado de la frontera, a unos kilómetros de distancia.

La familia Amasha se decantó temprano en la revuelta a favor de apoyar a los opositores. Hace unos meses a su padre, Mahmoud, le atropellaron en las calles de esta villa de mayoría siria, según cree la familia de forma intencional, por sus críticas a El Asad. Estuvo ingresado dos semanas. “El de mi padre fue el tercer ataque contra mi familia, el más duro, el más violento, el que hirió en la carne”, dice Amasha en su casa, rodeado de banderas sirias, a escasos metros de la plaza central de la villa, que lleva el nombre de El Asad.

En 2011 Amasha fue liberado después de pasar 12 años en prisión por planificar el secuestro de un soldado israelí. Aun a día de hoy dice pensar y soñar con la libertad, aunque en esta ocasión es la de su pueblo y la de la tierra en la que vive. Su fin último es que los 20.000 sirios del Golán vuelvan a sentirse ciudadanos de pleno derecho de su país, 46 años después de la ocupación. “Esta es nuestra cultura. Nosotros nos oponemos a la ocupación, y aspiramos a la libertad del Golán. Y esa ansia de libertad se aplica ahora a la revolución siria. Queremos libertad, democracia, pluralismo”, añade.

Hace solo un año, Amasha hubiera sido un paria en Bukata. Pero hoy, cada vez más drusos del Golán encuentran difícil defender la legitimidad del régimen. Lo mismo sucede con otras minorías sirias, como los cristianos o los ismailíes. Ha sido un cambio tardío. Durante décadas, la familia El Asad, y su secta, la alauí, protegieron a las minorías de Siria frente a los avances de los suníes, que son el 74% de la población. Las incluyeron en el Gobierno, las convirtieron en élite. Cuando comenzó la revuelta, en marzo de 2011, esas minorías temían que con los opositores llegara el extremismo religioso. Pero parece que el régimen ha cruzado para muchos de ellos una línea de no retorno.

Hoy, miembros de un grupo llamado Movimiento Democrático Nacional se reúnen periódicamente en la localidad de Majdal Shams, también en el Golán ocupado, para decidir cómo reparten las donaciones que recaudan en viajes a lugares como Jordania. Buscan hospitales, villas dañadas y campos de refugiados que necesiten ayuda. Fauzi Abu Jabal, de 60 años, participa en esas reuniones. Cree que ha habido ya demasiados excesos, sobre todo por parte del régimen, aunque también en la oposición.

“Hoy, cada día hay una pequeña Hama”, dice, en referencia a la masacre de 1982, en la que Hafez el Asad, padre del actual presidente, ordenó aplastar una revuelta islámica. Los bombardeos en la localidad de Hama se saldaron con al menos 10.000 muertos. El Gobierno ordenó, literalmente, apisonar vecindarios enteros. “Los rebeldes luchan para crear un Estado en Siria. Hoy no hay Estado, lo que hay es una dictadura. Y en el futuro de ese nuevo Estado se halla la posibilidad de un Golán libre”, añade.

Han desertado incluso aquellos que en el pasado más se jugaron por el régimen. Nasr Abu Shahin nació en Damasco en 1967, el año en que su familia se mudó al Golán y en que Israel tomó militarmente ese territorio. Fue arrestado en dos ocasiones en los años 80 y 90 del siglo pasado, y pasó ocho años preso, por amasar información sobre los soldados y colonos israelíes en el Golán, y cruzar a Siria para entregársela al Gobierno. Hoy, con aquellos días a sus espaldas, no esconde su profunda decepción con el régimen.

“Se ha convertido en el Gobierno de una banda de matones contra el pueblo”, opina. “Sé de qué es capaz este régimen, porque he vivido con él, porque he trabajado para él. Conozco su mentalidad. Pervive exprimiendo a la gente, hasta su última gota”, añade. Tilda al régimen de “dictadura, que no respeta ni a su propia ciudadanía”.

Si estas minorías le dan la espalda, a El Asad solo le va quedando el apoyo incólume de su propio grupo, los alauíes, que son el 11% de la población. En los pasados meses, varios analistas occidentales han planteado la posibilidad de que, en caso de derrumbe, el régimen y sus fieles se refugien en lo que entre 1920 y 1946 fue el estado alauí dentro del mandato francés de Oriente Próximo, en torno a la ciudad de Latakia, en el norte costero de la actual Siria. El Gobierno no se ha pronunciado al respecto, pero en Damasco bien saben hoy que ese puede ser su último refugio.

“Bachar el Asad quiere ver muertos a los suníes”, alega Samir, uno de los líderes de Bab el Tabané, “y quiere extender la guerra en Trípoli”. Los enfrentamientos comenzaron el pasado domingo, tras conocerse que el Ejército sirio, apoyado por milicianos de Hezbolá, había iniciado una feroz ofensiva para retomar la estratégica localidad de Qusayr , a solo diez kilómetros de la frontera con Líbano.

Ambos barrios permanecen prácticamente aislados, sin acceso a víveres y con difícil salida para evacuar a los heridos. Los disparos de los francotiradores hacen imposible desplazarse por entre los callejones del zoco de Bab el Tabané. Al menos dos ambulancias han sido alcanzadas por el fuego cruzado durante los primeros días del conflicto.

“Esto es la guerra”, repite Mohammed, de 25 años. A solo unos metros atruenan los morteros disparados desde ambos lados de la calle Siria, la avenida que divide los dos barrios. “Nos atacan constantemente”, confirma Samir, “ellos tienen misiles y nosotros tenemos rifles”.

Las fuerzas de seguridad han advertido que desde la noche del miércoles se está empleando artillería más sofisticada, a diferencia de otras ocasiones en las que ha estallado la violencia en el área. La tensión se ha extendido por toda la ciudad y varios proyectiles han alcanzado el más alejado barrio cristiano de Al Mina.

Ala', un joven estudiante vecino del céntrico barrio de Zaharia, fuera de la zona de enfrentamientos, asegura que conciliar el sueño le resultó imposible durante la noche anterior. “Ha sido terrible”, explica, “han disparado hasta en la plaza Noor (centro neurálgico de la ciudad), no son solo los francotiradores y algunas pistolas, están usando armamento más fuerte: B-7, B-3, hasta misiles Hound”.

El Ejército lleva desplegado en la zona desde que entrase en la calle Siria el pasado lunes. Dos soldados murieron el lunes y otros 42 han resultado heridos hasta el jueves. La tregua auspiciada el mismo miércoles por los representantes políticos en la ciudad fracasó poco después de iniciarse las conversaciones entre los líderes de ambos vecindarios. “Bab el Tabané quiere una larga lucha”, asegura por teléfono desde Yabal Mohsen Adnan, militante del partido Baath, las mismas siglas que defiende El Asad. “Ellos empezaron a luchar cuando comenzó la batalla en Qusayr”, replica, “¿cómo defienden Qusayr, disparando a Yabal Mohsen?”.

A solo unos metros de distancia, entre los puestos cerrados del zoco en Bab el Tabané, los combatientes engalanados en traje militar ratifican que la noche del jueves será aún más dura. En mitad de una crisis política generada por la imposibilidad de formar Gobierno y exacerbada por la entrada de Hezbolá en la guerra siria, el Ejército es totalmente ineficiente. “El Ejército defiende a Rifaat Eid (líder del Partido Libanés Árabe y jefe de Yabal Mohsen)”, clama Samir, exmilitar del Ejército sirio, “cuando se vayan (los soldados desplegados) podremos acabar con esto”.

“Intentaremos arreglar las cosas tanto como sea posible, al menos en las áreas más alejadas del conflicto”, ha sido el único compromiso arracando al primer ministro designado Tammam Salam. Desde el comienzo de la crisis siria, los enfrentamientos entre ambos barrios, enemigos desde la Guerra Civil (1975-1990) y separados apenas por unos metros, se han recrudecido. “Bachar el Assad quiere hacer la guerra aquí”, sentencia Samir, “Rifaat Eid es su hombre y la guerra no acabará hasta que se marche”.

En la localidad de Ersal son suníes los que se entrenan, para unirse a los rebeldes sirios. En el resto del valle de la Bekaa son los miembros de Hezbolá los que cruzan habitualmente la frontera en apoyo al régimen de Bachar el Asad, arrastrando con ellos diariamente al Líbano un paso más adentro en la guerra civil siria. Hezbolá controla militarmente tanto el sur del país en la frontera con Israel, como el este, en la frontera con Siria. Desde allí, la milicia ha organizado su apoyo a las tropas de El Asad en la reciente toma de la localidad siria de Qusair.

La región del valle de la Bekaa es por la que históricamente Irán ha abastecido en armamento a la milicia chií con el apoyo logístico de Siria y con el fin último de combatir a Israel. El reciente bombardeo israelí de dos cargamentos en las inmediaciones de Damasco con destino a Hezbolá se suma a los del Ejército rebelde para reducir la capacidad armamentística de la milicia.

De la periferia chií de Beirut, Hassan considera seguir los pasos de su hermano y “luchar en Siria contra los terroristas que están ejecutando a chiíes”. Para él, en la veintena y estudiante de farmacia, perder al régimen de El Asad supondría “debilitar la resistencia y por lo tanto la oposición a Israel”, el motivo mismo por el que nació y perdura desde 1982 la milicia chií Hezbolá.

Sobre el terreno se cifran entre 2.000 y 2.500 los combatientes que han cruzado la porosa frontera para combatir en Siria. El número de milicianos caídos, enterrados como mártires, no deja de aumentar. Subhi Al-Tufaili, antiguo secretario general de Hezbolá, cifró recientemente en 138 los hombres de su milicia muertos en Siria. A esos hay que añadir los 30 milicianos muertos desde el domingo en Qusair.

Es en la ciudad siria de Qusair donde Hezbolá, miembro de la coalición política que gobierna al Líbano, proporciona el mayor apoyo al régimen de El Asad y sufre las mayores pérdidas. “En Qusair se libra desde hace meses la gran batalla donde centenares de hombres de Hezbolá, junto con el Ejército sirio, lucha contra rebeldes, incluidos libaneses y miembros del Frente Al Nusra”, asegura Abu Abdalá, libanés a cargo de reclutar jóvenes para mantener la resistencia de Quseir.

La localidad de Ersal, excepción suní en medio de la Bekaa, que es mayoritariamente chií, proporciona campos de entrenamiento para libaneses y descanso para rebeldes sirios, que eventualmente cruzan de vuelta a Qusair para luchar. “El ejército sirio ha tenido que retirar sus efectivos de la frontera con Líbano para reforzar los combates en la periferia de Damasco. Ahora es Hezbolá quien suple y patrulla dentro de Líbano para impedir el pasaje de rebeldes y armas en la Bekaa”, asegura Mohamed Khatteb, combatiente del Ejército Libre Sirio (ELS) y encargado de abastecer a los hombres de armamento.

Los bombardeos cruzados contra cargamentos de lado a lado de la frontera sirio-libanesa se han convertido en un trámite habitual desde el inicio del conflicto. El Ejército sirio bombardea los convoyes de armas enviados por grupos suníes-libaneses para abastecer a los rebeldes sirios. Por su parte, el ELS ataca desde Siria las posiciones de Hezbolá que se repliegan al Líbano tras el combate.

En un discurso hace dos semanas, el líder de Hezbolá, Hasan Nasralá, mostró por vez primera un apoyo militar tácito al régimen sirio, al asegurar que “Siria proveerá a Hezbolá con armas capaces de cambiar el juego” y de “alimentar a la resistencia en las zonas del Golán ocupadas por Israel”. Esas declaraciones han desatado duras críticas por parte de la oposición libanesa, que exige a Hezbolá que se decante bien por los intereses del Líbano o por los de Siria. Y ello ante unos comicios previstos para junio, que corren el riesgo de ser pospuestos de nuevo.

Sobre las 10 de la mañana, los siete hombres llegaron en avión al aeropuerto de la base militar de al-Maza, en las afueras de El Cairo. Allí les esperaba una recepción en alfombra roja por parte del raïs Morsi, el ministro de Defensa, Abdelfattah Sissi, y el primer ministro, Hisham Qandil. La televisión pública egipcia difundió unas imágenes en las que se ve a Morsi saludando y dando dos besos en las mejillas a los siete miembros de las fuerzas de seguridad. Todos ellos, vestido en uniforme, presentaban un buen aspecto, si bien parecían aturdidos.

“Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas, a los servicios de inteligencia y a todas las fuerzas del orden su profesionalidad en la operación de rescate de los secuestrados”, el presidente en una rueda de prensa celebrada en la misma base militar. Morsi tuvo buenas palabras también para los habitantes del Sinaí, una zona marginada desde hace décadas por el Estado egipcio: “Este evento será el punto de partida para todos nosotros para solucionar los problemas del Sinaí y su gente, y desarrollar [la región]”.

El “raïs” islamista aprovechó la ocasión para reiterar una vez más que no son ciertas las filtraciones que han apuntado a fuertes discrepancias entre la presidencia y la cúpula de las Fuerzas Armadas en la gestión de la crisis. Según la mayoría de analistas, Morsi y su movimiento político, los Hermanos Musulmanes, han llegado a un entente con el ejército, la institución más poderosa del país árabe. Sin embargo, las relaciones entre ambos no están exentas de tensiones puntuales.

De momento, no existe una versión oficial de cómo se han desarrollado las conversaciones con los secuestradores, que pertenecerían al grupo yihadista “Tawhid Wal Jihad”. El portavoz de la presidencia, así como el propio Morsi, negaron durante la crisis que hubiera negociaciones con los “criminales”, pero sí admitieron que algunos jefes de tribus beduinas del Sinaí estaban intentando convencer a los secuestradores para que renunciaran a sus demandas. En un vídeo hecho público el domingo, los militantes pedían la liberación de los “presos políticos del Sinaí”, en referencia a sus compañeros condenados por una serie de atentados ocurridos en 2011, y que se saldaron con la muerte de varias personas.

Según fuentes militares citadas por el diario oficialista Al Ahram, los secuestradores habrían finalmente desistido en sus demandas ante la inflexibilidad de las autoridades, y el temor a una confrontación violenta con las Fuerzas Armadas. Durante los últimos días, habían llegado nuevas tropas y tanques a la península con los que el ejército estaba peinando la zona. Además, se había publicado en los medios que el los líderes ejército se inclinaba por resolver la crisis por la fuerza, una filtraciones que podrían haber sido una estrategia de guerra psicológica

“Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación para crear confusión al enviar algunas informaciones falsas a las agencias. Mobilizamos algunas tropas en una zona a 70 km de dónde la operación esta teniendo lugar”, declaró la fuente militar anónima a Al Ahram. Además, confirmó el importante rol desempeñado por los líderes tribales del Sinaí. “Los jeques se coordinaron con la inteligencia militar. Rechazaron ofrecer cobertura a los secuestradores, y les informaron que no les apoyarían ... Ellos persuadieron les persuadieron para que los liberaran”, añadió.

“La ley está por encima de todos, y quienes tienen armas deben entregarlas al Estado”, afirmó Morsi en la rueda de prensa, lo que sugiere que el ejército podría proseguir sus operaciones en el Sinaí para desarmar los grupos yihadistas que han convertido el Sinaí en su santuario tras la revolución egipcia. El pasado verano, después de una operación terrorista que provocó la muerte de 16 soldados egipcios en el Sinaí, las Fuerzas Armadas ya llevaron a cabo una amplia operación militar en la desértica y rugosa península.

Poco después de conocerse la noticia de la liberación, se reabrió el puesto fronterizo de Rafá, el único que conecta la franja de Gaza con Egipto. Como medida de presión, varios compañeros de los agentes secuestrados se declararon en huelga el viernes, y bloqueraon el paso de Rafá. “Esto es todo lo que queríamos. Hemos terminado nuestra huelga y reabierto la frontera”, declaró unos de los agentes al diario Al Ahram. El grupo de agentes secuestrado estaba formado por cuatros guardas de fronteras, dos policías y un militar.

Hollande homenajeó la historia democrática del SPD y auguró un inminente “nuevo capítulo” para la Europa unida, pero también tuvo palabras de reconocimiento para las reformas laborales del excanciller del SPD Gerhard Schröder (1998-2005), presente entre los 1.600 invitados en el célebre auditorio de la Gewandhaus de Leipzig. El progreso, dijo el socialista francés, “requiere decisiones que no son fáciles” como las que tomó Schröder contra la opinión de muchos socialdemócratas. Este “sentido de la realidad es otra de las aportaciones del SPD” a la cultura política europea. Los impopulares recortes sociales de Schröder metieron al partido en una crisis de la que aún no ha terminado de recuperarse, pero según Hollande “permitieron a Alemania adelantar” económicamente a otros países europeos.

En los últimos meses se han agriado las relaciones entre el presidente Hollande y el Gobierno de la canciller democristiana Angela Merkel, que presiona a Francia para que adopte medidas de austeridad según el patrón marcado por Schröder hace 10 años. El Ejecutivo alemán y el presidente del Banco Central (Bundesbank), Jens Weidmann, se turnan para advertir de las tormentas quese ciernen sobre la estancada economía francesa si Hollande no aplica reformas drásticas.

El presidente francés pidió a los dirigentes del SPD que estén “orgullosos de su procedencia”, porque es el partido que “inventó la cultura del compromiso”, que dijo haber aprendido. No obstante, recordó acto seguido que Alemania y Francia “son países diferentes” para los que no sirven las mismas recetas.

El germen del SPD, la Asociación General de Trabajadores Alemanes (ADAV), nació en 1863 en Leipzig, de la mano del socialista Ferdinand Lasalle. El partido celebró hoy por todo lo alto que su partido es la formación más veterana del centroizquierda de Europa continental. Asistían al acto numerosos dirigentes de la socialdemocracia alemana y europea, entre ellos varios jefes de Estado y de Gobierno. También acudieron las principales autoridades del Estado, como el presidente alemán, Joachim Gauck, los jefes de las Cámaras parlamentarias y la canciller Merkel.

Tanto Gauck, que no milita en ningún partido, como el presidente del SPD destacaron el papel “crucial” de los socialdemócratas en la historia de la democracia alemana. Gabriel recordó que se trata de la única formación alemana que “ha cometido errores, pero ninguno del que haya tenido que avergonzarse hasta el punto de cambiar de nombre” desde que quedó fijado en 1890.

Los dos políticos alemanes y el presidente Hollande destacaron cómo el SPD “eligió vincular la democracia con el socialismo”. La “idea liberal de la libertad”, explicó Gabriel, quedó “vinculada” a la aspiración socialista de equiparación social y legal de los obreros y otros colectivos, así como de las mujeres. Sigmar Gabriel hizo un largo repaso a las figuras señeras del SPD que, “hijos de modistas y obreros”, alcanzaron puestos de alta responsabilidad “gracias a la educación” universal que el SPD “propugna desde el principio”.

Los tres recordaron las palabras del dirigente socialdemócrata Otto Wels en 1933, cuando los diputados alemanes otorgaron plenos poderes a Adolf Hitler con la única resistencia de 94 diputados socialdemócratas (los 81 comunistas quedaron excluidos): “Nos pueden quitar la libertad o la vida, pero no el honor”. Para Gauck, es el discurso “más valiente nunca pronunciado en el Parlamento alemán”.

En Leipzig no hablaron ni la canciller Merkel, cuyo partido lidera las encuestas, ni su rival socialdemócrata para las elecciones de septiembre.

 La misiva con las balas llegó el miércoles. Al igual que muchas de las decenas de cartas recibidas en las últimas semanas, estaba escrita a mano, contenía amenazas de muerte dirigidas a la fiscal Boccassini y referencias explícitas al caso Ruby. De ahí que el fiscal jefe de Milán haya optado por sacar a la luz las amenazas y, de paso, subrayar su compromiso en la lucha contra el crimen: “La fiscalía de Milán y todos sus magistrados desempeñan, y seguirán desempeñando con inmutable serenidad, la tarea de investigar y defender la acusación en la fase oral, con el más riguroso respeto de las reglas y las garantías procesales, fieles al principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley”.

 Durante su alegato del pasado 13 de mayo, Boccassini se tomó seis horas para justificar su petición de pena contra Silvio Berlusconi. La fiscal consideró “fuera de toda duda” que el exjefe de Gobierno mantuvo relaciones sexuales pagadas con Karima El Marough, conocida por Ruby, cuando la joven marroquí aún no había cumplido los 18 años. Además, dejó constancia de que, durante la noche del 27 al 28 de mayo de 2010, el entonces primer ministro telefoneó desde París a la comisaría central de Milán para que pusieran en libertad a Ruby, que había sido detenida por robo, alegando que era la sobrina del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak y su detención podría originar un conflicto diplomático. Según la fiscal, la verdadera razón de la llamada era evitar que saliera a la luz “el sistema de prostitución organizado en la mansión de Arcore para la satisfacción del placer sexual” del político y magnate. La sentencia, prevista para el próximo 24 de junio, amenaza muy seriamente la carrera política de Berlusconi, quien de aquí a entonces hará todo lo posible por poner en marcha otro de sus habituales subterfugios.

Las medidas más impactantes son dos. Por un lado, el intercambio automático de información contable: fin del secreto bancario para personas, para fondos y para todo tipo de sociedades, que se aplicará en toda la UE y con países como Suiza antes de fin de año (si los calendarios, que en este caso son indicativos, se cumplen). Por otro, la puesta en marcha de la directiva para combatir la ingeniería contable de las empresas, que llegará también antes de 2014. Ambas propuestas vienen a subsanar las fisuras más evidentes por las que se escapan miles de millones de euros al fisco.

“Esta es una crisis sin precedentes y eso hace posible poner en marcha medidas que hace solo unos meses eran una quimera”, afirmó el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy. La canciller Angela Merkel fue algo más comedida y calificó de “importantes progresos” las conclusiones del Consejo, “después de muchos años sin avances”. “La impunidad se ha acabado”, dijo con la fanfarria de las grandes ocasiones el presidente francés, François Hollande, muy señalado tras el escándalo protagonizado por su exministro de Hacienda, que durante 20 años mantuvo una cuenta no declarada en un banco suizo.

Al inicio de la crisis, allá por 2008, ya hubo declaraciones con ese mismo tono grandilocuente. Todo acabó en agua de borrajas. Los líderes se juramentaron hoy en Bruselas para que esta vez sea diferente, para que la ciudadanía pueda tener, en esta ocasión, un acto de fe para con Europa. Los Veintisiete aducen que esta crisis es tan dura y ha dejado las arcas públicas tan vacías que esas medidas son imprescindibles. EE UU se ha puesto a hacer exactamente lo mismo: eso pone las cosas más fáciles. Y, por último, la opinión pública ya no aguanta más escándalos, más CD con banqueros y ministros entre los defraudadores, más informaciones acerca de que la declaración le sale a devolver a Apple en España mientras un asalariado que gana 30.000 euros al año paga un tipo medio del 18% en el IRPF.

La Gran Recesión abre una vía a nuevas formas de política: está en marcha la tasa sobre las transacciones financieras, la Unión Bancaria y ahora también ese paquete contra la evasión fiscal, tras décadas en las que los Gobiernos se especializaron en mirar hacia otro lado. “Tal vez los calendarios acaben siendo más lentos. Quizá el resultado final sea algo más modesto. Pero hay un innegable impulso político en todo el mundo del que la UE pretende sacar provecho”, explicaron fuentes comunitarias. El documento de conclusiones es lo suficientemente explícito como para que, a pesar de la interminable lista de fracasos de los últimos tiempos, los eurócra-tas aseguraran anoche que lo aprobado es una especie de plan antifraude en toda regla, con un par de novedades sobresalientes.

Bruselas presentará en junio la directiva que garantiza el intercambio automático de información para toda clase de rentas. Ese es el finiquito para el secreto bancario: las haciendas tendrán información en tiempo real de los rendimientos obtenidos en otros países a través de cualquier vehículo de inversión. Austria y Luxemburgo han bloqueado históricamente ese paso, pero se quedan sin argumentos: Bruselas tiene un mandato para extender esa medida a Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino, que tradicionalmente competían con esos dos países. Los Veintisiete aseguran que hay “consenso”: a la luz del acuerdo, Austria y Luxemburgo desvinculan (en principio) la luz verde a la directiva del ahorro de la firma de pactos con Suiza y compañía. Aun así, es posible que ese punto del acuerdo sufra retrasos y se aplique solo parcialmente, según las fuentes consultadas. Buena parte de los avances son atribuibles al efecto mimético del activismo de Washington, que ha aprobado una ley que obliga a la banca internacional a facilitar información sobre sus clientes estadounidenses o aplicar retenciones del 30%.

Además, la Comisión presentará antes de fin de año una directiva sobre planificación fiscal agresiva y deslocalización de beneficios. Tanto la OCDE como los foros internacionales (G-8 y G-20) están sobre la misma pista. Apple, Google y otras multinacionales están en el ojo del huracán por esas prácticas. Hay todavía un par de medidas adicionales: la UE aprobará en junio un mecanismo de acción rápida contra el fraude del IVA, y se compromete a revisar la directiva sobre el lavado de dinero.

La conclusión no es demasiado ambiciosa ni definitiva. Pero al menos marca un calendario de trabajo: antes de finales de año la Comisión Europea presentará una propuesta de directiva sobre sociedades matrices y filiales, que son los instrumentos de los que se valen estas grandes empresas para contribuir lo mínimo al fisco. El objetivo es evitar que las empresas desvíen sus beneficios a filiales de otros países dispuestos a mirar hacia otro lado en el momento de pagar a Hacienda.

Los 27 jefes de Estado y de Gobierno discutieron medidas para impulsar el intercabio de información bancaria y para prevenir la denominada “planificación fiscal agresiva y la deslocalización de beneficios”, es decir, las prácticas que permiten a Apple pagar el 2% —o incluso menos— de sus 74.000 millones de dólares (más de 57.000 millones de euros) de ingresos.

Traslado a Irlanda

Pero no abordaron un aspecto ligado a estas prácticas: la armonización del impuesto de sociedades. Porque si la empresa que se ha hecho de oro a base de iPods, iPhones y iPads decide trasladar su domicilio fiscal a Irlanda es porque este país grava a las empresas solo con un 12%.... y llega a acuerdos particulares para reducir aún más este tipo en casos como el de Apple. “Ese no era el asunto del día”, reconoció la canciller alemana, Angela Merkel, tras la reunión con sus homólogos europeos.

Pero además de la nueva directiva que deberá enfrentarse a los intereses de varias de las multinacionales más poderosas del mundo, los Veintisiete se han comprometido a acabar con el secreto bancario. Para ello han tenido que vencer las resistencias de los dos socios más afectados, Austria y Luxemburgo, que llevan bloqueando desde 2008 la directiva sobre fiscalidad de ahorro para no verse en desventaja frente a otros centros financieros.

“Aplicaremos a partir del 1 de enero de 2015 las mismas reglas de intercambio automático de información bancaria de los otros socios”, dijo tras la reunión el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker. Su homólogo austriaco, Werner Fayman, fue más cauto al asegurar que tratarán de acabar con el fraude fiscal, pero que no podrán hacerlo de golpe.

El líder austriaco reconoció que el consenso solo ha sido posible porque en las conclusiones de la cumbre se ha incorporado que la nueva directiva que permitirá el intercambio de información automática se hará con otros países de fuera de la UE como Suiza, Mónaco, Andorra, San Marino y Liechtenstein. El temor de Luxemburgo y de Austria es que si estos países no se unían a la lista los clientes de sus muy secretistas sistemas financieros se mudaran a otros territorios donde toda su información siguiera siendo confidencial. La novedad que traerá la nueva directiva es que afectará a todos los rendimientos obtenidos, incluidos aquellos que vengan de instrumentos que se suelen usar para pagar menos impuestos como las Sicav.

Hace tiempo que organismos como Tax Justice han criticado las prácticas de estos dos países. “Luxemburgo es uno de los países del mundo más opacos en cuanto a secreto bancario”, sostiene la organización. “El lavado de dinero se produce en el sistema financiero austriaco, así como en las instituciones no financieras y empresas. El dinero que el crimen organizado lava procede principalmente de casos importantes de fraude, contrabando, corrupción, tráfico de drogas y de personas”, aseguraba el Gobierno de Estados Unidos en un informe de 2011.

El Consejo de Guardianes no ha explicado su decisión, pero, según su portavoz, se ha tenido en cuenta “la condición física” de los candidatos, una alusión clara a Rafsanyaní. El veterano político, que fue presidente durante dos mandatos entre 1989 y 1997, tiene 78 años. Sin embargo, a muchos iraníes no les ha pasado inadvertido que varios de los 12 miembros de esa Cámara superan los 80 y Jomeini tenía 77 años cuando encabezó la revolución que derribó al sah en 1979. De ahí que algunos analistas estimen que la descalificación de uno de los hombres que estuvo al lado del fundador de la República Islámica y se convirtió en uno de los pilares de esta, va a profundizar las divisiones en su seno.

“Esta decisión solo crea una separación entre dos compañeros del imán e ignora el entusiasmo y el interés de la gente hacia el sistema y las elecciones”, ha escrito Zahra Mostafavi, una de las hijas de Jomeini, en una carta abierta al líder supremo. Mostafavi, que no es el primer miembro de la familia que se muestra crítico con la deriva que ha tomado el régimen, apunta a la rivalidad personal entre Jamenei y Rafsanyaní como causa última. “La gradual separación entre ustedes dos será el mayor golpe a la revolución”, advierte antes de recordar que su padre consideraba que ambos debían trabajar juntos.

Eshagh Jahangiri, jefe de la campaña de Rafsanyaní, ha declarado que el político no tiene ninguna objeción a la decisión del Consejo. Sin embargo, un colaborador cercano del expresidente sugirió la existencia de negociaciones en una conversación telefónica. “Deberíamos esperar dos o tres días para ver lo que pasa”, señaló sin querer concretar más. No sería la primera vez que el líder interviene en ese sentido. Ya lo hizo en 2005 cuando pidió al Consejo que revisara las candidaturas de Mostafa Moin y Mohsen Mehrali, cuya descalificación dejaba a los reformistas sin representación.

Pero eso fue antes de las protestas que suscitó la reelección de Mahmud Ahmadineyad en 2009. Dada la opacidad que caracteriza la toma de decisiones en Irán resulta impredecible saber qué resortes va a emplear el régimen para evitar agravar aquella brecha. En cualquier caso, a los observadores les ha llamado la atención la forma en que se filtró el resultado de la deliberación del Consejo, el martes, un día antes del anuncio oficial previsto.

“Estoy convencido de que ha habido muchas dudas en el seno del Consejo de Guardianes sobre qué hacer, más con Mashaei que con Rafsanyaní”, afirma Luciano Zaccara, profesor de la Universidad de Georgetown en Catar y director del observatorio electoral Opepam. El riesgo radica en que Ahmadineyad, que no puede optar a un tercer mandato y confiaba en poder colocar a Mashaei, haga realidad su amenaza de revelar las pruebas de corrupción de sus rivales que asegura tener.

El lenguaraz presidente ha defendido a su protegido y tachado su descalificación como un acto de “opresión”. Tanto él como Mashaei han hecho saber que van a recurrir al líder supremo, quien tiene la última palabra en todos los asuntos políticos. Eso sí, a pesar de los rumores, el frustrado candidato ha dejado claro que intenta “resolver la cuestión con buena voluntad”.

Si no hay novedades, la lista de los presidenciables incluye al jefe negociador nuclear, Said Yalilí; al alcalde de Teherán, Mohamed Qalibaf; al expresidente del Parlamento Gholam-Ali Haddad-Adel, al exministro de Exteriores Ali Akbar Velayati, al exjefe de los pasdarán Mohsen Rezai y a otros tres candidatos de relleno. Todos ellos figuras de probada lealtad no solo al sistema de velayat-e-faqih (jurisconsultos islámicos) que justifica la capacidad de veto del líder supremo sobre las instituciones elegidas, sino al propio Jamenei como personificación de esa figura.

Resulta difícil señalar diferencias ideológicas o de programa entre los cuatro primeros, que son los aspirantes con más peso personal y político. Sin embargo, el favorito de los llamados principalistas, término que agrupa al grupo cada vez más pequeño de conservadores que monopoliza el poder (y del que hasta su enfrentamiento con el líder también formaba parte Ahmadineyad), es sin duda Yalilí. Antes del anuncio del Consejo, Qalibaf, Velayati y Haddad-Adel, dijeron que se retirarían en su favor si era aprobado.

La inclusión de tres altos cargos de la época del reformista Mohamed Jatamí (el exjefe negociador nuclear Hasan Ruhani, el exvicepresidente Mohammad Reza Aref y el exministro Mohammad Gharazi) es un gesto apenas simbólico. Los tres son figuras poco conocidas, sin apoyo popular y que no se han significado públicamente en la defensa de la pluralidad que el régimen silenció sin contemplaciones tras las últimas presidenciales.

“Es verdad que parecen comparsas, pero no debemos desestimar la capacidad de sorpresa de un sistema que permitió la elección de Jatamí y de Ahmadineyad”, advierte sin embargo Zaccara. En su opinión, no puede descartarse que Rafsanyaní y Jatamí decidan echar su peso sobre uno de esos tres candidatos y pedir a la gente que le vote como sucediera en 2009 con el frustrado Mir Hosein Musavi.

Como el resto de los asuntos de política exterior y de seguridad nacional, el programa nuclear, que Irán niega que tenga objetivos militares como sospechan Israel, Estados Unidos y sus aliados, depende directamente de la máxima autoridad, el líder supremo Ali Jamenei. El propio Yalilí reiteró hace unos días en una entrevista con Euronews que “los resultados de las próximas elecciones no van a afectar a las actividades de enriquecimiento, que van a continuar a toda máquina”.

Precisamente el enriquecimiento es el punto de fricción. Ese proceso sirve para fabricar combustible nuclear, que Irán asegura necesitar para sus futuras centrales eléctricas atómicas (la única en funcionamiento, la de Bushehr, recibe el combustible de Rusia), pero también para producir el material fisible de las bombas nucleares.

Hasta ahora, se supone que asesorado por sus hombres de confianza, tanto entre el clero como en el cada vez más políticamente relevante Cuerpo de Guardianes de la Revolución (Pasdarán), el líder supremo, Ali Jamenei, ha rechazado limitar los trabajos de enriquecimiento a pesar de las devastadoras sanciones internacionales y las amenazas de posible ataque militar. Este empecinamiento se ha interpretado como prueba de que el dossier nuclear se ha convertido en la última tabla de salvación del régimen.

A pesar de esta situación, la experiencia demuestra que no es irrelevante quién sea el presidente que esté al frente del Gobierno. Tras descubrirse en 2002 el programa secreto en el que Irán había estado trabajando durante casi dos décadas, la voluntad de mayor apertura internacional y disposición al diálogo del reformista Mohamed Jatamí (1997-2005) permitió lograr una suspensión del enriquecimiento durante dos años.

Según defiende Hossein Mousavian en su libro The iranian nuclear crisis, fue la falta de recompensa adecuada y no el cambio de Gobierno tras la elección de Mahmud Ahmadineyad lo que motivó que se reanudara el controvertido proceso.

El secretario general de la organización, Salil Shetty, enfatizó la paradoja de que la UE recibiera el año pasado el premio Nobel de la Paz pero participe de esa oleada de políticas contra la inmigración, en la que no siempre es fácil distinguir a las víctimas de los conflictos armados y quienes buscan un futuro económico mejor. “Al no abordarse eficazmente las situaciones de conflicto, se está creando una clase de segunda categoría de carácter global. Los derechos de quienes huyen de los conflictos están desprotegidos. Hay demasiados gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos en nombre de los controles migratorios, sobrepasando con mucho las medidas legítimas de control de fronteras”, declaró Shetty.

“Estas medidas no solo afectan a las personas que huyen de los conflictos”, advirtió el secretario general de Amnistía. “Millones de migrantes se ven abocados a situaciones abusivas, como el trabajo forzoso y los abusos sexuales, debido a políticas anti-migratorias que permiten explotar a estas personas con impunidad. La retórica populista, que carga contra refugiados y migrantes echándoles la culpa de las dificultades internas de los gobiernos, alimenta gran parte de estas políticas”, añadió Salil Shetty.

“Los gobiernos se han centrado en el fortalecimiento de los controles fronterizos y en la firma de acuerdos con países de origen y de tránsito, a sabiendas de sus pobres historiales en derechos humanos. Gente que huye de conflictos armados, como el de Siria, emprenden rutas aún más peligrosas en su intento de encontrar un lugar seguro en Europa. Grecia, en particular, no ha sido capaz de garantizar a los refugiados cobijo básico y seguridad. Los demandantes de asilo se han enfrentado a severos obstáculos a la hora de pedir asilo y se arriesgan cada vez más a detenciones en condiciones inhumanas o a violencia a manos de grupos xenófobos justicieros”, denuncia el informe de Amnistía.

Los efectos de la crisis económica, y los recortes asociados a ella en España, preocupan a Amnistía Internacional. La organización temía que las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy desembocaran en una “crisis de los derechos humanos. Por desgracia ha ocurrido y nos encontramos ante retrocesos en los derechos de salud y vivienda”, aseguró en Barcelona Imma Guixé, coordinadora de la ONG en Cataluña. También criticó que se “estigmatice a defensores de los derechos humanos” en clara alusión a la PAH, “cuando sus reivindicaciones por el derecho a la vivienda son legítimas y las protestas que llevan a cabo con los escraches son pacíficas”.

Guixé se mostró muy crítica con el Real Decreto de 2012 que “limita la asistencia sanitaria gratuita a los sin papeles, porque pone en peligro sus vidas y las del conjunto de la población”. También con la reforma de la ley hipotecaria llevada a cabo recientemente por el Gobierno. “Solo aliviará a pequeños colectivos y durante únicamente dos años. Para el grueso de los afectados por los desahucios la situación seguirá igual. La reforma es demasiado restrictiva y no garantiza el derecho a una vivienda adecuada”, insistió Guixé, que también lamentó los desalojos forzosos en la Cañada Real y del asentamiento romaní en Puerta de Hierro, ambos en Madrid.

Amnistía Internacional también lamenta el uso “repetido” de la fuerza y de material antidisturbios por la policía en las manifestaciones contra los recortes y la ausencia de “voluntad” para evitar la tortura. “Aunque no sea una práctica sistemática, tampoco son casos aislados” y las denuncias suelen “terminar archivadas”. La pasividad frente a la violencia de género: “de las 48.000 denuncias sobreseídas, en 40.000 de ellas se rechaza la versión de las mujeres”, dijo Guixé. Finalmente la ausencia de datos sobre el racismo y la xenofobia en España, porque es de los “pocos países de la UE que no los recoge, esperemos que la próxima ley de transparencia lo resuelva”, completan las preocupaciones de la organización sobre el estado de los derechos humanos en España. En el lado de las alegrías, pocas pero importantes: ningún atentado de ETA, el aval del Tribunal Constitucional al matrimonio homosexual y el liderazgo de las autoridades españolas en el tratado internacional sobre el comercio de armas.