Andrés Pastrana firma una ley que concede poderes especiales al Ejército colombiano
La ley otorga a las fuerzas de seguridad poderes de policía judicial en ciertas circunstancias y limita la investigación de violaciones de Derechos Humanos
El Gobierno ha sostenido en numerosas ocasiones que las Fuerzas Armadas no tienen potencia de fuego para combatir a las fuerzas paramilitares y proteger los Derechos Humanos, por lo que es preciso reforzarlas con ayuda militar y con mayores atribuciones judiciales.
La nueva ley otorga a las fuerzas de seguridad poderes de policía judicial en ciertas circunstancias y limita las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación para iniciar investigaciones disciplinarias contra el personal de dichas fuerzas por violaciones de Derechos Humanos cometidas durante operaciones de seguridad.
El artículo 59 de la nueva ley otorga poderes de policía judicial a las fuerzas de seguridad cuando, por razones fundadas, la Fiscalía General de la Nación no esté en condiciones de ofrecer acompañamiento permanente en las operaciones militares.
Dado que es prácticamente imposible que la Fiscalía esté presente diariamente en las operaciones militares, la nueva ley podría, en efecto, obligarla a otorgar poderes de policía judicial al Ejército todos los días. Además, Amnistía teme que las razones fundadas a que se hace referencia en la ley sean poco precisas y puedan ser utilizadas por las fuerzas armadas para impedir la presencia de la Fiscalía en las operaciones militares.
Comunicar la detención
El artículo 58 de la nueva ley limita la obligación de las fuerzas armadas de comunicar la detención de sospechosos durante las operaciones militares, en vez de garantizar el traslado inmediato de los detenidos a las autoridades judiciales civiles..
El artículo 60 de la ley estipula que las investigaciones disciplinarias por presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas por personal de las fuerzas de seguridad deben realizarse en un plazo de dos meses, lo cual deja muy poco tiempo para reunir pruebas y reduce las posibilidades de que tales investigaciones sean concluyentes.
Después de un análisis de casi dos meses, desde que se aprobó la ley en el Congreso, la secretaría jurídica de la Casa de Nariño consideró que la ley no tenía vicios de "inconstitucionalidad o inconveniencia", como sugieren diferentes sectores políticos y de opinión.
La decisión final fue enviada por la jefe jurídica de la Presidencia, Patricia Murcia, al presidente Pastrana el pasado lunes por la mañana y éste decidió firmarla ese mismo día por la tarde.
Críticas
Varios congresistas demócratas estadounidenses como Patrick Leahy y William Delahunt hicieron, a principios del mes pasado, fuertes críticas contra la iniciativa e incluso pidieron al Gobierno del presidente George W. Bush que disminuyese la ayuda militar a Colombia, si Pastrana sancionaba la ley.
Los organismos defensores de Derechos Humanos también han cuestionado la ley. El director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, señaló en su momento que la ley era la "mejor receta" para legalizar los abusos a los Derechos Humanos. "En un país como Colombia, donde la impunidad es la regla, este no es el mejor camino", ha advertido Vivanco.
En Bogotá, la Comisión Colombiana de Juristas criticó la ley, porque considera que abrirá las puertas para la detención de civiles en instalaciones militares y detener personas sin orden judicial.
"Actos de tortura"
Amnistía Internacional (AI) ha expresado su temor de que con la nueva Ley de Defensa y Seguridad Nacional, "a los agentes de las fuerzas de seguridad y a sus aliados paramilitares les resultará más fácil no ser enjuiciados por cometer violaciones de Derechos Humanos", según expresa la organización en un comunicado.
Amnistía teme que "estas disposiciones puedan facilitar la comisión de actos de tortura y de otras violaciones de Derechos Humanos contra los detenidos en operaciones de contrainsurgencia"
"Estas disposiciones amenazan con aumentar la impunidad de quienes cometen violaciones de Derechos Humanos", ha declarado Amnistía Internacional, que recuerda que este tipo de atribuciones judiciales ya facilitó anteriormente numerosas violaciones de Derechos Humanos y que ya en la década de los años 80 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recomendó su eliminación.
