Dirigentes del PP piden que la aportación de España se limite a las bases si no hay resolución

Oficialmente, no hay decisión tomada sobre si España participará en la coalición militar que ataque Irak, haya o no aprobación de Naciones Unidas. Tampoco hay ninguna fuerza militar aún comprometida. Portavoces del Gobierno insisten en que España "trabaja incansablemente" para lograr una nueva resolución de la ONU que obligue a desarmarse a Irak. Pero cargos relevantes del PP y del Gobierno defienden en privado que si esa nueva resolución que ampare el ataque no llega a aprobarse, la aportación de España debería limitarse a permitir el uso de las bases aéreas a EE UU, como ya se está haciendo. Otros, en cambio, mantienen que llegados a este punto no tendría sentido una marcha atrás.

El Gobierno no decidirá la participación militar española en un ataque contra Irak hasta que se apruebe una nueva resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU o esta vía quede definitivamente descartada. No obstante, sectores influyentes del PP ya han empezado a advertir que, si no hay resolución, el apoyo debería limitarse a la cesión de las bases para evitar un mayor desgaste ante la opinión pública.

Pero es sin resolución de la ONU cuando más necesitará EE UU sumar el mayor número de banderas a la coalición. Para que figure la rojigualda no hace falta que tropas españolas participen sobre el terreno, donde quizá sirvan más de estorbo que de ayuda, pero sí que España realice alguna aportación militar significativa desde el punto de vista simbólico. El envío del portaaviones Príncipe de Asturias sigue siendo la opción preferida por su menor coste económico y reducido riesgo.

Un miembro del Gobierno manifestaba recientemente, en privado, que la contribución española será "como la alemana", en alusión al apoyo logístico en las bases aéreas, pero es evidente que Alemania no se ha alineado con EE UU como ha hecho España.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares, ha declarado que no habrá una "acción unilateral", ya que Washington encabezará una coalición. No ha aclarado el papel que España jugará en la misma. Tampoco lo hizo ayer en la Cadena SER, pese a las reiteradas preguntas, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy. Se encastilló en el "esfuerzo" del Gobierno para que se apruebe una segunda resolución en el Consejo de Seguridad.

Pero puede no haberla. En todo caso, frente a los dirigentes del PP y del Gobierno que sostienen que España debe limitar al mínimo su implicación militar si no hay otra resolución de la ONU, otros defienden que la 1.441 ya aporta una base legal suficiente, como manifestó el pasado lunes en Tele 5 el presidente del Gobierno, José María Aznar. Y si jurídicamente no hay diferencia entre que se apruebe o no otra resolución, tampoco debería haberla respecto a la aportación militar.

Más allá del debate jurídico, hay también razones políticas cuando sólo faltan 10 semanas para las elecciones municipales y autonómicas. En este punto, también existen dos interpretaciones. Unos creen que una participación militar sin resolución supondrá un desgaste electoral considerable y otros sostienen que el coste político ya se ha pagado. Los favorables a la segunda tesis añaden que dar un paso atrás en el momento decisivo puede significar quedarse sin los beneficios que, en términos políticos, se derivarían de una campaña militar rápida y limpia. La decisión definitiva está en manos de José María Aznar.