Negacionismo, un delito sólo en algunos países
Los ciudadanos que niegan la importancia o la mera realidad del Holocausto judío pueden afrontar distintas situaciones penales según los Estados en los que residan. La Corte Europea de los Derechos Humanos pretende homogeneizar la situación basándose en el Convenio europeo de los derechos humanos, que ratificaron 47 países. Sin embargo, no tiene poder para condenar a ningún ciudadano cuyo país no reconozca el negacionismo como delito. Dentro de Europa, negar el Holocausto sólo se considera delito en Francia, Alemania, Bélgica y Suiza.
Chantal Cutajar, profesor de Derecho en la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo (Francia), opina que los negacionistas saben aprovechar las diferencias de los códigos penales para evitar las condenas.
En Reino Unido, Dinamarca o Suecia, la libertad de expresión no tiene límites penales más que, en el caso de las publicaciones, el delito de difamación. Al contrario, Francia, Alemania y Bélgica sancionan el delito de negacionismo del genocidio judío. En España y en Suiza es delito la negación de cualquier crimen contra la humanidad. Los otros países europeos no sancionan el negacionismo como tal, pero tienen mecanismos como el delito de racismo o incitación al odio racial para condenar a los más radicales.
Francia es el país europeo donde el debate sobre la conveniencia de legislar sobre el negacionismo está más vivo. Una ley votada en 1990 prevé una multa de 45.000 euros y un año de cárcel contra "la expresión pública de tesis que contesten la existencia de crímenes contra la humanidad" -definidos por el Tribunal de Núremberg en 1946- cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
La legislación francesa fue utilizada dos veces (1991 y 1997) para condenar al líder del Frente Nacional (FN), el extremista Jean-Marie Le Pen, quien calificó las cámaras de gas que sirvieron para exterminar a los judíos de mero "detalle en la historia de la Segunda Guerra Mundial". El número dos del FN, Bruno Gollnisch, será juzgado por el mismo delito el próximo 23 de mayo, tras perder su inmunidad por el Parlamento Europeo.
